Ayer se cerró la mesa de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Diálogo Social. El cuarto encuentro tuvo como objetivo discutir, entre otras, “las políticas hacia las personas privadas de libertad”. Sobre este último punto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dejó en claro que la política de “progresividad” que lleva adelante el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es “justa” con quienes están “dispuestos a trabajar, estudiar y reintegrarse a la sociedad. [...] Hay que darle facilidades a quien muestra que quiere cambiar: hacer otra cosa sería irresponsable, decir otra cosa es irresponsable”, afirmó.

Bonomi sostuvo que “hay gente que está dispuesta a trabajar y hacer un proceso de cambio”, pero no es “toda la gente”, por lo que el sistema de privación de libertad debe “ser distinto” para uno y otros. “Hay que tener un modelo para los distintos tipos de persona, por eso hablamos de un sistema progresivo”, explicó. Respecto de la “progresividad” y las “oportunidades” laborales y educativas que ofrece el sistema penitenciario, Bonomi dijo que “si bien Punta de Rieles ha trabajado muy bien y es el modelo más destacado, los problemas se limitan a algunas instituciones. “No es todo el sistema”.

La intervención de Bonomi respondía al comentario de alguien que estuvo preso en Punta de Rieles -lo que implica haber pasado por otras cárceles- y dijo que la única “rehabilitación” posible sucede allí: “Aprendí a trabajar y [adquirí] el hábito de levantarme a las 7.00 y salir a las 8.00 a trabajar haciendo bloques”, contó. Quien no pensaba hablar pero terminó pidiendo el micrófono a raíz de ese comentario, fue el director de la Unidad Nº4 (ex Comcar), Gonzalo Larrosa. Explicó a la diaria que “sin invalidar” lo dicho, quiso “revindicar el trabajo de los demás compañeros de todas las cárceles que todas las mañanas se levantan y van a trabajar para mejorar la vida de los internos”. Larrosa observó que Punta de Rieles tiene 500 personas presas, que son “los mejores de la cárcel”: llegan sólo los que ya tienen condena; no hay homosexuales, personas trans ni privadas de libertad por delitos sexuales, y hay ciertas reglas que, si se rompen, causan que la persona “retroceda” en el sistema y sea enviada al ex Comcar o al Penal de Libertad. Considera que “el Comcar también tiene su Punta de Rieles: hay 3.400; casi 400 están en los módulos Nº 7 y Nº 9, que son los que trabajan en el Polo Industrial”. Entiende que adentro pasa “lo mismo que afuera”: “Queremos que todos estudien, que todos trabajen, pero ni a nivel país pasa”. Explicó que la “progresividad [...] implica la selectividad”.

Consultado por la diaria, Luis Parodi, director de Punta de Rieles, opinó que el sistema de progresividad impuesto es un “atraso histórico”, y aseguró que en la cárcel que dirige “se intenta tratar a todos por igual”. Explicó que la progresividad implica “castigar al que anda mal y premiar al que anda bien”, pero “aprender a convivir” significa que “los más atorrantes y los menos atorrantes, los más brillantes y los menos brillantes tengan las mismas reglas […] Nunca es así: los buenos de un lado y los malos del otro; el que está en sexto del liceo también se manda cagadas... Yo creo en las mezclas y en los procesos, no creo en que la contaminación sólo sea de los malos y que los buenos no puedan contaminar. Si se generan las condiciones, la gente logra sacar lo mejor que tiene”, afirmó.

El día después

Inés Bausero, directora de la nueva Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, hizo énfasis en la necesidad de que la “sociedad participe” para “poder dar una respuesta adecuada a la privación de la libertad como forma de recomponer el entramado que se rompe con la acción delictiva”. Pidió “repensar” el “lugar desde donde vamos a actuar”: “Sostenemos que exista un mercado de compra de cosas robadas, el consumo de sustancias prohibidas o drogas [...] no hay seguridad sin justicia social”, aseguró.

Bausero también aprovechó la ocasión y recordó que una de las medidas que tomó la nueva dirección fue construir la Posada del Liberado. Explicó que es un “hogar que dará refugio a quienes abandonan la privación de libertad y tienen la calle como única alternativa” (en ese sentido, cabe señalar que el último Censo de Población en Situación de Calle, que elaboró el Ministerio de Desarrollo Social y fue presentado en setiembre, indica que de las 1.651 personas que están en situación de calle, 60% dijo haber estado en la cárcel, en hogares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en las cárceles del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente o en hospitales psiquiátricos). Bausero dijo que hoy la Posada alberga a “tres chicos que estudian, [pero] pronto tendrá inauguración oficial para otros casos. Su estancia tendrá carácter provisorio mientras se articulan los vínculos necesarios para que puedan salir de ese lugar con alternativas propias y duraderas”, explicó. Aseguró que si “la experiencia da resultado” buscarán más “alternativas” como esa, aunque reconoció que “el tema” es el día después de la estadía en la Posada; por ello pidió “generar mecanismos de integración que abandonen las políticas sectorizadas y atender los casos de forma mixta, sin parcialismos de ningún tipo”.