En la ronda de negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), realizada la semana pasada en Ginebra, Uruguay no presentó su lista de excepciones ni ofertas de acceso a mercados, confirmó a la diaria una fuente de la cancillería. El TISA se negocia mediante un formato por el que cada país debe explicitar los servicios que no desea incluir en la negociación, y todo lo no explicitado es pasible de liberalización. Según informa la página en internet de la Comisión Europea, Uruguay, junto con Paraguay y Pakistán, son los únicos tres países -de las 24 partes que integran el acuerdo- que aún no han presentado sus ofertas, aunque todavía está a tiempo de hacerlo. El canciller Rodolfo Nin Novoa aclaró en más de una oportunidad que Uruguay pretende incluir como excepción a los monopolios estatales.

En la última ronda de negociaciones, la 12ª, se discutió sobre servicios financieros, telecomunicaciones, políticas internas, transporte marítimo y movimiento de personas. La ronda fue presidida por la Unión Europea, y en la página de la Comisión Europea se explicita que el objetivo de ese bloque es “elevar el nivel de ambición de todos los participantes, actuales y futuros, para que el nivel de compromiso que adopten respecto al acceso a mercados y el trato nacional sea similar para todos”. La Unión Europea también pretende “terminar con los límites a la propiedad extranjera en sectores como las telecomunicaciones”. Al mismo tiempo, el bloque señala que no pretende comprometerse en sectores como el de los servicios públicos de salud.

Las negociaciones del TISA se desarrollan en secreto; esto significa que las propuestas de liberalización de los países y los borradores de acuerdo no son públicos. Lo poco que se conoce es por medio de filtraciones. La más grande se produjo en abril de 2014, cuando Wikileaks publicó un documento sobre servicios financieros que resumía las propuestas de las partes en la materia, con acuerdos y desacuerdos. En ese mismo documento se señala que el texto sólo podrá desclasificarse “cinco años después de la entrada en vigencia del acuerdo” o, en caso de que el acuerdo no se concrete, cinco años después del cierre de las negociaciones. “Este documento debe ser guardado en un lugar cerrado y seguro”, es la recomendación que figura en el texto filtrado.

Allí se explicita que las políticas monetarias y cambiarias de los bancos centrales de los países miembro quedan dentro del alcance del acuerdo, y que éste incluye a los servicios bancarios y financieros y al mercado de los seguros. “Las partes deben detallar los ámbitos en los que existen monopolios y deben comprometerse a eliminarlos o a reducir su alcance”, proponen la UE y Estados Unidos. También sugieren que, ante la aparición de un nuevo servicio financiero, los países parte se comprometen a no adoptar “ninguna ley ni a modificar las existentes” para impedir que ese servicio se establezca. Agregan que la autorización para que el nuevo servicio se instale sólo podrá denegarse por “razones justificadas”.

Un punto en el que existe acuerdo entre todas las partes es en el compromiso de no adoptar “medidas que limiten la expansión de las actividades de los proveedores de servicios financieros” extranjeros en su territorio. Además, la Unión Europea propone que todos los países parte deban comunicar por adelantado a “todas las personas (físicas o jurídicas) interesadas” cualquier medida de aplicación general que se propongan adoptar en materia de regulación de los servicios financieros, para dar una oportunidad a dichas personas de opinar sobre la medida. Deberán especificar por escrito el propósito de la regulación y estarán obligados a dar una respuesta a los comentarios que realicen las partes interesadas sobre la regulación.

Un paciente, un consumidor

En el marco de las negociaciones de setiembre del año pasado, Turquía presentó una propuesta para fomentar el comercio de los servicios de salud entre los países que integren el TISA. El documento tomó estado público el 4 de febrero de este año, cuando el sitio de medios españoles filtrala.org, de la red Associated Whistleblowing Press, lo difundió. Según aclararon luego voceros de la Comisión Europea, las medidas que se incluyeron en la propuesta de Turquía no han recogido “apoyo de las partes en la negociación”, y enfatizaron que la Unión Europea “nunca ha negociado sobre servicios públicos en el ámbito sanitario, ni sobre la portabilidad de los seguros médicos en cualquiera de sus acuerdos de libre comercio, y no tiene intención de cambiar esto en el futuro”, publicó eldiario.es.

El documento presentado señala que “hasta el momento el sector de los servicios de salud solamente ha desempeñado un papel muy secundario en el comercio internacional de servicios”, y que esto se debe “a que los servicios de atención a la salud son financiados y proporcionados por el Estado o por organizaciones de bienestar social y no tienen prácticamente ningún interés para los competidores extranjeros debido a la ausencia de un objetivo de orientación hacia el mercado para la actividad”. De ahí concluye: “Existe un enorme potencial sin explotar para la globalización de los servicios de asistencia médica”.

La propuesta consiste en facilitar la movilidad de los pacientes (a quienes por momentos nombra como consumidores). Para eso, los profesionales de la salud permitirían, con previa autorización, que sus pacientes fueran tratados en otros países integrantes del TISA, con motivos que pueden ir desde “el largo tiempo de espera en el país de origen, los conocimientos insuficientes sobre un problema médico específico”, hasta “la preferencia personal del paciente”. Luego de recibir tratamiento en el extranjero, los pacientes tendrían derecho a ser reembolsados por el costo de ese tratamiento en su país de origen. El documento concluye: “Reconocemos que la salud no es una mercancía o servicio típico, sino un bien público. Los objetivos comerciales en el sector de la salud deberían ser compatibles con otros objetivos sociales legítimos tales como el acceso universal”.