Todo esto fue parte del seminario “Avances y mejoras necesarias a ocho años de vigencia de la Ley 18.381”, que organizaron el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), la Fundación Friedrich Ebert y la organización Open Society Justice Initiative.
“Ya nadie niega que la gente tiene derecho a pedir información sin explicar para qué la quiere”, explicó Lanza, mostrando la utilidad de la información de interés público para corregir errores del Estado o para despejar o detectar situaciones de corrupción. Con una mirada más internacional, Lanza señaló que hoy hay mayor presión por más transparencia; mencionó el protagonismo del periodismo en el caso de los Panama Papers y señaló que la falta de transparencia, la corrupción e “ilícitos que se cometen y se amparan en el derecho de la opacidad” terminan generando escepticismo y descreimiento de la democracia, algo que se ha observado en encuestas de las últimas semanas.
El alcance de la Ley 18.381 todavía es limitado: 26% de la ciudadanía no reconoce que tiene ese derecho y sólo 3% lo ha ejercido, mencionó Gabriel Delpiazzo, integrante del Consejo Directivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que controla la implementación de la Ley 18.381.
Lanza mencionó que en el Ranking mundial de derecho de acceso a la información, publicado recientemente por el Centre for Law and Democracy (de Canadá), Uruguay aparece en el lugar 91 de 150. “Es un llamado de atención”, dijo. Ese índice mide el marco jurídico, e identificó debilidades de nuestra legislación. El estudio constató que el reconocimiento del derecho al acceso a la información pública es limitado, ya que no está incorporado a la Constitución de la República; identificó restricciones en el alcance, porque no está claro qué sujetos privados que cumplen función pública están obligados a dar información, y señaló que “los plazos de solicitud son excesivos” (son 20 días hábiles y hay una prórroga por otros 20, cuando la media a nivel mundial está en diez y diez). Por otra parte, la organización halló que las excepciones no están definidas.
Lanza recomendó “formar un sistema nacional de transparencia”, porque “no sólo la UAIP tiene obligaciones de monitorear y publicar transparencia, también la Junta Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral con el financiamiento de los partidos políticos”, y todo funciona en mundos separados, lamentó. Sugirió “fortalecer la posición e independencia del órgano garante”, la UAIP, porque “por más que la unidad ha hecho un gran trabajo”, es necesario tener una institucionalidad más sólida, porque depende de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), sometida a la órbita del Poder Ejecutivo. Lanza sugirió que el proceso de designación de los directores sea público, que tenga escrutinio de la sociedad civil y que los jerarcas sean votados por mayoría legislativa. Pidió que las resoluciones de la UAIP sean vinculantes, y explicó que eso reservaría la órbita judicial para casos emblemáticos, y no como ocurre hoy, que debe resolver todo. Aconsejó “establecer un régimen de sanciones claro y efectivo” y ampliar los sujetos obligados, puesto que en Uruguay hay sociedades anónimas en propiedad del Estado, hay organizaciones de la sociedad que ejecutan fondos públicos, y está todo el capítulo del financiamiento de los partidos políticos, enumeró. Reclamó, también, definir las excepciones para entregar información “y revisar el sistema de secretos, que en Uruguay sigue siendo un problema”. Ampliar la demanda y capacitar a los funcionarios sigue siendo un desafío, añadió.
Vereda de enfrente
Desde la sociedad civil, Fabrizio Scrollini, de DATA, y Tania da Rosa, de Cainfo, coincidieron con las recomendaciones del relator especial. Scrollini expresó lo insólito que es que pueda hacerle un pedido de información pública por correo electrónico a Nueva Zelanda y no a una institución uruguaya -que le responde que por esa vía (por email) no es posible hacerlo. Esas y otras acciones “frustran a los usuarios y a otros actores del sistema”, aseguró. Tanto él como Da Rosa lamentaron el bajo índice de transparencia activa de los organismos uruguayos, que, en promedio, publican 45% de la información que deberían.
Al igual que Lanza, Scrollini sugirió fortalecer la capacidad de los órganos garantes y hacer una designación de sus miembros, tener un sistema más claro de sanciones, más sujetos obligados a dar información, y habilitar el correo electrónico y algunas plataformas oficiales.
Da Rosa insistió en la necesidad de reformar la ley, porque “fue de avanzada en su momento, pero ahora está por debajo de los estándares internacionales y de la ley modelo”. También ella lamentó los plazos y el “abuso por falta de fundamentación”. Planteó “revisar algunas excepciones” para que se apliquen “cuando exista riesgo real de seguridad”. En cuanto a la confidencialidad, opinó que “el país se debe un debate respecto de algunas causales, como la cláusula contractual de confidencialidad, que es un cheque en blanco para clasificar información”. En cuanto a la institucionalidad de la UAIP, propuso crear un servicio descentralizado y que tenga el presupuesto adecuado. Mencionó, también, la posibilidad de reformar la Constitución.
Coincidencia
Delpiazzo saludó los avances de la ley: por el reconocimiento del derecho, por el procedimiento claro para pedir información, por crear un órgano garante y porque el proceso judicial es bueno. Valoró que ha crecido sostenidamente el incremento de solicitudes de acceso a la información (650 pedidos a la Intendencia de Montevideo en lo que va del año), así como la cantidad de personas que establecen diálogo entre la UAIP y los organismos; 80% de las instituciones cumplen con el informe anual que deben presentar a la UAIP.
Como debilidades, Delpiazzo identificó los obstáculos de los organismos al recibir pedidos, que no expliquen por qué niegan información y las “prórrogas innecesarias; eso de hacer entrar en cuarentena al ciudadano, cuando las prórrogas tienen que ser algo excepcional”. Mencionó los “errores en las clasificaciones” y relató que “ha sido una lucha permanente contra las clasificaciones genéricas; por más tedioso que pueda parecer, la ley dice que la clasificación de información se haga caso a caso, entonces las clasificaciones genéricas son ilegales”.
Identificó como desafío mejorar la ley, algo en lo que está trabajando el Consejo Consultivo de la UAIP. Pero más que en eso, insistió en “que se cumpla mejor lo que hoy tenemos” y que todos los organismos publiquen en sus páginas web la información solicitada, que se premie a los que trabajaron bien y queden en evidencia los que no lo hacen. Coincidió en la necesidad de aumentar los sujetos que obliga la ley y acotar el alcance de las excepciones y la cláusula de confidencialidad.
Expresó la necesidad de “buscar mecanismos para facilitar el acceso al proceso judicial”, porque “tiene sus costos, y no cualquier ciudadano puede estar dispuesto a hacerlo”. Transmitió una propuesta para que en los casos en que haya un “silencio positivo”, en el que las instituciones no responden si la información es reservada o no, “los costos de ese proceso estén a cargo de la administración que no cumplió con su obligación”.
Delpiazzo afirmó, además, que “a un organismo de control sin potestad de sanción le falta una pata”, y dijo que se está pensando en un régimen sancionatorio. Valoró, por último, que AGESIC está comprometida con el derecho a la información, pero se preguntó qué pasará cuando cambien las personas, y dijo que Uruguay se merece una discusión en torno a los órganos de contralor. Dijo, por ejemplo, que las observaciones del Tribunal de Cuentas no son vinculantes.