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Nacional | Lunes 29 • Febrero • 2016

Dengue y ley de medios: la plata o la vida

Columna de opinión.

Una veintena de casos autóctonos de dengue y casi 300 en estudio. La epidemia se instala en Uruguay y se toman decisiones para que su impacto no sea mayor. Con urgencia pero con protocolos de actuación planificados hace tiempo, sin improvisaciones.

Más allá de la atención a los infectados, el Ministerio de Salud Pública (MSP) concentra sus baterías en informar, educar y prevenir, pensando en una enfermedad que vino para quedarse. La clave no está sólo en la buena respuesta de nuestro sistema de salud (con un liderazgo gubernamental que está haciendo las cosas bien), sino en la capacidad de la población para combatir al mosquito portador del dengue, el zika y la chikungunya en su entorno inmediato.

La principal herramienta para implementar esa estrategia son las campañas de información, que, por medio de diversas plataformas y recursos (folletos impresos, spots radiales y televisivos y el uso de las redes sociales), tratan de llegar a la población para enseñar cómo se debe eliminar el Aedes aegypti y, en consecuencia, prevenir las enfermedades que transmite.

Las emisoras de radio y televisión son nuestros principales medios de información y comunicación (con casi 100% de presencia en hogares de todo el país); cualquier “campaña de bien público” debe incluir una suficiente cantidad de mensajes en estos soportes. Esto implica un gasto público enorme. Es decir, un gasto enorme para el Estado y para todos nosotros. Hagamos algunas estimaciones.

Apenas un segundo de publicidad en televisión cuesta unos 600 pesos, IVA incluido, para cualquier anunciante privado. Un aviso de 30 segundos costaría, entonces, 18.000 pesos. Para que tenga algún impacto televisivo, expertos estiman que habría que pautar al menos diez spots diarios (cinco minutos por día). Durante una semana serían 1.260.000 pesos, es decir, unos cinco millones de pesos por mes.

Se estima que una campaña fuerte contra el dengue perfectamente podría durar tres meses (en estos momentos, según los planes del MSP, dos meses y medio), por lo que para emitir spots en sólo un canal de televisión abierta de Montevideo se deberían gastar 15.000.000 de pesos o 500.000 dólares. Por tanto, publicitar en los tres canales privados de televisión abierta de Montevideo costaría unos 1.500.000 de dólares. Y esto sin incluir menciones en los canales de televisión abierta del interior, en señales de televisión para abonados, ni en radios de Montevideo y el interior, ya que se trata de una campaña nacional. Tampoco se considera el costo de avisos en la prensa, la cartelería pública e internet.

Por supuesto que las restricciones presupuestales deben estar obligando a realizar una campaña mucho menor que la necesaria, pero... ¿a usted le parece justo pagar esos montos millonarios en publicidad para salvar vidas humanas?, ¿le parece aceptable tener que pagar en publicidad para proteger necesidades y derechos básicos de nuestra población? ¿Y si le digo que podríamos ahorrarnos ese dinero y destinarlo a otras cosas?

La aplicación de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sería suficiente; más precisamente, el literal B de su artículo 95. Esta disposición refiere a las “contraprestaciones” que deben brindar los titulares de servicios de radio, televisión abierta y televisión para abonados a cambio de tener sus licencias para operar en el país. En otras palabras, la obligación que nunca antes tuvieron de devolver algo a la sociedad por haberles concedido un derecho a lucrar (legítimamente, por supuesto), en algunos casos usufructuando un bien público como el espectro radioeléctrico.

La norma permite a los organismos públicos (como el MSP, en este caso, o las intendencias) utilizar, gratuitamente, “hasta 15 minutos diarios” para “realizar campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación”.

Incluso, la ley le pone una “mordaza” al gobierno para que no utilice este mecanismo para beneficio propio. “Dichas campañas no podrán utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos ni podrán incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza”, expresa de manera clara y contundente.

Los canales 4, 10 y 12 consideran que este artículo es “injusto”, una “expropiación”, e “inconstitucional”. Un buen ejemplo de lo que está en juego en esos reclamos ante la Justicia: no es su libertad de expresión lo que defienden, sino el derecho a tener ingresos económicos sin limitaciones. Razonable, hasta entendible, pero inaceptable cuando está en juego el interés general de toda la población. Además, es constitucional.

El dictamen de la Fiscalía de Corte es claro: no hay inconstitucionalidad, porque “es pues en aras de aquel interés nacional que debe valorarse la imposición de espacios gratuitos en los medios, siempre, claro está, en el entendido que su extensión y su proporcionalidad no resultare arbitraria, extremo este que no se verifica en el art. 95 lit. b de la LSCA y que, por ende, su constitucionalidad no se ve afectada”.

Aplicar este artículo de la ley audiovisual (mal llamada “ley de medios”) sería un excelente aporte a la lucha contra el dengue y demás enfermedades (también sobre seguridad ciudadana, accidentes de tránsito y violencia doméstica), además de un ahorro muy importante en materia de publicidad oficial. No digo usar los 15 minutos máximos que la ley permite; alcanzaría con emitir publicidad gratuita en cada medio audiovisual durante apenas cinco minutos por día para hacerse una idea del impacto económico y social que ello tendría.

La necesidad de respuestas urgentes y contundentes contra el Aedes aegypti exige que el gobierno utilice las posibilidades que le brinda a la sociedad la LSCA, vigente desde enero de 2015. Por exigencia legal y ética. Por estar ante una emergencia nacional y por la defensa de la salud y la vida de nuestra población. Porque en este tema el gobierno está haciendo las cosas bien y esta herramienta le permite hacerlas mejor.

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