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Nacional | Viernes 19 • Febrero • 2016

Eduardo Bonomi. Foto: Federico Gutiérrez (archivo, setiembre de 2015)

Verde y azul no son lo mismo

Legisladores frenteamplistas rechazan propuesta de Bonomi de que el Ejército se encargue de tareas de seguridad interna.

“No tendría problema en que el Ejército se encargue de la seguridad de las embajadas y así liberar de esa tarea a los policías”, dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, según publicó ayer Búsqueda. También manejó la posibilidad de que el Ministerio del Interior (MI) recurra al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para tareas “puntuales” de seguridad interna. Las declaraciones aparecen seis días después de que Bonomi adelantara en una entrevista publicada en Brecha que la Guardia Republicana hará intervenciones a pie y en vehículos blindados en cuatro barrios de Montevideo donde, según el ministro, se produce la mitad de las rapiñas de la ciudad: “¿Cómo no vamos a reforzar la vigilancia ahí? Comprobamos que cuando intensificamos el despliegue las cosas cambian rápidamente [...] No se estigmatiza al barrio. Lo que estigmatiza al barrio es que, bajo el argumento de que no hay que estigmatizar, se lo deje a su libre albedrío”. “Para que el Ejército haga lo que está haciendo la Republicana hay que cambiarle las funciones”, agregó. De todas formas, Bonomi aclaró que no está planteado que esas tareas incluyan la intervención del Ejército en barrios “complicados”. La situación está “lejos de estar fuera de control”, dijo. “No hay que recorrer el camino de la guerra. Colombia y México están yendo a contrapelo de esa lógica”.

El líder del Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry, ya había pensado algo parecido. El 15 de febrero de 2015 presentó un proyecto de ley que permitía la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la custodia y seguridad de las sedes de representaciones, organismos internacionales y misiones diplomáticas y que, además, habilitaba el patrullaje y control de las fronteras secas (las que, como el nombre lo indica, no atraviesan masas acuáticas). El proyecto encomendaba al MDN la seguridad de esas zonas con las mismas armas con las que cuentan los demás integrantes del Ejército, y estarían habilitados a usar la fuerza física “en forma racional, progresiva y proporcional debiendo agotar antes los medios disuasivos”, según cita textual a la Ley Orgánica Policial de 1971. En la exposición de motivos, Bordaberry decía que la norma apuntaba a liberar a la Policía de algunas responsabilidades para mejorar la seguridad pública: “Permitirá al Ministerio del Interior contar con un significativo mayor número de efectivos y recursos humanos en forma rápida y eficaz para volcar a las tareas de patrullaje, de prevención y represión del delito”. El senador colorado citaba como antecedente un decreto de 1997 -por ende, firmado por el entonces presidente, Julio María Sanguinetti- que cedía por tres meses la custodia de sedes consulares y las cárceles a las FFAA.

Rafael Paternain, senador suplente de Constanza Moreira por el sector Casa Grande del Frente Amplio (FA) y ex director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del MI, opina que no es buena idea que el Ejército intervenga en tareas de seguridad interna. “Son insinuaciones preocupantes, declaraciones blandas que parecen ir preparando el terreno para otros anuncios”, manifestó. Paternain dijo a la diaria que liberar a los policías de las embajadas sería una “sustitución marginal” y que, de todas formas, Uruguay es un país “con una tasa altísima de policías por habitante”; considera, incluso, que hay que revisar algunas tareas de las FFAA, como el control de los aeropuertos.

Roberto Chiazzaro, diputado del Partido Socialista, piensa en el mismo sentido. “La medida realmente me sorprende”, dijo en diálogo con la diaria. “Hay tareas que el Ejército no debe cumplir, pero estoy dispuesto a escuchar la opinión del ministro y ver si hay una fundamentación, y a recopilar información al respecto”. Chiazzaro no cree que cuidar embajadas sea una función adecuada para las FFAA, como sí lo es el control perimetral de las cárceles. Si el objetivo de fondo es liberar agentes de policía para la prevención y represión del delito, agregó, se puede tomar otras medidas como el traslado de personal.

“Cada fuerza tiene su competencia”, expresó la senadora frenteamplista Daniela Payssé, del sector Asamblea Uruguay. “Una cosa es la defensa y otra, la seguridad pública. Desde el punto de vista conceptual, no estoy de acuerdo”, dijo, pero adelantó que estudiará el aspecto de la seguridad de las sedes consulares, ya que el hecho de si corresponde o no considerar que allí hay una frontera podría ser determinante. Payssé recordó que Bonomi compareció ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo el 4 de febrero por irregularidades en la Guardia Republicana, y que no les planteó nada sobre la seguridad en las embajadas.


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