La bancada del Frente Amplio (FA) de la Junta Departamental de Cerro Largo decidió elevar a la Justicia Penal y a la Junta de Ética Pública los antecedentes de un informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que ratifica la observación realizada por el contador delegado, en diciembre de 2014, de un gasto por 148.656 dólares de la Intendencia de Cerro Largo que no coincide con la documentación que lo respalda. El asunto fue tratado en la Junta e involucra al reelecto intendente, el nacionalista Sergio Botana, quien ordenó el pago de esa cifra a la firma rematadora Escritorio Pagés Mañay Negocios Rurales, por la adquisición de dos retroexcavadoras Case 580 N en la Rural de Dolores, en marzo de 2012.
El edil del FA Ademar Silvera (Partido Socialista) indicó que el asunto se trató recién ahora debido al ingreso del informe del TCR a la Junta y la tardanza se explica en que “Botana hizo las compras y no descargó la salida de dinero hasta tres años después, y cuando lo hace es que envía al contador delegado para que intervenga el gasto”. Según Silvera, la primera irregularidad es que no se cumplió con el artículo 211 de la Constitución que establece la intervención del TCR antes de la realización del gasto. Pero lo más complicado es que aparecen dos facturas distintas registrando la adquisición de dos retroexcavadoras y ambas por montos diferentes. La de Pagés Mañay es por 143.456 dólares, un monto menor de lo que ordenó pagar Botana, mientras que existe otra boleta, emitida por Agañak SA por un monto de 75.640 dólares, 50% menos que la otra. Además, según Silvera, “basta con buscar precios de este tipo de maquinaria para comprobar que ninguna unidad supera los 50.000 dólares”. Agañak era la empresa propietaria de las retroexcavadoras que fueron a remate y la boleta emitida a la intendencia registra los datos de las máquinas, que coinciden con una unidad que hoy posee la comuna arachana. La factura de Pagés Mañay no tiene datos de las retroexcavadoras. Para Silvera, “o se compraron cuatro máquinas o hay una boleta duplicada”. El actual intendente Pedro Saravia, que colaboró con la investigación, intimó a esta empresa a presentar documentación de la compra de las máquinas, pero no tuvo suerte. Silvera recordó que en 2012 el TCR observó a la intendencia por la compra de 35 máquinas.