La Cámara de Diputados postergó la aprobación de ese texto en diciembre, cuando más de 80 organizaciones sociales, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República realizaron críticas y recomendaciones para modificar el proyecto que reforma el código que data de 1934.

Por ejemplo, el texto de la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados seguía refiriéndose a los delitos sexuales como “Delitos contra las buenas costumbres y el orden de familia”.

Parte de las críticas que las organizaciones van a ratificar ante la CIDH es que el proyecto que se iba aprobar a fin de año “banalizaba” los delitos sexuales cuando éstos no implicaban penetración al denominarlos “delitos contra el pudor” y “reducía la pena de forma que permitía la excarcelación, siendo que este tipo de conductas es de las más utilizadas contra niñas, niños y adolescentes”.

También se remarcaba que el delito de violencia doméstica quedaba “limitado a la cometida en el ‘ámbito familiar’, excluyendo las relaciones de noviazgo y otras relaciones interpersonales afectivas”; “eliminaba las agravantes en casos de mujeres, niños/as y adolescentes”, e incumplía compromisos adquiridos por el Estado uruguayo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU al no incorporar la figura de femicidio.

Otro punto crítico es el que refiere a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ya que restringe la penalización vigente a los casos en los que se prueba la obtención de lucro o ganancia por parte del intermediario, “siendo que toda forma de utilización de niños en el comercio sexual, aun sin la obtención de lucro, vulnera los derechos humanos, adoptando las posturas defensoras de los intermediarios y facilitadores de la explotación sexual”.

En el mismo sentido se expresó la INDDHH con sus recomendaciones hacia los legisladores, exhortando a que el nuevo Código Penal debe tener perspectiva de género, quitando el “lenguaje discriminatorio”, tramos que se referían a la “moral del hombre” (aunque observaciones previas ya les habían sugerido cambiarlas por un término más inclusivo como “personas”), al “pudor” y al “honor”.

La institución también remarcaba la necesidad de cumplir con tratados internacionales firmados por Uruguay en lo que refiere a violaciones de derechos humanos, incorporando el delito de genocidio, tratos crueles e inhumanos y figuras como la tortura (en un sentido amplio que incluye torturas en el ámbito de la salud). Asimismo, la INDDHH enfatizaba que el Código Penal debía incluir delitos de tráfico y trata de personas, además de penalizar la difusión de expresiones de inferioridad o superioridad racial.

De puertas abiertas

Las audiencias temáticas se realizan dos o tres veces veces al año, en coincidencia con el período de sesiones de la CIDH en Washington. Estas instancias sirven para presentar, a nivel individual o en alianza con organizaciones de la región, información rigurosa sobre un tema. Las personas afectadas por la violación de sus derechos encuentran un espacio de diálogo e intercambio formal y directo con quienes integran la comisión.

En este caso, la audiencia que abordará las críticas al texto del frenado nuevo Código Penal uruguayo tendrá lugar durante el 154º Período de Sesiones, que se extenderá del 13 al 27 de marzo.

Volver a empezar

El debate por el Código Penal estará en el primer orden del día una vez que se conforme la Comisión de Constitución y Códigos, el 3 de marzo. El diputado Gonzalo Mujica, que integró dicha comisión en la legislatura pasada, cuestionó el texto que puedan llevar las organizaciones ante la CIDH “si todavía no hay ley”. “No termino de entender esa gestión, siendo que todavía no hay texto definitivo aprobado. Pero supongo que saldrán comentarios y observaciones que pueden ser útiles”, añadió, consultado por la diaria.

Consideró que para el renovado debate que se lleve adelante en el Parlamento “hay que armar un grupo de trabajo que aborde de manera sistemática las objeciones y propuestas presentadas”. “Este grupo podría trabajar de manera paralela a la Comisión de Constitución y Códigos y elaborar el texto definitivo para presentarle a ésta”, sugirió.