El libro Producción legislativa con equidad de género y generacional -legislatura 2010-2015, que se presentó ayer en la antesala de la Cámara de Senadores, sistematiza las leyes que se trataron en la legislatura pasada, las estudia desde una perspectiva de género y generaciones, y en base a eso hace recomendaciones al Estado junto con el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Se han hecho avances, quizá menos que en el gobierno anterior, pero aún queda mucho por hacer. Tenemos normas de avanzada, pero éstas conviven con leyes como el Código Penal o Civil, que requieren una revisión urgente desde una perspectiva de género”, explicó una de las autoras, la abogada Diana González; la otra es Alicia Deus Viana.

Las leyes y proyectos de ley en el libro están divididas por grupo temático. El que refiere a la “violencia de género y generacional” es uno de los más críticos; allí se plantea que sigue pendiente revisar las leyes desde un enfoque de género y de equidad generacional. En especial, el Código Penal y el Código Civil, “que fueron aprobados bajo un paradigma profundamente autoritario y patriarcal, en el que el sexo, la sexualidad y el ámbito privado en general no son reconocidos como componentes fundamentales de la dignidad humana”, señala el texto.

También se asegura que el sistema de seguridad social ha dado “las primeras respuestas” a un “sistema de reparación de las víctimas de violencia basada en género”. Sin embargo, observan que la cobertura en caso de muerte por violencia doméstica es menor que la prevista para los casos de muerte como consecuencia de secuestro, rapiña o copamiento, “lo que revela la persistencia de la desvalorización de la violencia intrafamiliar como un tema de seguridad humana”.

Otro de los puntos destacados es el que refiere a “sexualidad y reproducción”. Plantean que aún prevalece “la aprobación de normas vinculadas con la sexualidad como un tema relativo únicamente a la salud y no a los derechos humanos, que el Estado debe garantizar, promover y abstenerse de obstaculizar o violentar”. Encuentran que uno de los temas pendientes que tendría que ser prioritario está vinculado con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Recomiendan “la eliminación de las condiciones de acceso”; “la adecuada determinación de los alcances de la objeción de conciencia y la de ideario, cuando se trata de garantizar los derechos humanos de las personas”, y enfatizan la necesidad de armonizar “la tipificación de delito de aborto en el Código Penal y la Ley IVE”, para fortalecer “la autonomía de la mujer y su derecho a decidir respecto de su propio cuerpo”.

En cuanto a los “mecanismos para la equidad de género y generacional” se sostiene que durante el período “no se han creado ni modificado los mecanismos institucionales para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, afrodescendientes y otras poblaciones en situación de discriminación”. Considerando esto, recomiendan “jerarquizar” el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) con “presupuesto propio y capacidad de celebrar acuerdos con suficiente autonomía”. En esa línea, también, se sugiere que “los cometidos, potestades y facultades del Instituto Nacional de la Juventud [Inju] deberían precisarse mediante una norma de rango legal”. A su vez, reconocen que en la Ley de Presupuesto Nacional “se realizó un esfuerzo interesante para transversalizar el género” en los recursos, pero aclaran que “todavía [está] lejos de una verdadera política”.

Otra de las subdivisiones es la de “igualdad y no discriminación” de género; reclaman que ese principio “sea consagrado y definido en forma explícita en la Constitución”. Agregan que “sin perjuicio de ello, las normas que reconocen derechos humanos pueden ser consideradas de rango constitucional”. También hace énfasis en que “continúan invisibilizadas las inequidades que afectan específicamente a las mujeres rurales”, y apuntan que “en general se legisla con una perspectiva urbana, no adecuada a las necesidades del medio rural”. Incitan al Estado a que “adopte medidas urgentes para derogar todas las disposiciones discriminatorias de su legislación, como las restricciones para contraer un nuevo matrimonio y la legislación de moralidad pública, que tiene un efecto discriminatorio para la mujer”.

Además, pide que se vele por el cumplimiento de la normativa relativa a las personas con discapacidad, y, entre otras, que se “vigile efectivamente la discriminación contra las estudiantes que son expulsadas por estar embarazadas y [se] sancione a los responsables dentro del sistema de educación”.

Sobre la “participación política”, establecen que a pesar de contar con la ley de cuotas, la participación femenina “no se encuentra plenamente garantizada en Uruguay”. Sostienen que “para lograr la equidad en la participación política de las mujeres”, se generen, también, políticas afirmativas, y que “en los legislativos departamentales debería ampliarse la cuota de participación femenina a los cargos políticos no electivos”.