Ir al contenido

Nacional | Miércoles 09 • Marzo • 2016

Reunión de Danilo Astori con la Comisión de Defensa de la Competencia, ayer, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Santiago Mazzarovich

El poder del saber

Gobierno apunta a dotar de información a consumidores e investigar concentración de mercado para combatir inflación.

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y el Área de Defensa al Consumidor, planea llevar a cabo diversas prácticas en busca de contener la inflación. El área encargada de la defensa de la competencia investigará posibles comportamientos ilegales en mercados o productos a determinar y el Área de Defensa al Consumidor pedirá a las grandes superficies que reporten a diario los precios que fijan en cada sucursal. No se descarta publicar listas de precios en los establecimientos para que los propios consumidores puedan corroborar su aplicación.

Cuando en ciertos mercados naturalmente no hay competencia entre las empresas -sea por la posición dominante de una de ellas o por la existencia de un monopolio- es el Estado el que debe actuar. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, mantuvo ayer una reunión con las autoridades de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, la Dirección de Comercio y la Asesoría Macroeconómica de la cartera, con el fin de evaluar las medidas a tomar para contener el avance del crecimiento de los precios.

A la salida de la reunión se dieron a conocer los nuevos rumbos de la política de control. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia realizará estudios en aquellos mercados o productos cuyos precios hayan evolucionado por encima de la media para ver si ese crecimiento responde a un tipo de comportamiento ilegal. La Ley de Promoción y Defensa de la Competencia prohíbe los acuerdos colusorios entre las empresas, la fijación de precios mínimos -sin justificación de eficiencia económica- y el abuso de posición dominante de uno o varios agentes, que se da cuando pueden afectar sustancialmente las variables relevantes del mercado “con el fin de obtener ventajas o causar perjuicios a otros, los que no hubieran sido posibles de no existir tal posición de dominio”.

La presidenta de la Comisión, Adriana Riccardi, sostuvo, en diálogo con la prensa, que en primer lugar se va a definir la metodología de investigación, identificando los mercados y productos específicos a investigar. Las sanciones a aplicar en caso de constatarse el abuso de posición dominante pueden ser desde una comunicación judicial que advierta a las partes implicadas por sus conductas, hasta multas económicas, que van desde un mínimo de 100.000 Unidades Indexadas (UI) -unos 330.000 pesos- y una cantidad máxima equivalente a 20.000.000 de UI, 10% de la facturación anual del infractor, o el equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, en caso de que fuera determinable.

Una pista y una historia

Si bien no quiso adelantar específicamente qué productos están en la mira del gobierno, entrevistado por En Perspectiva en la mañana de ayer, previo a la reunión, Astori dijo: “Cuando uno ve frutas y verduras en los estantes de los supermercados o algunos productos de limpieza e higiene, por lo menos siente la necesidad de que haya un análisis más detenido de la situación”.

En marzo de 2014, a raíz de una solicitud del entonces senador Eduardo Brenta, la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia comenzó una investigación de oficio sobre pastas dentales, enjuague bucal, jabón de tocador, detergente líquido para ropa, mayonesa y analgésicos, cuyos precios resultaban “absolutamente excesivos” para el legislador. Finalmente, en setiembre del año pasado, la investigación indicó “altos grados de concentración” en todos estos mercados, pero aclararon que en ningún caso hubo “evidencia suficiente” para afirmar la existencia de acuerdos de precios o abuso de posición dominante. “No pudimos comprobar mediante pruebas que correspondiera a conductas ilegales. Ahora, sin duda que hay mercados que están muy concentrados y esto otorga poder de mercado, pero eso de por sí no es ilegal”, explicó Riccardi ayer, recordando aquella investigación.

Recurrir a la tecnología

Por su parte, la directora de Comercio, Rosa Osimani, pidió al ministro “cambiar la periodicidad” del informe que las cadenas de supermercados brindan al Área de Defensa al Consumidor sobre los precios. Actualmente, las empresas informan quincenalmente, pero “la idea es que, en esta conyuntura, lo hagan de manera diaria”, explicó la jerarca, confirmando que, a pesar de que los aumentos de los precios se producen sobre todo en los primeros días del mes, también ocurren “importantes variaciones” en días posteriores.

El cambio apunta a facilitar al consumidor información sobre los precios. En el sitio web precios.uy se pueden encontrar listados con los precios de más de 140 productos, fundamentalmente básicos, en distintos supermercados a lo largo y ancho de todo el país, para que, “cuando haya precios diferentes o una dispersión muy grande, el consumidor pueda preverlo y dirigirse a donde más le convenga”, explicó Osimani.

Sin embargo, también consideró que este mecanismo puede resultar engorroso para los consumidores, por lo que recomendó la aplicación para celulares PreciosUY, que “utiliza la base de datos del sistema de precios provista por el Área de Defensa al Consumidor”. Se trata de una “plataforma colaborativa de comparación de precios de supermercados” que permite al usuario “buscar el mejor precio para un producto en tu barrio o saber dónde te conviene comprar tu canasta de todos los meses”. Es gratis y está disponible para usuarios de Android e iOS.

Con esto se apunta a estimular a los establecimientos a “mantener sus precios bajos” dado que el consumidor va a tener “muy buena información”, afirmó la directora de Comercio.

Etiquetas