El movimiento Uruguay Libre de Megaminería presentó ayer los datos que obtuvo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tras un juicio por acceso a la información en el que reclamaban conocer los gastos de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP). La CIPAP (integrada por los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Medio Ambiente, Defensa Nacional e Industria, Energía y Minería) fue creada durante el gobierno de José Mujica y dotada de un presupuesto de 700.000 dólares para que informara sobre la conveniencia de la instalación del puerto de aguas profundas y su ubicación. Tras seis meses de trabajo, a mediados de junio de 2012 presentó un documento en el que recomendaba la instalación del puerto en El Palenque, en la costa de Rocha. En ese entonces Mujica prorrogó el trabajo de la CIPAP, con el objetivo de que implementara el proyecto del puerto de aguas profundas. La comisión funcionó hasta el final del gobierno de Mujica, y en mayo de 2013 se le amplió el presupuesto a dos millones de dólares, pero en mayo de 2015 el presidente Tabaré Vázquez la disolvió por decreto y trasladó las atribuciones al MTOP.

Según los datos que difundió ayer Uruguay Libre, en esos dos años y medio la CIPAP gastó 6.620.176 dólares en la contratación de consultorías de distinto tipo: internacionales y nacionales, privadas, estatales y personales. La más cara fue la de la empresa canadiense Seaforth Geosurveys, contratada por un total de 2.159.266 dólares para realizar estudios geotécnicos del lecho marino y ensayos de laboratorio. Otra de las consultorías importantes fue del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República, por un total de 1.009.550 dólares, para realizar mediciones de oleaje, corrientes y niveles en la costa de Rocha, así como para implementar un sistema de medición de parámetros meteorológicos. El proyecto básico del puerto lo realizó CSI Ingenieros/Serman, por un total de 420.000 dólares. