Ayer, en el marco del Seminario Internacional “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”, organizado por la Organización Panamericana de la Salud y la Junta Nacional de Drogas, se habló de las “implicancias sociales” del encarcelamiento de mujeres por estos delitos, y de la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
El Poder Judicial estuvo representado por la jueza de 2º Turno de Crimen Organizado, María Helena Mainard, quien advirtió que no se están “atacando las causas por las cuales las mujeres incurren en ese tipo de delitos”. La jueza señaló que la ley impone penas mínimas altas (lo mínimo son 20 meses), que acota la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión (sólo se pueden estipular para quienes no tengan antecedentes penales) y que, a pesar de que “existen muchas formas” en que la persona puede cumplirlas, ni esas medidas ni el encarcelamiento solucionan el problema de fondo: no hay programas que aborden de forma integral la “situación compleja” en la que se encuentra la mujer. Mainard también dijo que por su experiencia ha podido constatar que desde la década de 1990 ha habido un “incremento importantísimo” en la participación de mujeres en organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico (superior al aumento del número de hombres). Sin embargo, indicó que ocupan “roles menores”, aunque de alto riesgo, “fácilmente reemplazables”: son consumidoras, vendedoras o transportistas. Además, aseguró que una vez que “se la somete al proceso [judicial], hay una especie de olvido de esa mujer [...] la mayoría cumple la privación de libertad en soledad, sin sustento económico ni afectivo”.
El fiscal Ariel Cancela coincidió con Mainard y dijo que “no hay respuesta para esas situaciones”. También fue crítico con el sistema de Justicia: dijo que hasta ahora “se sanciona la conducta, y todo lo demás es excepcional”, aludiendo a la aplicación de medidas alternativas a la prisión, justicia restaurativa, etcétera. Considera que esto cambiará con el nuevo Código de Proceso Penal, que entrará en vigencia en febrero. Será posible “dar soluciones inmediatas desde una perspectiva de género, derechos humanos y justicia restaurativa”, aseguró.
La directora de la Comisión de Género del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Paula Lacaño, informó que la mayoría de las personas presas tienen entre 26 y 30 años, pero que si se observa a las personas que están presas por delitos vinculados a las drogas, 31% tiene entre 31 y 40 años, y 20,5% entre 41 y 50 años, algo que explicó por “las dificultades de acceder al mercado de trabajo”.
Respecto de la privación de libertad de las mujeres, dijo que se evidencian las “desigualdades sociales”, que afectan desde el “acceso a la información” hasta la “capacitación laboral”. Mencionó, por ejemplo, que hay mujeres que no conocen la causa por la que están encarceladas, y que las mujeres embarazadas de siete meses o más pueden solicitar prisión domiciliaria, pero se desconoce ese derecho. Ahora es obligación brindarles esa información. Respecto de la capacitación laboral, reconoció que el sistema construye la masculinidad y feminidad en términos sexistas (a la mujer se le ofrece trabajar cosiendo o limpiando, y al hombre, trabajos que implican el uso de fuerza) y que se está intentando “combatir ese paradigma”, sobre todo en el interior del país, porque las personas “salen sin herramientas”.
Otras cuatro cosas “preocupan mucho” al INR: la primera es el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva -principalmente, en lo que refiere al desarrollo del embarazo y la maternidad, situación en la que Lacaño asegura que hay “mayor vulnerabilidad”-; otra es el uso de psicofármacos no prescritos, que es “mucho mayor que en varones”; la tercera es la situación de las migrantes, sobre quienes, advirtió, se ejerce “mucha violencia […] principalmente en cómo entran al delito de drogas”, la mayoría por “amenazas de un familiar o pareja”. La última preocupación mencionada por Lacaño no es menos importante: las mujeres trans e intersex, que hasta hace poco eran recluidas junto a las personas presas por delitos sexuales, y recién ahora están siendo separadas. Lacaño admitió que “falta un montón” para que primen las políticas con perspectiva de derechos humanos y género, pero que ya se empezó a caminar con ese rumbo.
Niñas y mujeres adolescentes
El director de Salud del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, José Luis Priore, informó que actualmente hay “entre 500 y 600” chiquilines presos; de ellos, 23 son mujeres. De ellas, dos están presas por delitos relacionados a las drogas, y una está embarazada. Priore aseguró que es necesario “pensar en una perspectiva epidemiológica distinta de la de la población en general”, y para ello pidió incluir en la educación currículas específicas sobre salud y droga en contexto de encierro. Señaló que “la academia no está muy presente”, y que es un problema que la Universidad de la República no visibilice la prisión como “un campo de práctica”. “Pensar en el multiabordaje requiere pensar en instancias de grado fijas” y en capacitar a los funcionarios.
Por otro lado, Priore reconoció que sería conveniente complementar los servicios y realizar convenios con privados, pero dijo que el presupuesto no alcanza.
Internacional
En enero se presentó la guía Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento, de WOLA 2016, que muestra que el encarcelamiento de mujeres “poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública”. La organización, especializada en investigación e incidencia en la promoción de los derechos humanos en las Américas, señala que “la prisión suele empeorar la situación, dado que reduce la posibilidad de que estas personas encuentren un empleo decente y legal al recuperar la libertad, lo que perpetúa un círculo vicioso de pobreza, vinculación a mercados de drogas y encarcelamiento”. A su vez, respecto de las mujeres madres y cuidadoras, sostiene que el encarcelamiento “puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades”. Ante la ausencia de “redes de protección social fuertes, las personas dependientes quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad”. Incluso, advierten que “el encarcelamiento de las mujeres puede, paradójicamente, aumentar la probabilidad de que las personas a su cargo consuman drogas o se vinculen a las redes ilegales de tráfico”.