El titular de la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP), el frenteamplista Guillermo Caraballo, junto a varios jerarcas de esa comuna, brindó el viernes una conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de una auditoría administrativa que abarcó secciones de la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana, el área de Promoción Social (canasta y comedores), las Termas del Guaviyú, obras específicas realizadas en el departamento y el Presupuesto Participativo, y que arrojó una serie de irregularidades cometidas durante la administración del nacionalista Bertil Bentos. El estudio fue realizado por la consultora RSM Uruguay.

Caraballo señaló que tenía claro que el trabajo debía estar a cargo de “una empresa independiente, alejada de los tintes partidarios” y que se desempeñara “con estricto rigor científico”. Luego aclaró que se trata de una “práctica sana”, que “da garantías tanto a quien entra como a quien se va de la función”, y que “no va en busca de la cabeza de nadie, sino que se apunta al fortalecimiento institucional”. “El estudio constata en forma contundente la situación administrativa que se sospechaba. La intendencia se encontraba en una situación de devastamiento administrativo. Nos encontramos con una faltante de centenares de documentos y expedientes, sea por desaparición, por destrucción o por mutilación. No sabemos muy bien la razón; la investigaremos”, comentó Caraballo. El intendente explicó que en todas las áreas que se decidió auditar, cuando se solicitó documentación a la IDP, no se pudo obtener “toda la documentación requerida”, incluso después de decidir que “todo el personal disponible trabajara horas extras y días inhábiles para encontrar los documentos faltantes, tarea que no dio resultado”.

El jerarca expresó que en la Dirección de Tránsito se constató la expedición de licencias de conducir de regalo y “a ojo”, faltando en el trámite la presentación del carné de salud, el certificado de buena conducta, recibos de pago y denuncias de extravío, y el curso de manejo defensivo o la constancia de voto.

“En cuanto a empadronamientos de automotores, se indica que se hicieron de forma sumamente irregular, con ausencia total de constancia de domicilio y faltantes del Seguro Obligatorio de Automotores, certificados de aduana, carta de empadronamiento e inspección técnica”, manifestó el intendente. Con respecto a las multas, dijo que se detectaron “multas perdonadas a discreción, borradas de los registros o con actas enmendadas”, así como “multas dejadas sin efecto por personal de administración, con y sin resolución del superior competente, que no fueron ingresadas en el sistema ni tienen resolución formal de la Dirección de Tránsito”. “Más de 40% de las multas no tienen verificación del Sucive [Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares] y más de 60% tienen defectos graves y enmiendas en el acta de sanción. Se verificó que en más de 70% de las incautaciones de motos hay defectos graves y enmiendas en el acta de incautación, y no existe acta de comprobación de la infracción”, agregó. Enseguida, Caraballo anunció que la desaparición de expedientes “cuya mutilación o destrucción está penada por la ley”, “conjuntamente con las gravísimas irregularidades constatadas, ameritaría formular la respectiva denuncia penal, a efectos de investigar estos hechos”.

En las Termas de Guaviyú la auditoría detectó la inexistencia de arqueos de caja y de control de ingresos de personas al predio o de autorizaciones de bonificaciones y descuentos, y de pagos y contratos con los locales comerciales. “No se halló registro contable de la cobranza de los terrenos vendidos en 2010 en el centro termal ni se obtuvo el estado de cuenta bancario, por lo tanto no hay identificación de depósito de cobranza”, informó el intendente. En el Presupuesto Participativo se constataron “desviaciones flagrantes en el control de los proyectos involucrados”, a tal punto que “se asignaba dinero para una cosa pero el destino era otro”. “Hubo asignación de recursos del Presupuesto Participativo a particulares, no a grupos de vecinos o instituciones. Existieron desvíos en la presentación y/o control de rendiciones de cuentas de los beneficiarios, no hubo o en algunos casos fueron muy escasos los controles en etapas de ejecución y cierre de proyectos”, dijo Caraballo.

Finalmente, el intendente informó que en el Departamento de Desarrollo Social se repartieron canastas a personas “cuyos ingresos estaban por encima de lo requerido”. “La dirección entregó de forma absolutamente discrecional 231 canastas de las cuales sólo en 27 casos se cumplió con la ficha de evaluación, y solamente en siete casos existe documentación de la decisión discrecional”, dijo Caraballo.