La Mesa Directora del Senado, en la que están las autoridades de la cámara alta, tenía que tratar ayer la decisión de un juez del STF, Marco Aurélio Mello, que separó de su cargo, temporalmente, al presidente de la cámara, Renan Calheiros. La decisión de Mello fue tomada a raíz de un recurso presentado hace meses por el partido Rede Sustentabilidade, que pidió que el STF defina si una persona acusada de cometer un delito puede estar en la línea sucesoria de la presidencia, en la que figuran, en orden, el vicepresidente de Brasil, el presidente de Diputados, el del Senado y el del propio tribunal.

Por sorteo, el recurso llegó al despacho de Mello, que debía adoptar una posición para luego exponerla ante los demás miembros del STF. El juez consideró que en la línea sucesoria de la presidencia no puede estar una persona acusada de cometer un delito, por lo que ordenó la destitución de Calheiros de forma provisoria, hasta que el pleno del STF trate el caso.

Hay 12 investigaciones judiciales que pidieron al STF que acuse a Calheiros de distintos delitos -el órgano debe dar su autorización para que las denuncias prosperen en el ámbito judicial debido a los fueros que tienen los senadores-, y la semana pasada se aceptó una de esas solicitudes, que corresponde a hechos ocurridos en 2007. Según esa investigación judicial, Calheiros desvió dinero de su gabinete parlamentario para pagarle la pensión alimenticia a una de sus hijas. Según algunos medios brasileños, el STF tratará este tema en su reunión de hoy, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

La mesa decidió esperar a que el tema sea tratado en el seno del STF. Argumentó que la de Mello es una decisión preliminar que “impacta gravemente en el funcionamiento de las actividades legislativas en su esfuerzo de tomar resoluciones sobre propuestas urgentes para sortear la grave crisis económica sin precedentes que enfrenta el país”. Agrega que la Constitución asegura el principio “de independencia y armonía” entre los poderes del Estado y “el derecho exclusivo de los parlamentarios de elegir a sus dirigentes”.

Sostiene también que es competencia del Senado deliberar qué hacer con aquellos integrantes de la cámara que enfrentan acusaciones judiciales, algo con lo que en realidad Mello no se involucra: el juez aclara expresamente que la destitución temporal se aplica al cargo de presidente de la cámara y no al de senador.

El argumento de la mesa acerca de la situación económica del país refiere directamente al gobierno de Michel Temer, que ha colocado en la agenda del Congreso reformas polémicas como la que congela el gasto público durante 20 años y la del sistema jubilatorio. Estas reformas son rechazadas por la oposición, que, si se confirma la destitución de Calheiros, se verá fortalecida, ya que el nuevo presidente de la cámara alta sería Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores.

Si bien en un principio Viana había dicho que convocaría a elecciones en el Senado si Calheiros era destituido, el senador es presionado por su partido para que se mantenga en el cargo hasta febrero, para cuando están previstas las nuevas elecciones de la cámara.

Creciente

La negativa de la Mesa es una muestra más de la tensión entre el Poder Judicial y el Legislativo, que el gobierno de Michel Temer ha intentado, sin éxito, reducir. La tensión viene en ascenso desde que el STF comenzó a investigar a varios diputados y senadores involucrados en el esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y tuvo un pico en mayo, cuando decidió la destitución del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. En ese entonces el Senado no se solidarizó con los diputados, algo que sí sucedió ayer con respecto a la situación de Calheiros. Luego vino un período de calma, pero las tensiones volvieron a aumentar en los últimos meses, cuando el Congreso trataba el paquete de medidas anticorrupción que cuenta con el respaldo del gobierno. El texto inicial fue el resultado de consultas entre el redactor del proyecto, el diputado Onyx Lorenzoni, y referentes del Poder Judicial. Las polémicas empezaron después, cuando los medios informaban de posibles cambios en el proyecto, y actores del Poder Judicial opinaban sobre esos eventuales cambios, algunos de los cuales no llegaron al papel.

El debate fue en aumento: algunos diputados y senadores -59% de los cuales son investigados por la Justicia- acusaron al Poder Judicial de que les impide cumplir con su función de legisladores. Como contrapartida, fiscales y jueces los acusaron de intentar obstruir la acción de la Justicia y de aplicarse a sí mismos amnistías para algunos delitos. Hubo una intención clara en ese sentido: en la Cámara de Diputados se intentó votar, en dos ocasiones, un proyecto de ley que crea un delito específico para cuando los partidos políticos llevan una contabilidad paralela en negro, pero que en los hechos amnistiaba a quienes ya están acusados de colaborar con ese tipo de prácticas.

Finalmente el texto aprobado en el Senado fue muy similar al que había sido presentado por Lorenzoni, pero en Diputados se hicieron varios cambios que disgustaron a jueces y fiscales, en particular a los integrantes del Ministerio Público que llevan adelante las investigaciones vinculadas a la corrupción en Petrobras. En rechazo a la ley, estos fiscales amenazaron la semana pasada con renunciar de forma colectiva a sus cargos.

Como parte del paquete anticorrupción, la Cámara de Diputados incluyó la creación de un mecanismo para destituir a jueces y fiscales mediante un juicio político en caso de que alguno cometa un “delito de responsabilidad”. Además retiró otras iniciativas después de que una comisión las considerara “autoritarias”, como la legalización de pruebas obtenidas por medios ilícitos.

El fiscal jefe del equipo responsable de las investigaciones sobre Petrobras, Deltan Dallagnol, dijo que si el Senado aprueba ese proyecto todo su equipo renunciará. Con la intención de criticar a diputados y senadores, dijo: “Hasta el gobierno de Dilma [Rousseff] avanzó con propuestas contra la corrupción mucho mejores que las que fueron aprobadas ahora”.