El valor del real caía ayer en comparación con el dólar y llegó a cruzar la barrera psicológica de tres reales por un dólar, algo que no sucedía desde 2004. La Bolsa de San Pablo caía y crecían los temores de que las calificadoras de riesgo le retiren a Brasil el grado inversor.

Eran los indicadores más visibles de la situación económica que vive Brasil, que llevó en los últimos meses a un fuerte cambio al frente del Ministerio de Hacienda: la salida de Guido Mantega, que tenía un perfil más cercano al Partido de los Trabajadores (PT), y el ingreso de Joaquim Levy, un hombre vinculado con el mercado que impulsó políticas más liberales.

Levy se comprometió a no retroceder en los avances sociales que han logrado los gobiernos del PT, pero la situación económica parece complicarlo a la hora de cumplir esa promesa. De hecho, disimuladamente, ya ha comenzado a aplicar algunas medidas restrictivas en cuanto al gasto público. El programa Tarifa Social, que ofrece un descuento en la tarifa de energía, reducirá el número de familias que abarca, de 13 millones a ocho millones. Ésta fue la última de una serie de medidas, que incluyó, por ejemplo, el recorte de presupuesto para obras de infraestructura de los distintos ministerios, y llevó a que se hable, entre otras cosas, de la posibilidad de reducir el alcance del Programa de Aceleración del Crecimiento, que fue impulsado por Rousseff cuando era ministra de Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

La situación económica brasileña mostraba malas señales el año pasado, y la explosión del caso de corrupción en Petrobras dificultó aun más la recuperación de la economía. Petrobras es considerada la empresa más importante de Brasil, y su producción representa 5% del Producto Interno Bruto del país. Desde que comenzó la Operación Lava-Jato, la empresa ha perdido valor de mercado, las acciones han caído y se han ido inversores (entre ellos George Soros). Su crisis afecta no sólo al gobierno y los inversores: entre diciembre y enero Petrobras dispuso 81.774 despidos, lo que representó 10% de los empleos perdidos en todo Brasil y afectó a ciudades enteras, como Itaboraí, una ciudad carioca de más de 200.000 habitantes, donde fueron despedidas 7.065 personas.

La más dura de las medidas que se han tomado a raíz de la situación económica es el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo de Rousseff y rechazado por centrales sindicales, empresarios y el propio PT. El ajuste fue presentado en dos etapas: en la primera se recortaban los derechos laborales de los trabajadores -por ejemplo, se reducía el acceso al seguro por enfermedad- y en la segunda, presentada el viernes, se retiraba un beneficio fiscal implementado en 2011 por Rousseff para incentivar la creación de empleo. En la práctica, la norma implica aumentar los impuestos a los sueldos y a las ganancias por exportaciones. Estas dos decisiones fueron enviadas de forma independiente al Congreso como las medidas provisionales 664 y 665 para las normas que afectan los derechos laborales y 669 para la otra. Las medidas provisionales son decretos que el Congreso puede aprobar o rechazar, pero no modificar.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, devolvió al Ejecutivo la medida provisional 669 a última hora del martes. Argumentó que las medidas que “afectan a los trabajadores, afectan los costos de la producción y aumentan los impuestos” no pueden ser aprobadas sin un debate en el Congreso, al que describió como representante de la sociedad brasileña. Calheiros agregó que le habría gustado devolver, también, las medidas provisionales 664 y 665, cosa que no pudo hacer porque fueron presentadas durante el receso parlamentario.

La última vez que el presidente del Senado había devuelto una medida provisional fue en 2008, cuando gobernaba Lula da Silva. La decisión de Calheiros fue aplaudida por la oposición (el senador y ex candidato presidencial Aécio Neves dijo que había actuado “como presidente del Congreso y de todos los brasileños”) pero criticada por la bancada del PT. “Está creando casi una crisis institucional”, le advirtió el líder de los senadores petistas, Humberto Costa.

Después de que trascendiera la decisión del presidente del Senado, el Ejecutivo de Rousseff envió al Congreso un proyecto de ley con el contenido de la medida provisional 669, pero ya estaba hecho el daño a la imagen del gobierno e introducidas las dudas sobre si realmente podrá superar la situación económica.

La decisión de Calheiros también generó un impacto político: la presidenta volvió a reunirse con los ministros de la base aliada y se comprometió a dialogar con los jefes de bancada antes de enviar proyectos al Congreso, en un nuevo intento de mejorar el vínculo con los partidos aliados, principalmente con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y con los legisladores de la base oficialista.

Detrás de la decisión de Calheiros parece estar el mal momento que atraviesa la relación entre el gobierno y el PMDB, al que pertenece.

Otro frente

El otro sacudón político que vivió ayer Brasil ocurrió cuando se supo que el procurador general, Rodrigo Janot, envió al Supremo Tribunal Federal una lista de diputados y senadores y ex integrantes del Congreso que, según las investigaciones judiciales, pueden estar involucrados con el escándalo de Petrobras. Todavía se desconoce quiénes integran la lista o incluso por qué lo hacen, pero trascendió que en ella están tanto Calheiros como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB. Ambos aseguraron que no fueron informados de que están en la lista, pero en todo caso Cunha llamó al propio Janot y le pidió que sea su abogado defensor. Es el Supremo Tribunal Federal el que debe decidir si hace pública la lista de nombres de personas involucradas, y se prevé que la decisión sea tomada esta semana.

Tanto el gobierno como el Congreso están expectantes por la publicación de la lista. Se teme que en ella figuren integrantes del Congreso que fueron convocados a integrar el Ejecutivo y presidentes de comisiones; e incluso existe la posibilidad de que, a medida que avance la investigación, si los parlamentarios son retirados de sus bancas, altere la integración del Congreso.

La lista Janot también podría empeorar la relación entre el gobierno y el PMDB. Fuentes de este partido han manifestado a distintos medios brasileños su convencimiento de que las investigaciones del procurador general están guiadas por el Ejecutivo de Rousseff, o de que, al menos, la presidenta no los está protegiendo.