Ir al contenido

Nacional | Viernes 11 • Marzo • 2016

Emilene Martínez y José Clastornik durante la presentación de las metas del 2º Plan de Acción de Gobierno Abierto, ayer, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Santiago Mazzarovich

A incubar

Investigación independiente señala el “bajo peso” de la participación ciudadana en los compromisos de gobierno abierto.

Desde la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2008, el avance en la materia ha estado asociado básicamente a la implementación del gobierno electrónico y no tanto a la apertura de datos y participación de la sociedad civil. Un informe sobre avances de Uruguay en materia de gobierno abierto, presentado ayer por los investigadores independientes de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés), da cuenta de esto y propone para el próximo Plan de Acción de Gobierno Abierto, que regirá desde junio de este año hasta 2018, apostar a empoderar a la ciudadanía y hacerle saber su derecho de acceso a la información.

Los países que integran la OGP desarrollan planes de acción bianuales. Uruguay comenzó su primer plan en 2012 y actualmente está finalizando la ejecución del segundo, vigente hasta junio de 2016.

La OGP se creó en setiembre de 2011 en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la participación de ocho gobiernos encabezados por Estados Unidos y Brasil. A partir de entonces creció de una manera exponencial, y cinco años después cuenta con la participación de 69 países -15 de América Latina y el Caribe- que llevaron a cabo 110 planes de acción.

El Mecanismo de Revisión Independiente de la OGP busca implementar un plan de investigación a nivel local en todos los países participantes, con el objetivo de apoyar el desarrollo de los respectivos planes de acción de gobierno abierto, así como dar seguimiento y difusión de los avances alcanzados.

Ayer fue el turno de Uruguay, “uno de los alumnos destacados”, según Emilene Martínez, representante de la sociedad civil de la OGP, quien celebró “el diálogo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil” para desarrollar los planes de acción, aunque resaltó la necesidad de “darles formalidad e institucionalidad” a los espacios de conversación, para “ayudar a la memoria de lo acordado”.

El segundo plan de acción constó de 40 compromisos, nueve de los cuales fueron cumplidos en su totalidad en el primer año del plan, 18 cuentan con un avance sustantivo al día de hoy, 12 tienen un avance limitado y solo en uno de ellos no hubo avance.

De estos 40 compromisos, en cuya conformación participaron 27 organismos públicos y 13 organizaciones de la sociedad civil, 33 tienen que ver con el acceso a la información pública, 11 con la participación ciudadana y nueve con la rendición de cuentas -hay algunos que comparten varios valores-.

Si bien los 40 fueron evaluados positivamente, hay tres que se presentaron como “estelares”, por ser “medibles”, “claramente relevantes a los valores de OGP”, por su “impacto potencial transformador” y también por tener un nivel de cumplimiento sustantivo o completo a la hora de la revisión. Se trata del registro abierto de catastro, que publica los padrones rurales y urbanos de todo el país y que recibe sugerencias y líneas para la construcción, el Registro Único de Proveedores del Estado, el Observatorio de las Compras Públicas y el Sistema Integrado de Gestión de Consultas y Reclamos Municipales de la Intendencia de Maldonado.

La próxima ola

Con vistas a la tercera ola de acciones, Analía Bottoni y Anabel Cruz, investigadoras independientes del Instituto de Comunicación y Desarrollo, hicieron cinco recomendaciones: retomar las propuestas pendientes que no fueron incluidas en el segundo plan; generar “marcos claros” sobre participación ciudadana, que al día de hoy tiene un peso “muy bajo” en los compromisos, retomando lo marcado por Martínez respecto de la formalización de los distintos grupos de trabajo; vincular el plan de acción con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU que hacen hincapié sobre todo en el avance en materia de género, sustentabilidad ambiental y protección infantil; crear “comunidades más seguras” y mejorar la rendición de cuentas corporativa; e incorporar mayor cantidad de objetivos de nivel subnacional.

Bottoni y Cruz sugirieron para el próximo plan “no apostar a compromisos tan ambiciosos” y, en cambio, “reducir la cantidad y focalizarse más en los prioritarios”, de manera que “realmente puedan hacer un cambio en la vida de las personas”.

Los temas prioritarios para las investigadoras refieren a la implementación del acceso a la información y los mecanismos de participación ciudadana. “Todavía hay un desconocimiento de la ciudadanía respecto de la Ley de Acceso a la Información Pública, y también es necesario pasar datos públicos a datos abiertos”, estableció Cruz. Por otro lado, dijo que “al día de hoy no hay un empoderamiento verdadero de las organizaciones de la sociedad civil ni de la ciudadanía, sino que el nivel de la participación de éstas aún es débil”.

Según informaron ayer representantes de la Red de Gobierno Abierto, durante abril la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento implementará mesas de diálogo con la ciudadanía para “construir compromisos” que en mayo se plasmarán en una primera propuesta de borrador del tercer plan, que en junio se someterá a consulta pública para su validación. Finalmente, para julio se espera la aprobación final.

Etiquetas