El 3 de marzo, el diputado blanco Gerardo Amarilla, evangélico y oriundo de Rivera, presentó dos proyectos de ley: uno se titula “Derecho a la vida” y el otro “Violencia doméstica”. El primero interpreta los artículos 7 y 26 de la Constitución, que dicen que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad” y que no se “aplicará la pena de muerte”, respectivamente. Tomándolos como ejes, el proyecto pretende que se establezca que hay vida desde el momento de la gestación y, por ende, propone que los embriones gocen “del derecho a la protección jurídica”. Dicho de otro modo, implicaría revisar, entre otras, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), porque la mujer que aborte pasaría a ser homicida: actualmente la personalidad jurídica surge cuando hay vida fuera del útero, no antes.
Amarilla explicó que quiere establecer “claramente” uno de los “derechos fundamentales” del ser humano, que es “el derecho a vivir” y, al mismo tiempo, “generar debate y arrojar luz sobre un tema tan polémico”. El proyecto “Derecho a la vida” fue apoyado por los diputados Álvaro Dastugue, José Andrés Arocena y Pablo Abdala. Tiene sólo un artículo que dice: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce del derecho a la vida desde el momento de la concepción”. En la exposición de motivos se reconoce “de forma expresa” el “derecho a la protección jurídica que ese nuevo ser tiene de forma inherente a su naturaleza”. Según el texto, los motivos están justificados científicamente: “Los avances de la investigación científica en el campo de la biología, como la fecundación in vitro y la secuenciación del genoma humano (ADN), nos confirman lo afirmado anteriormente”, que la vida empieza en la concepción. Continúa alegando que “este nuevo ser se individualiza de tal manera que no cabe duda que estamos frente a un nuevo individuo de la especie humana, ya que constituye en sí mismo una novedad biológica, como una unidad, con continuidad y con autonomía”.
Abdala explicó que la ley obligaría “al Estado a proteger esa vida desde el momento de la concepción”, y ejemplificó: “Desde [la concepción] el padre, reconozca o no el embarazo, tiene las obligaciones legales que establece el Código Civil”. Abdala consideró que, de aprobarse, el proyecto no generará “efecto alguno” en la legislación vigente. En el mismo sendero pero con otra opinión está Amarilla, quien asegura que “si se llega a aprobar, evidentemente, va a influir”. “La ley más nueva deroga a la más vieja”, apuntó. Aunque aclaró que “si hubiera querido proponer la derogación o anulación de IVE lo hubiera hecho”, explicó que intenta “dar una actuación más profunda sobre el valor de la vida humana”. El diputado entiende que se trata de “un tema de interpretación”; “va en la interpretación judicial cuál es la ley más ajustada a la Constitución”, apuntó. También reconoció que el proyecto “se podría ver” como “contradictorio” con las leyes vigentes, y que de aprobarse, se tendrá que resolver cuál aplicar. Además, admitió que si se aprueba su proyecto, una mujer “estaría cometiendo homicidio” si se “realiza un aborto cumpliendo con las exigencias” de IVE, tal como entiende que sucede hoy.
La abogada Ana Lima, coordinadora nacional del Comité para Latinoamérica y Caribe de Defensa de Derechos de la Mujer (Cladem), piensa que el verdadero sentido del proyecto es no permitir que se cumpla la ley IVE, “que no obliga, sino que permite” que la mujer se realice un aborto en determinadas condiciones. “Viene a decir de forma indirecta que interrumpir el embarazo es aplicar la pena de muerte”, señaló. “Creo que el debate está dado”, agregó. Además, apuntó que considera “inconstitucional que establezcan algo en relación al alcance de dos artículos de la Constitución; es una confusión entre el inicio de la vida humana y la personalidad jurídica y el derecho a la protección; el Código Civil establece la viabilidad del nacido vivo”. Recordó que “una madre pueda pedir asistencia económica al padre durante el embarazo [cuestión que actualmente puede hacer] es diferente a decir que el embrión tiene derechos”. “Se están retorciendo las cosas”, sentenció.
Ultraviolento
El segundo proyecto habilita a internar, “con fines de rehabilitación”, a los agresores adictos a drogas en casos de violencia doméstica, “previo informe médico habilitante”. El texto no especifica dónde se internarían, pero el diputado aclaró a la diaria que “sería en instituciones de Salud Pública, psiquiatría, Beraca o Remar”. Las últimas dos son organizaciones no gubernamentales, de corte evangélico, que tienen como objetivo “socorrer” a “los más débiles y desprotegidos”: “drogadictos”, “delincuentes”, “desamparados”, etc.
Amarilla entiende que es “una herramienta para los jueces”. Contó que en Rivera ejerció como abogado durante 11 años y se cansó “de ver madres llorando, pidiendo una solución, y la Justicia [inhabilitada a dársela] hasta que el hijo comete un delito grave y lo meten preso, que tampoco es una solución para el problema de la adicción”. “La idea es buscar una alternativa para ayudar a la madre, que sería la internación”, añadió.