Si se concreta el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal del Poder Ejecutivo, y si las futuras rendiciones de cuentas no alteran el nulo aumento presupuestal que recibirá el Poder Judicial (PJ), la Justicia tendrá el presupuesto más precario de los últimos 20 años. El gasto del PJ implica hoy 1,17% del presupuesto nacional del Estado y, según dijeron los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que visitaron ayer la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, esa cifra sería de 0,8% en 2020. El registro más bajo había sido en 2003, cuando el PJ había alcanzado 1,11% del presupuesto.

Ayer la corporación presentó su propio presupuesto en la comisión: 66 artículos que implican un aumento para 2016 de cerca de 180 millones de dólares, que contempla todas las peticiones de los ministros de la SCJ y contrasta con el proyecto del gobierno, en el que el inciso ni siquiera aparece. Tras el encuentro, el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, dijo que es prioridad la construcción de dos nuevos módulos en el proyectado Centro de Justicia de Maldonado. La corporación también pide la construcción de nuevos centros de mediación en el interior del país y la creación de un departamento de Derechos Humanos, Género y Violencia Doméstica, algo que, según el ministro Ricardo Pérez Manrique, fue parte de un pedido del Ejecutivo.

Otro de los reclamos de la SCJ es que, de aprobarse este proyecto de Presupuesto, el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal debilitaría a la Justicia en relación con su contraparte, la Fiscalía General de la Nación. “Las aspiraciones de la Fiscalía sí fueron contempladas para cumplir con este código, pero respecto del PJ, que tiene la defensa pública, la de 90% de la materia penal, no se ha previsto absolutamente nada”.

“Parece revancha, peligrosa revancha”, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala, sugiriendo que el nulo presupuesto para el PJ está relacionado con el conflicto que mantienen los magistrados y funcionarios judiciales con el Poder Ejecutivo. El reclamo de éstos implica un aumento de 26% en base a un ajuste de los sueldos de los ministros con el de los senadores incluido en la ley de Presupuesto anterior. El gobierno les dio un aumento de 8% mediante la Ley 19.310, pero esta norma fue impugnada.

El diputado oficialista Alfredo Asti confirmó que la relación entre una cosa y la otra “es fácil de deducir”: “El Poder Ejecutivo y Legislativo han sido avasallados por las resoluciones del PJ, que no han tenido en cuenta las competencias constitucionales de éstos en la asignación de salarios públicos. Hasta que no esté resuelto este conflicto, no se puede prever ninguna solución”.

En tanto, el camino de salida que configuró el gobierno ante un eventual fallo adverso en las causas judiciales, el artículo 677 del proyecto de Presupuesto (que establece que las sentencias que obliguen al Estado al pago de montos por reclamos salariales se efectivizarán tras dos instancias presupuestales), tampoco exime a la Justicia de pagar “condenas no salariales”, como las de ex presos que reclaman una compensación por “daño civil” una vez que la Justicia determinó su absolución. La SCJ pidió un fondo de 20 millones de pesos para enfrentar estas demandas y, a su vez, presentó recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 9º de la Ley 19.310, que implica que debe hacerse cargo con su presupuesto de esos fallos judiciales.