Es ahora

“Estoy casado con una mujer a la que le robaron un niño de 20 días. Hasta 2002, cuando lo encontró, la ayudé en la búsqueda. Pude averiguar lo que fue el papel del Estado en esa historia, que accionaba como una organización criminal y por eso no dejaba rastros ni documentos de su actuación. Una investigación sobre los hechos de aquellos años hurga en el dolor de las personas, no sólo en documentos”. Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, declaró el 12 de junio frente a la Tercera Corte de Assise de Roma, en el juicio por el Plan Cóndor, y respondió con su historia personal, que involucra también la de su mujer, Sara Méndez, y su hijo recuperado, Simón Riquelo, y la de estos años de investigación y trabajo por los derechos humanos.

Después de la audiencia, la diaria conversó con Olivera, que compartió sus impresiones y preocupaciones: “Los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado son un reflejo de lo que conocían, no había nada que no fuera verdad. Sería fundamental que la Corte y los abogados entiendan eso. De esa manera cambiaría la perspectiva y la lógica general del juicio. No se puede juzgar hechos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado como se juzgaría un robo o un accidente de tránsito”. Añadió: “Gran parte de la información que manejamos, y a la cual llegó el sistema judicial, tiene origen en el trabajo personal y colectivo de aquellos que, víctimas y sobrevivientes, se volvieron protagonistas de investigaciones. Desde aquel entonces hay avances muy importantes por parte de la Justicia que no contradicen las hipótesis de aquellos buscadores de verdad. Es un trabajo que debería ser hecho tratando de juntar las perspectivas y no queriendo imponer la sola verdad procesal, que resultaría muy sesgada”.

La preocupación de Olivera es que falte la voluntad y capacidad de trabajar conjuntamente: “Los abogados que tenemos a disposición pueden ser muy buenos, pero me parece que falta un poco de coordinación entre ellos. Es cierto que cada uno representa a víctimas distintas, pero nos encontramos ante un solo proceso que comprende la acción criminal de un solo actor: el Estado dictatorial. Me doy cuenta de que eso pasa también porque el tiempo de relacionamiento entre esos abogados y los testigos es muy limitado. Debido a motivos burocráticos, los que vamos a declarar llegamos a Italia la noche antes de atestiguar. No hay tiempo para organizar encuentros de coordinación. Eso pone en riesgo la eficacia del testimonio. Y pone en riesgo el juicio”, en el que una condena “sería un logro muy grande para el movimiento de derechos humanos, no sólo uruguayo sino de la región”. Por eso, Olivera reclama un esfuerzo del Estado uruguayo y del italiano, para lograr que el trabajo de más de 15 años tenga éxito: “Entendemos que por el cambio de gobierno en Uruguay haya algunas dificultades de coordinación, pero suponemos que ese cambio no alteró las definiciones de la fuerza política que siguió detentando el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta las señales que llegaron a partir de la instalación del Grupo por Verdad y Justicia. Se tiene que acelerar los tiempos de actuación para no perder esa oportunidad. Los próximos testimonios están previstos para el 2 de julio”.

Olivera pide que se faciliten reuniones entre testigos y abogados, para que los declarantes no lleguen a Italia sin una idea precisa de lo que se les pide que aporten en los testimonios; para eso se necesita que lleguen a Italia con anticipación, y encontrarse con los abogados. Otro tema que suscita inquietud es la traducción: “Es necesario que el traductor tenga un conocimiento del contexto histórico del que se habla. Entendemos que es un tema que se debe resolver con la Corte, pero nos preguntamos si puede haber una presión y una coparticipación de representantes del Estado uruguayo. Si, como percibimos en los últimos contactos que tuvimos con representantes del Estado, hay una voluntad de respaldar ese proceso, éste es el momento de actuar”, asegura.