Ricardo, de 26 años; Ibone, de 37, y Tamara, de 33, murieron en los últimos días en Montevideo. Las tres eran personas con discapacidad que habían sido trasladadas desde el centro Aldea de la Bondad de Salto a centros de atención integral para personas con dependencia severa, en Montevideo, en aviones de la Fuerza Aérea. Dos personas más están internadas. Todos estaban bajo la custodia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por medio de un convenio con la Fundación IMCOS, que desde hace unos 30 años gestiona Aldea de la Bondad en Salto y Paysandú, dando alojamiento a 140 personas con discapacidad, de las que sólo seis tienen menos de 18 años. Cuando los trabajadores del centro se enteraron de que el INAU preveía el traslado de 60 personas, advirtieron a las autoridades, reiteradas veces y en distintos ámbitos, el riesgo de vida al que se los exponía. Se trasladó a 44; el traslado de los restantes estaba previsto para este jueves, pero ante los fallecimientos, y a pedido de los trabajadores, se suspendió. El INAU presentará mañana a las 10.00 un informe elaborado por el Ministerio de Salud (MS) a pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes; antes de eso, no darán explicaciones. La diputada colorada por Salto Cecilia Eguiluz dijo que pidió, al igual que los trabajadores, la suspensión de los traslados. Aseguró que una vez que el informe llegue a la comisión analizarán la información para determinar responsabilidades y, sobre esa base, decidir qué medidas tomar. Una podría ser la denuncia penal.

En un comunicado, el INAU asegura que el traslado se llevó a cabo con el aval de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el MS, y que las muertes nada tienen que ver con el traslado, sino que fueron producto de paros cardiorrespiratorios, e incluso que uno de los fallecidos “estaba cursando un cuadro respiratorio viral”. Por otro lado, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, dijo el domingo a Teledoce que los residentes en Aldea de la Bondad estaban “tremendamente mal atendidos” y que “había un foco epidemiológico” que había producido algunos fallecimientos en Salto, y que ese fue el motivo del traslado. Además, aseguró que se continuará con los traslados, para que el INAU deje de hacerse cargo de personas adultas, una cuestión “absurda”. Los trabajadores desmintieron la versión de la ministra: para ellos se trató de “muertes anunciadas” que se podrían haber prevenido. “El cambio de hábitat, de cuidadores y de personas con las que convivían entristece a los gurises; era obvio que no iban a aguantar”, dijo a la diaria Fabián Medina, presidente del sindicato de Aldea de la Bondad en Salto.

Tanto Medina como el representante del PIT-CNT de Salto en las negociaciones entre trabajadores y la empresa en la Dirección Nacional del Trabajo, Ismael Sequeira, hicieron hincapié en que no son “sólo funcionarios pagos” que cumplen horario fijo y se desentienden de las personas allí alojadas, sino que, según aseguran, fuera del horario continúan “en contacto con los internos, y preguntamos qué pasó, dónde van” y los acompañan. “Tratamos de que los internos se sientan como parte de una familia”, sostuvo Medina. Justamente por eso, consideran que los traslados generaron la descompensación de los pacientes, llevándolos a la muerte.

Los trabajadores se manifestaron ayer frente a la sede del INAU, con una pancarta que rezaba: “La desigualdad social es más violenta que cualquier propuesta”. Revindican la necesidad de suspender el resto de los traslados previstos y de mantener a los pacientes en sus respectivos alojamientos, en memoria de los tres fallecidos. Pero además buscan solución a un conflicto que precede casi dos años a la tragedia y que involucra a todas las personas con discapacidad atendidas en Aldea de la Bondad, así como a sus trabajadores: los traslados fueron resueltos porque el contrato entre el INAU y la Fundación IMCOS había sido rescindido hace un año y medio, porque, según el INAU, “no se encontraron las condiciones necesarias para la continuidad del convenio”. Según los trabajadores, esto se debía a que la empresa “recibía los fondos y no les daba el destino que debía, pero el INAU nunca se preocupó por ver en qué se gastaba la plata, tampoco. Cuando [INAU] se desbordó por la situación [por ejemplo, se adeudaban sueldos] y ya no podían darle más plata para remediarla, la solución fue retirar a la empresa y distribuir a los pacientes en otras instituciones”. En ese sentido, el 14 de setiembre una delegación de trabajadores de Aldea de la Bondad de Salto compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Medina señaló que en el último año la empresa recibió casi 12.500.000 pesos para la regularización de los salarios y arreglos de accesibilidad en el edificio, pero no cumplió. En esa ocasión, Sergio Osorio aseguró que los trabajadores son “rehenes de una situación” que no pueden manejar, y denunció que “siempre faltaron los controles serios por parte del INAU”. Y dio un ejemplo: “Cuando se estuvo a punto de una intervención judicial, se cambió por una cogestión con el INAU y se envió a una contadora y a una licenciada en enfermería para la parte de la salud. Actualmente, la contadora sigue trabajando en Aldea de la Bondad y la licenciada en enfermería es jefa de personal, pero por parte de la empresa. Es decir, sigue trabajando en el INAU pero, además, es funcionaria de la empresa”.

Respecto de las nuevas licitaciones, las ganaron el centro En Camino, de Montevideo, de atención a personas con dependencia total, y los centros Dies, de Canelones, y Arco Iris, de Paysandú, abocados a la atención de personas con discapacidad leve a moderada. A su vez, los trabajadores de Aldea Salto presentaron el miércoles 7 de diciembre un proyecto de autogestión del centro para que “no queden trabajadores en la calle”, dijo Sequeira.