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Nacional | Viernes 18 • Marzo • 2016

Gatillazo

Según informe del comisionado la represión policial fue “más allá de su cometido legal” en el motín en el Penal de Libertad.

En el Penal de Libertad hay 1.250 personas privadas de libertad (ppl) en cinco pisos que están divididos en dos alas. Del total, unos 700 se encuentran procesados, el resto está penado. En uno de los sectores del último piso, el B, hay 75 ppl que están encerrados de a dos en celdas con agua, inodoro y puerta de rejas. La noche del 29 de febrero hubo varios cortes de luz, y después, una serie de episodios violentos. Alrededor de las 2.30 uno de los internos perforó con una barra de hierro la pared de su celda, la atravesó y fue a parar a una cocina sin uso y sin rejas. Desde allí accedió a la planchada en la que desembocan todos los calabozos. Abrió algunos candados de las celdas de otros internos, salieron unos 15. Se generó “un foco de agitación”: gritaron, movieron colchones, rompieron y prendieron fuego algunas cosas. Los dos guardias del piso pidieron refuerzos y llamaron al Grupo Especial de Operaciones, más conocido como Guardia de Choque. Unos 20 policías redujeron a los internos: “ante la resistencia” tiraron gases lacrimógenos, disparos de estruendo y con escopetas con munición no letal. Abrieron “prácticamente todas” las celdas del sector e hicieron salir a los internos que se encontraban adentro, inclusive a aquellos que no habían participado en los disturbios. Los pusieron contra la pared, contra el piso, los golpearon y requisaron sus celdas: dañaron y destruyeron muchas de sus pertenencias. El informe que el comisionado para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, elevó ayer al Parlamento, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior afirma que la Policía también les disparó a internos que no habían tenido nada que ver. En total, 17 fueron asistidos por la unidad de ASSE que está en el Penal, siete de ellos fueron derivados a centros hospitalarios y uno estuvo en cuidados intensivos y continúa internado. Uno de los policías tuvo una lesión leve en la mano. A raíz de los hechos se suspendieron transitoriamente las salidas al patio y las visitas.

Según el informe, “existen testimonios coincidentes y consistentes” que señalan que la intervención policial “fue más allá de su cometido legal”: “solamente” adoptar las “medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias” para contener y controlar la situación. Además, se indica que “no parece lógico, proporcionado, ni racional aplicar medidas de fuerza y de represión a quienes no habían participado de disturbio alguno, lo que no hace más que agregar tensión a la tensión existente”.

Petit y su equipo visitaron el Penal en varias oportunidades y entrevistaron a las autoridades, a los funcionarios y a las 69 ppl que estaban en el sector B el 29 de febrero. La conclusión: el episodio violento fue fruto del “cotidiano penitenciario: el encierro y la inactividad” que lleva al “progresivo deterioro de las personas y el aumento de sus dificultades para la interacción social”. “El encierro constituye una privación de libertad dentro de la privación de libertad”, dice el informe. Provoca el aumento de tensiones, conflictos y violencia. El documento identifica como causas del encierro “la extrema falta de personal” que provoca que los “movimientos de los internos sean mínimos”: tienen acceso al patio durante dos horas y media dos veces por semana, durante las cuales no existen actividades dirigidas. “A menor presencia técnica y educativa, mayor tensión, menor integración, mayor inseguridad, mayor violencia social y reincidencia”. El comisionado reconoce los “destacables esfuerzos” de las autoridades “para enfrentar esta situación de adversidad”, pero recomienda: reforzar el personal, los técnicos, implementar un programa de actividades con múltiples disciplinas, instalar cámaras de videovigilancia “útiles para prevenir situaciones de violencia, ilegalidad o abuso”. Por último, aconseja “repensar la viabilidad” del Penal como centro de rehabilitación “dadas la severas dificultades que su ubicación y estructura generan para un trabajo penitenciario integrador”.

Los responsables

Según supo la diaria, siete ppl denunciaron los hechos ante la Justicia asegurando que “los maltrataron, que los hirieron con cortes carcelarios, que se excedieron con la represión”. El juez de Libertad de 1º turno, Marcelo Malvar, es el encargado del caso. Hasta el momento, realizó la inspección ocular del lugar donde se desarrollaron los hechos y ordenó las pericias forenses, que confirmaron lesiones leves y graves en algunas personas privadas de libertad. También interrogó a un interno y a ocho policías; el resto de los ppl serán los próximos en declarar. El comisionado también tuvo en cuenta estas denuncias, y sugirió a las autoridades “no aplicar sanciones, directa o indirectamente, sobre los internos que formularon denuncias judiciales o administrativas sobre lo ocurrido”.

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