En las primeras páginas del informe elaborado por el FA se citan las palabras de Astori cuando asistió a la comisión investigadora de ANCAP, para destacar la importancia de las empresas públicas y su complejidad. “Quería comentar, en primer lugar, que estoy convencido de que las empresas públicas -todas, no sólo ANCAP- juegan un papel absolutamente esencial en el marco de un proceso de desarrollo económico y social para el Uruguay” es la primera cita de Astori. También se toman palabras del ministro para señalar “la importancia de las tarifas de las empresas públicas como herramientas fundamentales de las políticas públicas y sus efectos fiscales e inflacionarios a escala global”; este último punto viene a fundamentar la decisión del gobierno anterior de no aumentar las tarifas del ente como una forma de controlar la inflación.
En la parte inicial del informe se hace una serie de puntualizaciones sobre la denuncia presentada por el senador nacionalista Álvaro Delgado en la comisión, y se concluye que se construyó un discurso público sobre lo sucedido en el ente que difiere de la situación real, según surge del trabajo de la comisión. En primer lugar, se recuerda que en la investigadora la carga de la prueba la tiene el denunciante, y que éste “no imputó hechos o conductas particulares o concretas del directorio de ANCAP o de alguno de sus integrantes sospechadas como 'irregulares o ilícitas'” -el informe del FA se detiene en el significado de estos dos últimos términos- que puedan ser “objeto de averiguación, indagación o investigación, y a cuyo respecto los sospechados puedan articular sus defensas con todas las garantías del debido proceso y tener la oportunidad de contraprobar con los medios probatorios a su alcance”. “Sólo se comenta críticamente los resultados de los estados contables o financieros, no hay hechos o conductas que probar o contraprobar”, sostiene el informe del FA. Por otra parte, señala que auditar los balances de ANCAP no es competencia de la investigadora, sino del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
Además, advierte que “no todos los efectos directos e indirectos de la actividad de ANCAP y su grupo de empresas se derivan de la lectura de los estados financieros de ANCAP”. “Los estados contables o financieros no registran -porque no constituye su objetivo- los impactos globales en lo social, económico y productivo del país”, se remarca. El informe constata que existen “concepciones ideológicas antagónicas sobre el Estado, la sociedad, la economía (dándole exclusiva relevancia al economicismo) y del rol de las empresas públicas” que están influyendo en el análisis de este tema.
Agenda opositora
La actuación de la oposición durante el funcionamiento de la comisión investigadora parlamentaria sobre ANCAP oscila entre una importante exposición pública, como en el caso del Partido Nacional (PN), y un hermetismo total. Esta última actitud aplica a la actuación del senador colorado Pedro Bordaberry, que hasta el momento no ha dado pistas sobre las conclusiones de su informe, al punto de que dirigentes de su propio partido, como Tabaré Viera (Espacio Abierto), lo invitaron públicamente a informar sobre el tema. Hoy Bordaberry se reunirá a las 11.00 con la bancada colorada y con los integrantes del Comité Ejecutivo de su partido para informar sus conclusiones y, más tarde, dará una conferencia de prensa.
En el caso del PN, a las 14.00 se reunirán los legisladores integrantes de la comisión, la bancada de senadores del partido, la coordinación de diputados y los miembros del directorio, quienes discutirán el tema. Posteriormente se presentará el informe a la secretaría del Senado, que dividirá los temas en “errores y horrores de gestión, irregularidades y presunción de ilicitudes”, detalló Álvaro Delgado.
El senador nacionalista explicó a la diaria que su partido aguardará la discusión de los informes de los partidos políticos, el miércoles, en el plenario del Senado, para presentar algunos elementos ante la Justicia penal. Entre ellos, contrataciones sin llamados en empresas colaterales de ANCAP, asignación de publicidad, pago extrajudicial a la intermediaria financiera Exor, la situación con el remolcador de la Armada y el hecho de que el gasto efectivo del ente haya sido, en algunos casos, tres veces superior a las inversiones previstas.
El Partido Independiente, en tanto, identificó 17 situaciones irregulares, seis de las cuales estarían incluidas en una denuncia penal, según informó a la diaria el senador Pablo Mieres: adjudicaciones de equipamiento en las plantas de cemento y cal, contrato de transporte de la cal, el caso del remolcador, omisión de declarar importaciones por parte de ANCAP, gestión de la publicidad y acuerdo transaccional con Exor.
