El miércoles de la semana pasada, la jueza penal de Carmelo María Alexandra Facal dispuso el allanamiento de las dos redacciones del semanario El Eco, ubicadas en Carmelo y Nueva Palmira. Lo hizo a raíz de una denuncia realizada por la Cámara Antipiratería por la existencia de software ilegal. En Nueva Palmira se incautaron todos los equipos, incluyendo una laptop de uno de los periodistas, que no era objeto de la investigación. Además, fue el propio denunciante -el presidente de la cámara, Fernando Couto- quien acompañó a la policía durante el allanamiento e indicó qué equipos debían incautarse. Los trabajadores de El Eco pudieron sacar el semanario el sábado pasado gracias a la colaboración de colegas y colaboradores.

El 4 de marzo habrá una audiencia conciliatoria. Los trabajadores presentaron un recurso ante la Justicia para que les devuelvan los equipos pero no tuvieron respuesta de la jueza, por lo que es probable que el número del próximo sábado también salga por la colaboración de allegados que prestaron sus equipos.

La Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización de la Prensa del Interior y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública se pronunciaron la semana pasada y evaluaron la medida dispuesta por la jueza como una “grave violación a la libertad de expresión” y un “severo incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el país en la materia”. Citan al respecto el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”, mediante formas como “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, dijo a la diaria que incluirá el caso de El Eco en su relatoría anual, como un ejemplo de afectación de la libertad de expresión a través de una medida judicial. Lanza valoró que la medida de la jueza fue “desproporcionada”. “Si bien puede haber un legítimo derecho de las empresas a proteger la propiedad intelectual, el tema no se soluciona cerrando el diario de una pequeña localidad”, sostuvo, y comentó que le “llama la atención que el juez no tome en cuenta que puede poner en riesgo la salida de un diario y afectar la libertad de expresión”.

Lanza señaló que El Eco es un diario local que hace periodismo de investigación, que “es valioso para el derecho a la información de la gente de la zona” y que ha sido “continuamente hostigado con demandas judiciales”. En octubre de 2013, el director operativo de Tránsito de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez, presentó una denuncia contra el semanario por difamación e injurias, por la publicación de una noticia que señalaba que en esa dirección se habían detectado alrededor de 500 boletas de tránsito que habían sido “cajoneadas” por decisión de Sánchez. La jueza demoró un año y dos meses en archivar la causa. Lanza recordó que, de acuerdo a la legislación vigente en Uruguay, no se puede catalogar como difamación e injurias el caso de una información de interés público y donde no se comprueba la “real malicia” del periodista. “Sin embargo, se abrió un proceso y demoró un año en archivarse, en un uso desviado” de la normativa, consideró el relator.

En el caso de la incautación de los equipos, Lanza indicó que la jueza hubiera podido, por ejemplo, embargar los bienes, pero sin poner en riesgo la salida del medio, más teniendo en cuenta que “El Eco quiere solucionar el tema y se está en un proceso de conciliación”. Además, juzgó “bastante inusual que una empresa transnacional que tiene un patrimonio más grande que Uruguay vaya a solucionar un problema cerrando un diario local”.

“Hay un conflicto en el mundo on line entre la libertad de expresión y la propiedad intelectual. A veces hay leyes de propiedad intelectual tan extensas y abarcativas que ponen en riesgo la libertad de expresión, y la Justicia debería valorar estas cosas”, concluyó Lanza.