Varias son las preocupaciones de la sociedad civil y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, respecto de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Entre las compartidas está la necesidad de fortalecer la Defensoría Pública -cuestión no prevista en este nuevo CPP-, y la de disminuir la utilización de la prisión preventiva, que se supone que sí sucederá y ayudará a bajar la cantidad de reclusos -actualmente hay cerca de 10.500 personas presas, de las que sólo cerca de 35% están condenadas-.

El nuevo CPP estipula un proceso acusatorio, oral y público, y redefine los roles de los operadores judiciales. Se prevé que parte del nuevo CPP -la que implica que los fiscales dirijan la investigación y los jueces sólo juzguen- comience a regir el 26 de julio del año que viene. En el marco del seminario “El proceso penal acusatorio en Uruguay”, organizado por la Fiscalía General de la Nación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Martín Fernández, abogado representante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), señaló que 90% de las causas penales las lleva la Defensoría Pública, y que es “necesario” dotarla de recursos materiales y en capacitación para que se garantice la “igualdad de armas”: “Que la defensa realmente esté con capacidades de poder enfrentar un juicio [...] para lograr un proceso más democrático”, aseguró. Petit también reclamó un “liderazgo nítido y fuerte” de la Defensoría, y advirtió que “es muy clara la dificultad [que existe] en el ejercicio de la defensa, ya sea por falta de recursos, elementos logísticos, humanos, o dificultades administrativas”. Aclaró que llegó a esa conclusión mediante la experiencia que ha adquirido su oficina en los cientos de visitas a las cárceles que realizan todos los meses. En base a eso entiende que “es muy importante” que se fortalezca el rol de la Defensoría.

Respecto de la prisión preventiva -actualmente alrededor de 65% de la población penitenciaria no tiene condena-, Fernández pidió “tender a la excepcionalidad”, y promover un “cambio de eje” en la interpretación del artículo 27 de la Constitución, que establece que “en cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría, los jueces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley”. Fernández considera que “esta norma no ha sido del todo utilizada y es necesario generar ciertos consensos interpretativos” para cumplir con los tratados de derechos humanos suscriptos por el país y las propias normas nacionales. A su vez, aseguró que reviendo esta norma y apostando a la posibilidad que da el nuevo CPP de dirimir algunos conflictos en audiencias preliminares, va a ser posible una “persecución penal estratégica” que se concentre en la desarticulación de los mercados ilícitos y no esté “persiguiendo los eslabones más débiles de la cadena”. En ese sentido, dijo que un claro ejemplo son las mujeres que están presas por microtráfico de droga -27% de las mujeres están presas por delitos relacionados con drogas, según datos de octubre del Instituto Nacional de Rehabilitación-.

En esa línea, Petit se refirió a la “gran expectativa” que tiene sobre “el aporte que podría hacer el nuevo CPP para que la cárcel no sea la gran solución”. En ese sentido, aseguró que “miles” de personas están presas y no deberían estarlo, ya que “en la cárcel no van a encontrar una solución, sino que su situación se va a agravar: se va a agravar la crianza de sus hijos, de su familia, y a su vez, va a generar impactos en su entorno”.

Más preocupaciones

Otra de las “cuestiones a solucionar” es la adecuación a un paradigma acusatorio, oral y público del Proceso Penal adolescente, señaló Fernández, quien recordó que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó que “sería un contrasentido que los adultos tengan un sistema más garantista que los adolescentes”.

Fernández también considera que el “énfasis” tiene que estar puesto en los “microprocesos” de la implementación del CPP: “Es ahí donde se dan las mayores arbitrariedades”, advirtió. Fernández pidió “generar una verdadera obsesión” por estos procesos internos y más pequeños, para así “arrojar luz desde el principio”. Explicó que quienes no quieren “participar en este nuevo paradigma -ya sea porque no están de acuerdo con la reforma o por cuestiones ideológicas o prácticas profesionales- van a encontrar lugares para mantenerse en el anterior”, tal como pasó cuando se sancionó el Código General del Proceso, en 1988, y se “apostó a la oralidad”, y “al poco tiempo los jueces ya estaban pidiendo que los alegatos se los entregaran por escrito”.

Dentro de las preocupaciones de Petit está el rol de las víctimas. Opinó que “es una buena noticia que se incorpore el derecho de poder, de alguna manera, llegar a algún tipo de acuerdo” en audiencias preliminares. Agregó que ayudará a “generar una mayor racionalidad en la aplicación de la privación de libertad y, por ende, un descenso de la población penitenciaria del país”. Petit aseguró que nuestro sistema penitenciario está “colapsado” y su dimensión es “totalmente exagerada”: “Datos mundiales que hacen la Universidad de Londres y el Instituto Internacional de Estudios Penitenciarios establecen que de 221 países, Uruguay está en el puesto 33 por la cantidad de personas privadas de libertad [291] cada 100.000 habitantes. Nada indica que Uruguay requiera tener esa enorme población penitenciaria”, afirmó. Agregó que la opinión pública y “algunos actores” de la sociedad “siguen sintiendo que como hay muchos delitos debería haber más personas presas” -tal es el reclamo del fiscal Gustavo Zubía y del senador colorado Pedro Bordaberry-. Petit aseguró que el “desafío es dar vuelta ese esquema: ¿no será que porque hay muchas personas presas hay tantos delitos?”, preguntó.