El documento que presentará hoy de tarde el FA a la secretaría del Senado sostiene que se generó “una especie de novela periodística sobre la gestión de ANCAP” y advierte de la “falsedad absoluta” de algunos conceptos manejados públicamente por la oposición, por ejemplo la afirmación de que “todas las inversiones previstas” en el plan estratégico de ANCAP “se multiplicaron por tres o cuatro”. Esto es falso, enfatiza, porque supone “desconocer deliberadamente las elementales fases de estudio, preparación y ejecución de todo proyecto de inversión. Desconoce la evolución que los proyectos fueron sufriendo en términos de diseño, de cambios tecnológicos, de ampliaciones para contemplar las necesidades no explicitadas originalmente”. Cita palabras del gerente de Negocios Energéticos de ANCAP para concluir que no se puede comparar el costo de inversión real total con un estudio de factibilidad que tiene un nivel de precisión muy bajo.
Sobre todos los puntos planteados por el senador denunciante Delgado, el informe del FA concluye que no existieron irregularidades ni ilícitos. En particular, sobre el caso del remolcador que ANCAP compró a la Armada y luego no utilizó -hecho que formará parte de la información que enviarán a la Justicia tanto el PN como el PI-, el informe del FA afirma, en primer lugar, que “existieron incumplimientos no imputables al Directorio de ANCAP en los plazos de entrega de las barcazas y el remolcador”, ya que la entrega se demoró cinco meses. Además, señala que desde el punto de vista jurídico estuvo “plenamente justificada” la decisión de ANCAP de no aceptarlo, ya que las cláusulas pactadas con la Armada exigían una sonoridad menor que la que tenía efectivamente el remolcador.
Otro de los puntos que formarán parte de la información que la oposición enviará a la Justicia es la asignación de publicidad por 5.000 dólares a la radio comunitaria Quebracho, de Paysandú, en momentos en que ésta no había comenzado a emitir. Sobre este tema el FA concluye que el incumplimiento es del privado -para el caso, no haber emitido la pauta en el momento pactado- y no es imputable al directorio de ANCAP, y cita a tales efectos un informe del servicio jurídico del ente. Sobre los gastos de publicidad en general, y en particular sobre la contratación de la agencia de publicidad La Diez -observada por el TCR- se concluye que, si bien el gasto fue observado, el Directorio de ANCAP, como todos los organismos, puede insistir en él. En ese caso, el TCR puede mantener su observación y debe comunicarlo a la Asamblea General. “No se ha acreditado ante la comisión investigadora que el Tribunal diera noticia consustanciada a la Asamblea General”, apunta el informe del FA.
Conciliando
Desde el jueves hasta ayer, el FA se dedicó a afinar la redacción del informe, que fue modificado a raíz de discusiones internas. El Frente Liber Seregni presentó días atrás un agregado de 15 páginas al borrador que había elaborado el presidente de la comisión investigadora, Marcos Otheguy (de la lista 711). El punto más polémico consistía en conciliar la visión del directorio de ANCAP y del vicepresidente Raúl Sendic, que sostiene que la decisión del gobierno de contener la inflación afectó la estructura de costos internos de ANCAP al impedirle subir las tarifas, y la visión del equipo económico -y del FLS-, referente a que lo sucedido formaba parte de las políticas globales del gobierno y que el aumento interno de costos del ente no debía reflejarse automáticamente en las tarifas.
Sobre este punto, el informe señala: “Se comparte el criterio del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto a que los precios de los combustibles, por su importancia en la macroeconomía, por las necesidades del mercado y por criterios de racionalidad y razonabilidad, siempre tienen un tope. Se reconoce también que los combustibles en su circulación (venta) como bienes constituyen hechos generadores de obligaciones tributarias que constituyen una fuente de recaudación muy relevante para los organismos recaudadores y para el cumplimiento de los fines estatales”. No obstante, agrega: “Se constata que cada componente que se incorpora a la estructura de costos de la paramétrica reduce el espacio genuino de ANCAP para instalar sus costos internos o endógenos. La incidencia de los tributos y otras cargas legales (subsidio del boleto) en la composición del precio final de los productos monopolizados en el caso de las naftas y del gasoil representa en el momento actual, aproximadamente, un 45% y un 37%, respectivamente”. Finalmente aconseja la “revisión del régimen tributario aplicable a los combustibles, orientándose hacia la neutralidad fiscal o tributaria de los mismos, incorporando un tope análogo al de otros tributos al consumo y determinando fuentes sustitutivas de recaudación”.
