Nelson Villarreal, licenciado en Filosofía y docente universitario, asumió la secretaría de Derechos Humanos (DDHH) de Presidencia de la República el 23 de setiembre, en sustitución de Javier Miranda. El trabajo de este organismo, creado en 2014, adquirió visibilidad mediática a partir de la llegada de un grupo de refugiados provenientes de Siria, pero la secretaría aborda múltiples aspectos vinculados a los DDHH. Villarreal anunció que trabajarán en educación y memoria, en la implementación de mecanismos de monitoreo en materia de DDHH, y en la resolución de conflictos. “Hoy la gente demanda poder que imponga, entonces quiere cámaras que miren, policías que estén en la calle, control. Eso nos va a llevar a mayor inseguridad”, consideró.
¿En qué líneas de trabajo te gustaría concentrar la gestión?
-Mi énfasis está en una visión integral de los DDHH, fundamentada en el humanismo y la ética. Hoy el tema de los DDHH reclama la existencia de garantías, normas e instituciones, pero queda con una sola pata si no toma en cuenta el involucramiento y las subjetividades. No basta que yo esté diciendo que la institucionalidad reconoce el matrimonio igualitario si después las subjetividades de la gente rechazan a una pareja del mismo sexo. Los derechos se han concebido tradicionalmente en tres generaciones: los derechos fundamentales, los derechos económicos y sociales, y los derechos ambientales y globales. Creo que hay que salir de la lógica de las generaciones y pasar a la lógica de las dimensiones; la demanda por derechos económicos y sociales debe garantizar los derechos individuales pero también el hábitat, porque lo contrario puede hacer que toda la población del planeta quiera andar en un Rolls-Royce y en un avión. La secretaría de DDHH tiene que tener una visión integral y transversal, y lo primero que me encuentro es que hay cierta fragmentación: se habla de los derechos de género, de la diversidad, de los derechos ecológicos. Quiero vincular los DDHH con cinco ejes. El primero es DDHH y democracia. Acá la clave es que los DDHH sólo los podemos pensar en la democracia. Y hoy estamos viendo lo que está pasando con la democracia en la región y en el mundo. Los DDHH pueden quedar en una declaración abstracta, y ese es el gran problema. Los DDHH no pueden verse como un plus del crecimiento. Estamos viendo una dualidad o una esquizofrenia, las prácticas están mostrando incoherencias.
¿Te referís al caso de Brasil?
-Me estoy refiriendo al caso de Brasil, donde han caído todas las secretarías de DDHH que se instalaron en el gobierno del PT [Partido de los Trabajadores]. Se conquistaron derechos, se legitimaron, pero algo pasó que se los desvinculó de los procesos democráticos y se entiende a los DDHH como el interés de algunos sectores, como algo a atender si hay plata: se vincula a los DDHH con el excedente. La Europa de los DDHH es lo mismo. Cuando le llegó un millón de sirios se dieron cuenta de que esa Europa que respetaba a las personas no era tan real; por algo marginan y excluyen, generan discriminación y racismo. La ciudadanía tiene que ser parte y defender estos derechos.
¿En Uruguay están consolidadas las conquistas recientes en materia de derechos?
-No creo que en el caso de Uruguay haya agendas que vayan a caer por una rotación partidaria.
Más allá de que hay una secretaría específica para el tema, ¿qué aspectos va a abordar la secretaría de DDHH en relación con el pasado reciente?
-El punto en común que vamos a trabajar con la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente es educación, DDHH y memoria. Es sustantivo tomar en cuenta el pasado reciente para pensar la visión actual. Entonces, yo tengo que leer la inseguridad de hoy porque hay una situación de dictadura hace 40 años. Creo que la percepción de un espacio público integrado, confiado, solidario, participativo, se vio violentada de manera absoluta por la dictadura. Toda la estructura social uruguaya fue destruida con la dictadura. Se generó una disociación entre lo público y el Estado. ¿Cuánto ha costado sanear a la Policía? El Ejército todavía no está saneado, desde el momento en que no entrega información. Que la expresión de la inseguridad está vinculada al deterioro socioeconómico, al narcotráfico y a la transformación de principios de integración, es cierto. Pero todo eso hay que visualizarlo como parte de la destrucción de un Estado, de un ser público que integraba. Hoy la gente demanda poder que imponga, entonces quiere cámaras que miren, policías que estén en la calle, control. Eso nos va a llevar a mayor inseguridad.
