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Nacional | Martes 22 • Marzo • 2016

La silla vacía

Familia del joven del barrio Peñarol asesinado por un policía denuncia que el acusado no se presentó ante la Justicia.

Todavía no está muy claro qué pasó aquella madrugada del 12 de junio del año pasado. Sí se sabe que dos hombres se robaron una heladera, un televisor y una garrafa de un carrito de chorizos donde se cruzan las calles Coronel Raíz y Aparicio Saravia, que un taxista los vio y que cinco patrullas de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo salieron a trillar el barrio para encontrar a los responsables. A las 3.40, relata el parte policial, una patrulla llevaba a uno de los sospechosos y los materiales incautados a la Seccional 8ª, mientras otros oficiales perseguían al segundo hombre por el barrio Casavalle, en auto y a pie.

A las 4.25, Ruben Daniel Martínez ya estaba muerto, boca abajo, por un disparo en la espalda. Tenía 25 años, hacía changas en el puerto de Montevideo y había salido a tomar un vino por el barrio después de una pelea de pareja, declararon sus familiares más tarde en la seccional. La autopsia, según los documentos judiciales a los que accedió la diaria, dice que la muerte fue “prácticamente instantánea”, a causa de una bala que perforó el pericardio y se quedó adentro del cuerpo que se desangraba en la calle Hudson, a 100 metros de las vías del tren. El informe de balística arroja que el disparo se hizo a menos de medio metro de distancia y que la vaina de la bala que se encontró en el lugar salió del arma de reglamento de un policía. No hay ningún dato de la investigación que involucre a Martínez en el robo al carrito.

El caso llegó a manos de la jueza de 8º Turno Graciela Eustachio, que indagó por varios meses a los diez policías que estuvieron involucrados en el operativo de esa madrugada. Las versiones de los oficiales y las que registró el parte policial eran contradictorias. Fue por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que también había iniciado una investigación interna, que surgieron pruebas decisivas: el sistema de comunicaciones Tetra, que sustituyó en 2012 a la radio policial, graba lo que pasa dentro de la patrulla y también unos metros alrededor. El pedido fiscal, al que accedió la diaria, incluye como pruebas algunas transcripciones de conversaciones entre el oficial que disparó y otros dos, que para el fiscal Carlos Reyes “evidencian intercambio tendiente a manipulación de los hechos”: en esa charla el agente acusado de disparar reconoce haberlo hecho, se maneja la posibilidad de plantarle una pistola a Martínez (en el lunfardo policial esto se conoce como un “arma yuta”), uno de sus compañeros le sugiere que declare que hizo varios disparos intimidatorios, y ambos debaten sobre si es más conveniente decir que estos fueron al piso o al cielo. “Yo estoy tranquilo porque no disparé. El tema es que no sé cómo salvarle el culo a este loco”, dice uno de los agentes.

En base a careos entre los involucrados e informes técnicos, el fiscal concluye que el policía acusado disparó con la mano izquierda a la víctima, que estaba corriendo, a través de la ventanilla mientras manejaba el auto, “contraviniendo las disposiciones sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego”. La Ley de Procedimiento Policial (Nº 18.315) establece que el uso de las armas “debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”, y que se debe reservar para los casos en que haya resistencia armada o se ponga en peligro la integridad de los oficiales. Reyes pidió a la jueza el procesamiento con prisión del oficial que disparó por homicidio a título de dolo eventual, por lo que podría recibir una condena de entre 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. El fiscal también pidió procesamiento con prisión para los otros dos oficiales por encubrimiento, ya que “manipularon los hechos como forma de favorecer” a quien cometió el homicidio, delito con pena de entre tres meses y diez años de cárcel.

El 16 de marzo la jueza Eustachio había citado al oficial acusado de homicidio pero no se presentó, contó a la diaria Ruben, padre de la víctima, que reside en Rivera. La familia decidió presentar el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos la semana que viene.

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