El juicio, a cargo de la Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma, presidida por la jueza Evelina Canale, se reanudó, después de la pausa de verano, el 15 de setiembre, con el testimonio de Silvia Tolchinsky, que declaró sobre el caso del argentino Lorenzo Ismael Viñas Gigli. En la audiencia de ayer, 6 de octubre, se escucharon los testimonios de María Elena Laguna y Beatriz Castellonese, llamadas a declarar por la parte civil acerca de la desaparición de Armando Bernardo Arnone, y algunos testigos de la defensa del capitán de navío retirado Jorge Néstor Tróccoli. En las últimas horas algunos rumores habían alertado sobre la posibilidad de una declaración del teniente de navío retirado de la Aviación Naval Ricardo Chávez Domínguez, que efectivamente se presentó y fue interrogado por la fiscal Tiziana Cugini, por los abogados de la parte civil y por su defensor, Carlo Zaccagnini.

La defensa de Jorge Néstor Tróccoli -que, según el calendario, debería aparecer a prestar declaración en el día de hoy- presentó cuatro testigos: dos de sus hermanos -Rodolfo y Roberto Mario- y dos amigos de su familia -Ricardo Curbelo Sposito, que frecuentó con Tróccoli la Escuela Naval, y María Ofelia Pérez Salaberry, una vecina de la casa de la familia-. Todas las preguntas del abogado de Tróccoli, Francesco Guzzo, estuvieron dirigidas a poner de relieve el hecho de que durante las festividades navideñas de 1977 el imputado permaneció en Uruguay y transcurrió los días de Navidad con la familia de su esposa en Paysandú y los días de fin de año en Shangrilá, con sus propios hermanos y padres, como era costumbre todos los años. Toda esa construcción para demostrar que las acusaciones contra el prófugo Tróccoli -acusado de haber participado en la represión en contra de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) en diciembre de 1976 y enero de 1977- son falsas, y que el capitán de navío no participó en la represión. Por otra parte, los abogados de la parte civil y la fiscalía trataron de precisar fechas, resaltar contradicciones entre los recuerdos de los testigos e inquirir sobre la vida del imputado, preguntando a sus hermanos si durante ese tiempo había habido discusiones sobre el trabajo del marino y sus misiones. Todos los testigos relataron que desconocían completamente las tareas de Tróccoli dentro de la Armada y que nunca se habló con él de su trabajo.

María Elena Laguna y Beatriz Castellonese, respectivamente esposas de Adalberto Soba y de Alberto Mechoso, ambos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), relataron los hechos vinculados a los secuestros de sus compañeros, en los que se vieron involucradas junto con sus hijos. Laguna, que transcurrió un tiempo de su secuestro en un lugar de detención clandestina que luego reconocería como Automotores Orletti, en Buenos Aires, Argentina, asistió a torturas y vio a los niños Anatole y Victoria Julien, que conocía desde antes, allí dentro. Particularmente removedor fue el relato que hizo de la última vez que vio a su compañero en Orletti, encuentro al cual asistieron también los hijos de la pareja, de 8, 4 y 3 años: el hombre estaba casi irreconocible, desnudo y ensangrentado, los párpados quemados y llenos de pus; lo mismo en los dedos de las manos y de los pies, y en la espalda. La familia quedó unas horas encerrada en un cuarto, pero no lograron ni hablar entre ellos por las condiciones extremas de Soba. Cuando lo llevaron a otra pieza, Laguna escuchó el comentario de una guardia que dijo a otra: “A ese dejalo ahí, que va para traslado”.

El testimonio de Laguna y Castellonese es muy importante porque las dos mujeres, en días sucesivos a esos hechos, fueron trasladadas a Montevideo en un avión comercial, acompañadas por represores que fingieron ser familia y que luego reconocieron como José Nino Gavazzo y Ricardo Arab. Esas declaraciones, además, dejan en claro el rol del Ejército uruguayo en los secuestros de militantes del PVP en setiembre y octubre de 1976.

La declaración de Ricardo Eliseo Chávez Domínguez se demoró más de dos horas, y se alternaron las preguntas de la fiscal Tiziana Cugini, los abogados de la parte civil y su defensor.

Chávez Domínguez se declaró completamente inocente respecto a los hechos de los que se lo acusa. “Yo soy una persona perjudicada por la dictadura por pensar diferente. Todo el mundo sabía que yo estaba en contra de las violaciones de derechos humanos y eso perjudicó mi carrera”, dijo, y relató que nunca fue jefe de operaciones especiales en los Fusileros Navales (Fusna). En su relato, apenas llega al Fusna y se entera de que hay detenidos, expresa al comandante Jorge Jaunsolo, que no quería tener ninguna función en la represión y ningún trato con los prisioneros. Cuando se le preguntó cómo se enteró de que había prisioneros y si asistió a interrogatorios y torturas, contestó que por sus tareas en el suministro de la alimentación se dio cuenta de la presencia de detenidos, pero que por la estructura del Fusna, él se desempeñaba en una zona desde donde no podía enterarse de lo que pasaba en el área carcelaria. Chávez Domínguez confirmó que Tróccoli era jefe de Inteligencia en el Fusna en 1976 y que permaneció ahí cuando él se fue, en febrero de 1977. De Tróccoli, dice: “Lo conocí durante la Escuela Naval y después me encontré con él en el Fusna. No tengo simpatía por él y no soy su amigo”. Asimismo refiere que cuando, en 2006, descubrió que era acusado en el juicio, fue a la embajada italiana para dejar su legajo con el fin de esclarecer su posición. Sucesivamente, cuando descubrió que la persona que lo estaba acusando era Daniel Rey Piuma, se contactó con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que lo ayudó a ponerse en contacto con el acusador. El mismo MLN-T, dijo, escaneó su legajo para que Rey Piuma pudiera darse cuenta de que había cometido un error al acusarlo ante el fiscal Capaldo; el mismo MLN-T organizó videoconferencias con Rey Piuma (en las cuales el acusador nunca participó) para que los dos pudieran esclarecer la situación; hasta el ex dirigente histórico del MLN-T Julio Marenales dio un testimonio apostillado y lo envió al tribunal, para aclarar el escenario.

La presidenta de la corte, Evelina Canale, tuvo una actitud muy expeditiva y no admitió muchas de las preguntas de los abogados impugnadas por los defensores.

En el día de hoy se espera que declare Tróccoli y dé testimonio el fiscal argentino de la causa Plan Cóndor Pablo Ouviña.