En Argentina hubo una ruptura de las nuevas generaciones de militares respecto de los anteriores, algo que en Uruguay no ocurrió. ¿La impunidad estuvo alimentada también por los sucesivos gobiernos democráticos?
-No cabe duda de que la cultura de impunidad está, de alguna manera y por alguna razón, enredada no sólo en las instituciones sino en la izquierda; esto hay que aceptarlo. Lo que pasó con la Ley de Caducidad lo leería en la complejidad de cómo se lee la izquierda o una parte de la izquierda en relación con los hechos. El presidente [Tabaré] Vázquez, al crear el Grupo Verdad y Justicia, da respuesta a algo que no estaba claro, y es que la intención es que haya verdad y justicia. Se instala un equipo de trabajo, más allá de las conflictividades y descoordinaciones que se produjeron, que tiene la responsabilidad de investigar. Se ha relevado muchos documentos, se ha encontrado mucha información. ¿Esto es insuficiente para la sociedad civil, y para los que creen que esto debe tener una transparencia mayor? Estoy de acuerdo, y yo me ubico en esa lógica. Pero sí creo que debo preguntarme por qué hay contradicciones en la forma en que la izquierda procesa estos temas. El grupo de trabajo debe llegar a ciertas conclusiones y responder ciertas expectativas.
¿Qué otros ejes de trabajo tiene la secretaría?
-El segundo eje es DDHH y desarrollo. La clave para posibilitar el reconocimiento de la dignidad de la persona humana requiere hablar del desarrollo, pero no desde una perspectiva ingenua sino crítica. Yo no puedo generar una cosmovisión de DDHH que no tenga una integralidad con la economía y con la política. El organismo que está trabajando esto en prospectiva es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP]; estamos viendo cómo se incorporan los DDHH a la visión Uruguay 2030-2050. El tercer eje es DDHH y cultura, que incluye a la diversidad, las subjetividades y las espiritualidades.
Uruguay se ha concebido como un país relativamente homogéneo, a pesar de no serlo. ¿Es complicado partir de ese imaginario?
-Ya no somos homogéneos, y el gran problema es que la homogeneidad que se resquebrajó no se transforme en fragmentación y desigualdad. Entonces se debe recuperar el principio de integración, que no son los valores perdidos. El tema no es recuperar valores -esto es muy conservador-, sino crear valores, construir vínculos. Uno de los temas que quiero trabajar es cómo se procesan conflictos, desde en los liceos hasta en las familias. No se trata de recuperar algo que fue; eso es muy peligroso y se está diciendo desde todas partes. Uruguay era la tierra purpúrea en el siglo XIX, fue mucho más violento el siglo XIX que el siglo XX, no somos más violentos hoy. Los pactos que se dieron a fines del siglo XIX y principios del XX fueron una construcción de valores, de reconocimiento de las minorías. El Uruguay que tanto adoramos construyó valores de convivencia; la pregunta no es cómo retomo aquellos valores, sino cómo construyo hoy valores de integración y convivencia. Hay maneras distintas de concebir la convivencia que pueden llevar a la fragmentación, pero no puedo eliminar la diversidad para sostener una unidad que no es real, tengo que constituir mecanismos que me hagan sentir que formo parte. Si la escuela pública lo fue en algún momento, ¿cómo va a ser hoy? Vamos a promover también una discusión sobre cómo los periodistas informan. Si dicen, por ejemplo, que tenía pollerita corta, que se lo estaba buscando y que la violaron. Acá el tema pasa por qué subjetividades estamos construyendo. ¿Por qué en Colombia ganó el No? No se está interpretando qué subjetividades hay, que pueden ser altamente reaccionarias. En cuanto a las espiritualidades, la idea es abordarlas en el sentido más amplio de la palabra.
Está presente el imaginario del Uruguay laico, pero recientemente parecen haber resurgido las espiritualidades.
-Se están expresando más. Uruguay tiene una diversidad que lo va a enriquecer en la medida en que lo explicite. Ahora, la gestión de lo público debe ser siempre secular y laica.
Por ejemplo, ¿qué piensa de la idea de instalar una estatua de la Virgen en la rambla del Buceo?
-El espacio público debe ser gestionado por el poder público. La discusión no es sí o no a la Virgen, el tema es cómo el poder público habilita un espacio para que se expresen las distintas visiones espirituales, con determinadas condiciones. El poder público tiene la obligación de fijar criterios, garantizar la pluralidad y que el espacio público sea de todos. Puede haber, por ejemplo, un parque de deidades en determinado lugar. Yo creo que hay que ser lo más abiertos posible, pero no el caos de que uno quiere poner algo en un lugar, y otro en otro. El cuarto eje es DDHH e involucramiento. Tenemos que salir de la concepción vertical de DDHH, que disocia el garantizar con el involucrar. Yo soy de los que creen en la renta básica universal y en que deberíamos garantizar a todos, así como garantizamos el voto, un mínimo básico resultado del promedio que una sociedad tiene, para que las personas puedan desarrollarse. Eso no es igualitarismo, sino garantizar lo básico. Este eje tiene que ver también con los mecanismos efectivos de participación, que van desde el gobierno electrónico hasta la construcción de conciencia participativa. El último eje es DDHH y educación. Me voy a reunir con el Codicen [Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública], con la Universidad de la República y con la Universidad Católica, que tienen desarrollado este tema. Debemos preguntarnos cómo socializan la familia, la escuela, el Estado y los medios de comunicación. ¿Socializan para la violencia o para procesar el conflicto, para el reconocimiento o para la exclusión? Además, tengo la pretensión de hacer un curso de formación en DDHH para funcionarios públicos, que no sea sólo en diversidad o en género. También planifico institucionalizar mecanismos de monitoreo en materia de DDHH.
¿Qué balance hace el gobierno de la llegada de los refugiados sirios a Uruguay?
-Hubo un conjunto de dificultades en la implementación, quizá por falta de experiencia, por diferencias culturales. Hay que encuadrar esto en una política de refugiados. Desde el 1º de noviembre hasta marzo de 2017, vamos a hacer una transición para que la Core [Comisión de Refugiados] se haga cargo de esto. Hay que distinguir roles: la secretaría no tiene un rol de ejecución, tiene un rol de diseño y rectoría; quien ejecuta es la Core. Nosotros vamos a apoyarlos institucionalmente desde la secretaría. Y se va a extender un año más el apoyo a las familias sirias, porque la inclusión en la comunidad uruguaya reclama que den otros pasos, para que resuelvan de la mejor forma su inclusión. Hoy tenemos 350 refugiados. De los 43 refugiados sirios, tenemos 16 que son adultos. De estos 16, nueve son mujeres. Siete mujeres han tenido empleo remunerado, o buscan trabajo y no lo tienen. Hay dos que están en situación de enfermedad complicada. De los siete varones, cinco hoy están empleados. Los 27 niños y adolescentes están todos incluidos en el sistema escolar y liceal, todos manejan el idioma. En apenas dos años, se logró que esas familias -una está en Salto, otra en Piriápolis y tres en Montevideo- tengan un proceso de inclusión. Plantear que estas 43 personas son un problema para el país no parece ser lógico. La mayoría están bastante bien incorporados e integrados, hay algunos con problemas y dificultades fuertes, como puede tener cualquier habitante del país.
¿Podrían venir nuevas familias sirias a Uruguay?
-Se decidió no tener un segundo contingente, se reconoció que el trabajo cultural es mucho más complejo. Hoy la decisión es que no vengan nuevas familias refugiadas, y los recursos que se están dando para un año de extensión, y que van a reducirse progresivamente, tienen que ver con los recursos que quedaron remanentes al no llegar un nuevo contingente.