El proyecto de ley que modifica la normativa de riego sigue su curso en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores. Luego de varias reuniones de intercambio entre el Poder Ejecutivo y la bancada del Frente Amplio, se acordaron cambios que responden a algunas de las preocupaciones de los legisladores.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, explicó a la diaria que una de las modificaciones consiste en incorporar la participación obligatoria de productores en las Sociedades Agrarias de Riego (SAR). Con el articulado anterior, cabía la posibilidad de que una sociedad de riego fuera controlada totalmente por inversores que no pertenecen al sector productivo; la modificación establece que al menos 10% de la inversión deberá correr por cuenta del productor. De todos modos, Aguerre señaló que el objetivo es “propender a una inversión que no necesariamente tiene que ser realizada por los productores”. “De la misma manera que los productores contratan un servicio de flete, de secado o de almacenaje, perfectamente pueden contratar un servicio de riego. Sería deseable que fueran los propios productores los que generen esas inversiones, pero la magnitud de alguna de ellas puede hacer necesario que aparezcan operadores en riego, de la misma manera que invierten en plantas de silos o en empresas de transporte”, graficó el ministro.

Precisamente, este es uno de los puntos cuestionados tanto por la organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra como por el Laboratorio de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que entienden que el ingreso de operadores externos a la producción para invertir y vender el agua para riego “mercantiliza” el recurso. Redes incluso anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la norma, porque entiende que va contra el artículo 47 de la Constitución.

Aguerre reiteró que el cambio a la Ley de Riego vigente tiene como objetivo “propender a un uso más eficiente del recurso hídrico, para tratar de mejorar la productividad y competitividad de los sistemas agrícolas”. De aprobarse el proyecto de ley, se generarán “inversiones más localizadas y más eficientes” y se favorecerá a aquellos productores “que no tienen la escala ni la topografía para hacer su propio embalse”, afirmó el ministro.

Aguerre sostuvo que Uruguay “tiene un marco normativo vinculado a lo hidráulico muy preciso” y que “el agua es pública por definición”, pero puntualizó que sólo “el suministro de agua potable y el saneamiento no pueden ser realizados por privados”. “[La Constitución] no dice nada del aprovechamiento productivo del agua. El agua seguirá siendo del Estado; lo que el Estado hará será otorgar concesiones condicionadas al cumplimiento de una normativa que debe prevenir todo lo relacionado al derecho de acceso al agua y el medioambiente”, consideró.

Un punto que cuestiona Redes y que también menciona el Laboratorio de Desarrollo Sustentable es que el Estado no tiene las capacidades necesarias para determinar cuándo la utilización de un caudal de agua está afectando el acceso al agua potable o al medioambiente.

Consultado al respecto, Aguerre manifestó que el hecho de que “en determinado momento no se tenga la capacidad institucional, no quiere decir que no se pueda tener, porque la ley prevé algunos mecanismos que propenden hacia ello”. Recordó que el Estado uruguayo “generó un modelo de regulación del uso del suelo que es reconocido a nivel mundial”. “Siempre tenemos cosas para mejorar; ahora estamos trabajando en el control y la fiscalización de los agroquímicos, que generan tanta preocupación”, comentó.