Las autoridades de la Asociación de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este (AdipeCidem) concurrieron ayer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que analiza el proyecto de ley de transparencia fiscal y combate al lavado de activos. La queja principal de los empresarios fue que la iniciativa hace “desaparecer” el secreto bancario y que esto “cercenará la inversión” en todo el país y, en particular, en ese departamento.

“El secreto bancario prácticamente va a desaparecer, y creo que para Uruguay va a haber un antes y un después de esta ley. La inversión que venía a Uruguay, de muchas empresas o particulares que aportaban al erario público, parecía que era dinero negro, y es un dinero de cada persona, que en su país no lo declaraban o lo que sea, pero ese dinero no es del narcotráfico ni nada por el estilo”, argumentó el vicepresidente de AdipeCidem, Javier Sena. “En este país le han puesto color al dinero, y todos hablan de dinero negro”, cuestionó. Dijo que hoy, “un argentino que tiene dinero en un banco se lo ha llevado, porque dice: ‘bueno, si acá me sacan el secreto bancario, me lo llevo para mi país’, o se lo lleva para Estados Unidos. Si el propio Estado norteamericano no le pide información...”.

Los directivos de la asociación afirmaron que en el departamento ya se están notando los efectos de diversas leyes aprobadas por el gobierno y que “perjudican la inversión”, entre las que mencionaron la Ley de Inclusión Financiera. Según las autoridades de la cámara, esta última norma ha traído aparejadas “dificultades tremendas” en las operaciones de compraventa. “Usted vaya a Punta del Este en este momento y va a ver nada de construcción, gente deambulando por las calles sin encontrar trabajo. Ese es nuestro problema: si no hay inversión, no hay trabajo”, sostuvo Sena.

Las autoridades de la cámara dijeron que entienden que es necesario aprobar este tipo de normas que promueven la transparencia, pero cuestionaron el “apuro” del gobierno. “Esto hay que hacerlo, sí, pero a su debido tiempo, cuando el resto del mundo esté todo metido ahí, porque si lo hacemos ahora, se nos va la inversión y queda gente sin trabajo”, argumentó Sena. “Deberíamos haber sido los últimos en adoptar estas medidas, porque somos un país chico que precisa la inversión. Entrar últimos, meternos para adentro y cerrar la puerta”, ilustró. “Con esta ley nos estamos adelantando a una situación que en el país de origen [del dinero] no han podido resolver”, complementó el presidente Jorge Díaz.

Otro punto que cuestionó la asociación es la obligación establecida para las inmobiliarias, como para otros agentes no financieros, de reportar operaciones consideradas “sospechosas” de lavado de activos. “Nos han convertido en policías de la DGI [Dirección General Impositiva] o del Estado, cuando, en realidad, quien tiene que ser el policía es el Estado, no el particular. Entonces, si vemos una persona sospechosa, que no tiene la cara de una persona trabajadora y de bien, en el fondo podría ser un sospechoso de traer dinero espurio”, señaló Díaz. “Y eso es lo que no queremos. No queremos someter a los vendedores de propiedades, que son chicos de 20 o 30 años, a hacer la parte del policía, porque además no están capacitados para eso, y no es nuestro rol. Es exactamente lo opuesto: cuando vos querés vender algo, lo primero que querés lograr es empatía con tu comprador y convencerlo de que lo que le estás vendiendo es lo mejor. Si lo primero que le pedís es un papel donde diga ‘yo no hago esto ni lo otro’, bajo juramento, estás prácticamente corriéndolo de la silla”, agregó el presidente de la cámara. Díaz dijo que ha habido sanciones a inmobiliarias por no reportar operaciones sospechosas. Aunque admitió que “quizá estuvieron bien puestas”, consideró que las nuevas disposiciones antilavado han generado “terror, miedo a la multa”. “Y nosotros no estamos acostumbrados a tener miedo. Nosotros trabajamos en el sistema legal”, manifestó.