El proyecto de decreto presentado por el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez en la Junta Departamental de Montevideo, dirigido a la “regulación de la prestación e intermediación en el servicio privado de pasajeros”, coincide en términos sustanciales con la propuesta de regulación que presentó la propia empresa Uber.
En un documento presentado a las autoridades, denominado “Aportes para trabajar en una regulación”, Uber sostiene que debe calificarse el servicio que presta como “empresas de redes de transporte”, concebidas como una “entidad que administra un sistema que apoya la coordinación de viajes a pedido a través de una aplicación tecnológica”, sin prestar el servicio directamente. Por este motivo, sostiene Uber, no son “un servicio de taxi”, sino “intermediarios”. La empresa considera que en su caso “no existe una relación laboral con el conductor del vehículo que presta el servicio”, sino que el conductor “utiliza su auto particular, del mismo modo que las personas ponen en arriendo sus casas o departamentos para servicios como Airbnb [aplicación para alquiler de inmuebles]”.
Mientras tanto, el proyecto del edil nacionalista considera a los conductores de Uber como “prestadores privados de transporte” y sostiene que su actividad será “libre” y no estarán obligados a pagar un canon. En el mismo sentido que Uber, define a la empresa [por ejemplo, Uber] como una entidad que realiza “tareas de prestación o intermediación de transporte privado de pasajeros”. En el proyecto enviado a la Junta se define como “intermediario” a “toda persona física o jurídica que a través de medios telefónicos, informáticos, televisivos, presenciales o amparados en nuevas tecnologías habilitadas, intermedien entre pasajeros y prestadores privados de transporte a cambio de una remuneración”.
Uber propone que se establezcan exigencias mínimas de registro y habilitación para conductores e “intermediarios”, y en esa línea va el proyecto del Partido Nacional: por ejemplo, exigencia a los conductores de la licencia de conducir y la acreditación de la propiedad del vehículo, y la inscripción del “intermediario” ante los organismos correspondientes. Uber sugiere también la exigencia al propietario del coche de que el vehículo tenga una antigüedad máxima de diez años, la realización de inspecciones técnicas vehiculares y la contratación de una póliza de seguro para todos los ocupantes del coche, disposiciones que no figuran en el proyecto de Rodríguez.