En un informe de casi 200 páginas, los frenteamplistas que integran la comisión investigadora sobre la situación de ANCAP resumieron la visión del oficialismo sobre los resultados del trabajo parlamentario. El texto fue redactado principalmente por el senador Marcos Otheguy -quien presidió la investigadora e integra Compromiso Frenteamplista (CF), la misma lista que integra el ex presidente del ente y actual vicepresidente, Raúl Sendic- y ha circulado entre los legisladores frenteamplistas que integran la comisión: Marcos Carámbula (lista 1001), Daisy Tourné (Partido Socialista) y Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609). El resto de los senadores aún no ha visto el documento, por lo que está previsto que mañana, durante la reunión de bancada del Frente Amplio (FA), se realice una presentación general de los contenidos y se hagan las primeras apreciaciones.
En el documento elaborado por el FA se responden los 12 puntos denunciados en la investigadora por el senador nacionalista Álvaro Delgado, entre ellos la presentación tardía de los balances de ANCAP; el resultado acumulado negativo del ente por más de 600 millones de dólares en cuatro años y el deterioro de su patrimonio, que pasó de 1.019 millones de dólares en 2009 a 432 millones en 2014; incumplimientos contractuales en el vínculo con Cementos del Plata, que implicaron pagos de multas por más de 7.000.000 de dólares; gastos excesivos en publicidad -de aproximadamente 11.000.000 de dólares en 2013 y 2014-; y el papel de intermediación de la empresa Exor en la cancelación de la deuda de ANCAP con PDVSA. El informe recoge las respuestas dadas en comisión por el directorio y los gerentes de ANCAP a estos puntos.
El tema más polémico, incluso en la interna frenteamplista, es el de las razones del déficit del ente. Sobre este asunto, el documento recoge los conceptos vertidos en comisión por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y Sendic, respecto de que ANCAP vio aumentados sus costos en 800 millones de dólares en cinco años, sobre todo los vinculados a la distribución, y que eso no se vio reflejado en el precio de los combustibles, en el marco del combate general del gobierno contra la inflación. “Aquí vino el equipo económico y no mintió, [dijo que] hubo 800 millones de dólares que no se habían reconocido en cinco años. No hay gestión que pueda resolver una reducción de ingresos de ese calibre”, sostuvo en ese sentido Sendic el 15 de diciembre, tras su comparecencia en la comisión. Astori, en tanto, manejó en el organismo la misma cifra en cuanto al aumento de costos, pero enfatizó que “no es posible concluir que cualquier aumento de costos se puede transferir a la población”.
El documento evita referencias a este tipo de discrepancias en el FA sobre la gestión del ente, que se hicieron explícitas en el cruce de cartas públicas entre Astori y el ex presidente José Mujica; para el equipo económico, ANCAP estaba “fuera de control” y eso fue advertido oportunamente -aunque Sendic niega que lo hayan hecho-, y para CF y el Movimiento de Participación Popular (MPP), principalmente, el equipo económico debería asumirse corresponsable del problema, porque no se aumentaron los combustibles para combatir la inflación.
La conclusión del informe que se presentará en bancada mañana es que la investigadora no pudo probar “ni ilícitos ni irregularidades”, que son el objeto central de la comisión. En cambio, evita ingresar en valoraciones sobre la gestión. En esta línea están fundamentalmente CF y el MPP. “Tenemos que resolver claramente qué es lo que se discute en la comisión investigadora. ¿En la investigadora se discuten problemas de gestión? La comisión debe investigar si hubo ilegalidades, y acá no hubo denuncias de ilegalidad”, dijo el senador Ernesto Agazzi (MPP).
La senadora Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) hizo notar que la comisión “se tiñó de temas vinculados a la gestión”. “Veremos qué dice el informe al respecto”, se limitó a señalar. Afirmó que el FA llegó a cuatro puntos de acuerdo sobre la investigadora y la situación de ANCAP, y remarcó que éstos deberían estar contemplados en el documento. Sin embargo, el redactor principal del documento, Otheguy, manifestó que no le consta que el FA haya acordado puntos que deberían reflejarse en el informe. “A mí nadie me planteó eso y no se incorporó ninguna consideración del FA en los contenidos del informe”, sostuvo. Agregó que el documento se elaboró exclusivamente a partir de una síntesis que realizaron los integrantes frenteamplistas en la comisión.
Por penales
El 15 de febrero, los cuatro partidos políticos que integran la comisión investigadora presentarán sus informes en el organismo. El Partido Nacional fue el primero en adelantar -el 15 de diciembre, cuando concluyó el trabajo de la investigadora- que presentará una denuncia penal por varios hechos que considera irregulares y eventualmente ilegales. El 19 de enero, el senador del Partido Independiente (PI) Pablo Mieres anunció que se sumaba a la vía legal. Su partido presentará una denuncia penal centrada en cuatro puntos: el proceso de adjudicación de la cuenta de ANCAP a la agencia de publicidad La Diez, que entienden irregular, así como la falta de control sobre la facturación de la agencia; el contrato de transporte de cal por medio de Cementos del Plata; el acuerdo de intermediación con Exor; y la fabricación del remolcador, que nunca llegó a utilizarse. Además, un capítulo del informe del PI contendrá propuestas de “modificación de reglas de juego”, según explicó Mieres. Propondrán que se apruebe una ley que determine que los gerentes de las empresas públicas sean designados por concurso y no por decisión política, y que se establezca una inhabilitación a quienes dirigen empresas públicas para ser candidatos a cargos electivos por un período de cinco años. Esta última propuesta recoge una iniciativa de Nuevo Espacio de 1999, cuando esta agrupación promovió un plebiscito para modificar la Constitución a tales efectos, que recibió el respaldo de 38% de los votantes y no fue aprobado.