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Internacional | Jueves 03 • Marzo • 2016

Diferentes diagnósticos

En respuesta a la CIDH, el gobierno de México negó que el país sufra una crisis de derechos humanos.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa como ejemplo de crímenes con participación de agentes estatales; de “impunidad estructural y casi absoluta”; y de una “grave crisis de violencia y de seguridad” que México atraviesa “desde hace varios años”.

Recuerda los efectos que tuvo la “guerra contra el narcotráfico” que impulsó el ex presidente Felipe Calderón desde 2006, con la participación de militares en tareas de seguridad pública, y señala que esta política aumentó la violencia. “La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la ‘guerra sucia’”, afirma el informe. Dice también que durante el actual gobierno, si bien hubo avances legislativos, no se observaron “cambios sustanciales” en las políticas de seguridad.

El documento, titulado “Situación de los derechos humanos en México”, señala que entre los colectivos que enfrentan mayores riesgos, ya sea por razones de “discriminación histórica” o por sus actividades, se encuentran las mujeres, los migrantes, los niños y adolescentes (cuyas desapariciones están aumentando), los pueblos indígenas, los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Acerca de las desapariciones, el informe destaca que en setiembre de 2015 la cifra oficial de personas “no localizadas” era 26.798. Señala que existe información sobre “una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado” o con participación de éstos, así como una impunidad que lleva a perpetuar las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la CIDH celebra la apertura del Estado mexicano a recibir técnicos internacionales como los que envió esa comisión para investigar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. A partir de este caso, el informe también habla de tortura, y afirma que durante la investigación se encontró que 77% de las personas indagadas habían sufrido lesiones corporales, “un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra”.

Para la CIDH, el reto que tiene México es “cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimenta un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto negó que el país enfrente una crisis de vigencia de los derechos humanos. En un comunicado citado por la agencia de noticias Efe y el diario La Jornada, el Ejecutivo mexicano manifestó que el informe de la CIDH “tuvo un sesgo inicial” y llega a “conclusiones sin fundamento”. Agrega que “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos”, y que no tiene en cuenta los esfuerzos del Estado “para atender las causas y consecuencias de la violencia [...] garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la Justicia”. Pese a todo esto, afirma que “toma nota” de las recomendaciones de la comisión y que “muchas de éstas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas”.

El martes se conocieron novedades de otro caso de desapariciones en las que participaron agentes del Estado: el de cinco jóvenes detenidos por policías en Veracruz, el 11 de enero, en una estación de servicio. Un policía -el octavo que fue detenido por este caso- dijo que José y Bernardo Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González y Susana Tapia -que tenía 16 años- fueron interrogados y después asesinados. Agregó que sus cuerpos “fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río”, según dijo a Televisa un responsable del departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Roberto Campa. Autoridades policiales aclararon que el testimonio “no constituye todavía algo definitivo”.

El informe de la CIDH no fue la única crítica que recibió ayer el gobierno mexicano. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, cuestionó la falta de avances en la investigación sobre el asesinato de 72 migrantes de Brasil, Guatemala y El Salvador, en agosto de 2010, en un rancho del municipio de San Fernando. En un comunicado, la organización consideró que la investigación fue insuficiente y agregó que las familias manifestaron que no fueron recibidas por la Fiscalía ni obtuvieron información acerca de los avances de la investigación pese a que viajaron hasta México para reclamarla. También para Amnistía Internacional el Estado mexicano está en falta.

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