Un lugar privilegiado. Así define Ana Agostino su espacio laboral. Desde junio de 2014 está al frente de la Defensoría del Vecino de Montevideo. Ayer presentó el 8º informe anual de esta institución, que sólo en este último mes recibió 160 consultas, triplicando el total de las recibidas durante el primer semestre de 2014. Gran parte de los reclamos, denuncias y propuestas vecinales refieren a “ruidos fuertes”, casos de discriminación contra migrantes en pensiones, abordaje de casos con síndrome de Diógenes y planificación para visibilizar los inmuebles abandonados en los municipios B, C y Ch.
El documento también sintetiza las acciones que el organismo llevó adelante hasta principios de 2015, cuyas líneas estratégicas buscaron fortalecer el equipo de la Defensoría, su trabajo interinstitucional, la promoción y educación en derechos humanos, el carácter articulador de la Defensoría y la capacitación brindada desde 2013 en “mediación comunitaria” para lograr, a fines de la actual gestión, que se consolide una “red de mediadores y mediadoras” en todo el departamento para ofrecer y derivar hacia allí a la ciudadanía, enfatizó Agostino en diálogo con la diaria, ya que casi un cuarto de los asuntos que llegan a la Defensoría son problemas de convivencia entre vecinos. Hasta el momento, unos 150 inspectores de Inspección General de la Intendencia de Montevideo (IM), de los municipios y de los centros comunales zonales (CCZ) fueron capacitados para esto.
La Defensoría “es un punto de partida desde el cual se identifican problemas de la ciudad. Muchas veces los casos que llegan son de difícil resolución, casos que la intendencia no puede resolver por sí misma porque no se trata de un trámite”, expresó. Las consultas, reclamos o propuestas están relacionados con problemas comunitarios. “Cuando una persona se presenta con una situación problemática, la que en primera instancia puede parecer acotada a su vivencia personal, la respuesta implica, en primer lugar, profundizar el conocimiento sobre ella, considerar la multiplicidad de variables que pueden estar impactando, la definición del problema en términos que pueda ser abordado por la política pública y la búsqueda de posibles soluciones en una perspectiva interinstitucional, con el fin de aportar hacia una solución equitativa y sustentable”, indicó la defensora durante la presentación del informe, que tuvo lugar en la sala Delmira Agustini del teatro Solís.
Además, subrayó que la visión de la Defensoría es ser un “espacio de hospitalidad, de recepción de una diversidad de voces y miradas”, porque los asuntos que recibe “tienden a trascender problemáticas individuales y a estar referidos a los desafíos que se presentan en el espacio compartido, los retos de la convivencia, la construcción colectiva de ciudad”.
Las denuncias por “ruido social” o “contaminación sonora” por “la permanencia de gran cantidad de personas en las veredas circundantes a los distintos locales [durante la noche], en muchos casos por tiempos prolongados”, ha sido uno de los principales temas abordados por la Defensoría, en especial durante el segundo semestre de 2014, junto al Servicio Central de Inspección General, Contralor de la Edificación y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IM, autoridades del Municipio B, Ministerio del Interior (Policía Comunitaria y Seccional 5ª de Policía), autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Junta Departamental.
De estas reuniones se desprendieron una serie de propuestas que Agostino espera que se concreten “a la brevedad”, empezando en el Municipio B como espacio “piloto”. Éstas suponen: modificación de horarios, tanto de funcionamiento de locales como de venta de alcohol con distinción entre permisos dentro y fuera del local -lo que entraría en relación con el proyecto de ley que prevé una restricción en el horario de venta de alcohol en locales no habilitados y prohibición de venta entre las 22.00 y las 8.00-; revisión de los bajos costos de las multas que inhibe la capacidad punitiva real; incorporación del ruido social como parte de las condiciones de habilitación y viabilidad de uso; revisión, armonización y actualización de la normativa departamental; evaluar la posibilidad de identificar zonas preferenciales para la habilitación de actividades nocturnas con horarios más prolongados; evaluar y resolver posibles Zonas Acústicamente Saturadas por acumulación de denuncias y reclamos; control efectivo de la venta de alcohol por parte de almacenes, quioscos y otro tipo de locales comerciales a partir de la medianoche; investigación académica sobre el fenómeno a los efectos de identificar causales, sus diversas manifestaciones y posibles alternativas en una perspectiva de convivencia; y la instalación de un Grupo de Trabajo para plantear la realidad de la convivencia, problematizar y recoger propuestas.
En este sentido, la Defensoría se integró a fines de 2014 al grupo de trabajo en el ámbito de la Junta Departamental sobre Nocturnidad, Recreación y Juventud, para promover una estrategia departamental con espacios y hábitos recreativos saludables, seguros y eficientes para todas las personas, especialmente para los jóvenes.
Respecto a su carácter articulador, la Defensoría trabajó en casos de síndrome de Diógenes y trastornos de acumulación compulsiva de residuos orgánicos e inorgánicos. A futuro, se quiere profundizar el trabajo con la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal y realizar un seguimiento a largo plazo de las y los pacientes, a quienes se aborda en el operativo concreto. También exhorta a dar una “respuesta pública” a las situaciones de animales sin dueño o cuyos dueños no ejercen una tenencia responsable.
Algo personal
Para responder a la fuerte demanda que recibe la Defensoría, Agostino espera que en el próximo presupuesto la Junta Departamental apruebe la consolidación de un equipo permanente, más allá de quién esté en la dirección, para que cuente con personal propio, con conocimientos técnicos, específicos y perspectiva de derechos. “No puede ocurrir que haya áreas enteras, como Admisión, que sólo estén integradas por pasantes”, dijo. En este momento trabajan diez personas, de las cuales la mitad son pasantes. Quienes se desempeñan lo hacen en calidad de pase en comisión, pasantías o pagos por servicios, “lo que impide la acumulación de conocimientos y la posibilidad de pensar estrategias a largo plazo”.