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Nacional | Jueves 25 • Febrero • 2016

Néstor Mazzeo, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, durante un coloquio sobre el agua, ayer, en la Fundación Konrad Adenauer. Foto: Federico Gutiérrez

Juguemos en serio

Aviaga presentará proyecto de ley para penar a quienes delincan contra el medioambiente y el territorio.

Detrás de una misma mesa de la fundación alemana Konrad Adenauer, ayer se reunió a la academia, la gestión y la política. El objetivo: discutir uno de los temas más candentes de los últimos tiempos, “el futuro del agua”. “Esto es más importante” que la reunión de la oposición que se estaba desarrollando simultáneamente en el Palacio Legislativo para denunciar judicialmente a ANCAP, afirmó la senadora nacionalista Carol Aviaga, minutos antes de disertar.

Desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario aseguró que “más allá de las diferencias”, el tema del agua está arriba de la mesa y la “preocupación” general está instalada. Argumentó señalando que por eso se consiguió, sin que nadie chistara, un aumento “significativo” para la cartera, que implica 80% más para inversiones: 80 millones de pesos para 2016 y 127 millones anuales a partir de 2017. En ese sentido, recordó que hace diez años había 80 funcionarios en la Dinama y hoy hay unos 300. También aseguró que en las intendencias se están creando direcciones de Desarrollo Ambiental que distan de la concepción únicamente sanitaria a la que se veía reducida la higiene de la ciudad. Además, se está instalando un “sistema” que apuesta a que el “vecino” denuncie en los municipios, porque es “imposible” que haya inspectores en todos lados todo el año, afirmó. El nuevo sistema también implica un informe de devolución al denunciante, que incluya las actuaciones emprendidas, para darle “credibilidad” al sistema e incentivar a cada ciudadano a asumir “la responsabilidad” y denunciar. Nario entiende que este conjunto de acciones dan cuenta de “una política ambiental de Estado”.

“Le creo a Alejandro, pero es evidente que hasta ahora las medidas han sido insuficientes”, dijo Aviaga. Destacó la falta de saneamiento y el uso descontrolado de agrotóxicos y agroquímicos como dos de las principales causas de la contaminación en las cuencas acuíferas del país. Respecto del último punto, señaló que el año pasado aumentó 300% la importación de glifosato, el principio activo de Roundup, el herbicida de Monsanto que se ha consolidado como el más vendido en todo el mundo (“probablemente cancerígeno”, según la Organización Mundial de la Salud). “Sí que se puede controlar. No es válido que nos digan que no se puede controlar por falta de recursos”, sostuvo la senadora. Aviaga reclamó “medidas firmes” e inversión para revertir y monitorear la actividad industrial y el curso de las aguas. Para ello considera indispensable “pensar en forma inteligente” el ordenamiento territorial “básico”, que tenga en cuenta “el costo que tiene el Estado para limpiar el agua que se contamina”. El “futuro sustentable capaz que no es la política desarrollista infinita”, sostuvo. Agregó que es necesario “asociar” las “idiosincrasias de los pueblos y los ecosistemas”, un tema “neurálgico”, que implica pensar alternativas al desarrollo productivo. En ese sentido, anunció que está trabajando en un proyecto de ley para penar a quienes cometan delitos ambientales y territoriales.

Por otro lado, señaló algunos “retrocesos” en las políticas ambientales, que adjudicó no exclusivamente a los directores de los organismos relacionados con el medioambiente, sino principalmente al “aumento de las políticas productivas”. Recordó que con la aprobación de la última Ley de Presupuesto se eliminó la evaluación ambiental estratégica, una “herramienta fundamental” para desarrollar proyectos de cualquier tipo. “Lamentablemente, ahora, si se quiere implementar un proyecto petrolero, no existe la obligación” de llevar a cabo un estudio que lo evalúe, agregó. Añadió que también se creó la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que depende del Poder Ejecutivo. La legisladora considera que además de la posibilidad de evadir un control parlamentario, con la creación de este organismo no queda claro “quién tiene la responsabilidad” en materia ambiental. Dijo que en el caso del agua puede caer tanto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como en OSE, la Dinama o la Secretaría.

Otro de los disertantes fue Néstor Mazzeo, director del South American Institute for Resilience and Sustaintability (Instituto SARAS) y profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Empezó criticando a la academia, asegurando que si se formara a los profesionales de otra forma se evitaría el desconocimiento sobre determinadas externalidades negativas que implica la gestión de recursos naturales para la explotación. En ese sentido, aseguró que el sistema falla en cómo “manejar la incertidumbre”: las propiedades desconocidas, intrínsecas, de un sistema. Por otro lado, hizo hincapié en el “problema serio” de la comunicación: en Uruguay no hay periodistas formados para informar sobre el tema, aseguró, lo que conduce a que muchas veces la prensa desinforme. También indicó que los “ciclos” de la actividad política difieren de las dinámicas de los ecosistemas, haciendo alusión al trabajo parlamentario de cinco años, pausa en verano, etcétera, e hizo énfasis en el esfuerzo coordinado necesario para mirar la discordancia de los ciclos a gran escala y generar políticas verdaderamente atemporales, que piensen en el futuro. Aseguró que existe una “ausencia” de discusión sobre las “estrategias de desarrollo”: no se piensa cuál queremos. Según Mazzeo, los políticos están “muy concentrados en el control pero no en las propuestas”. Señaló que hay un solo proyecto de ley, presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry, que procura la creación de observatorios ambientales, cuestión que considera importante.

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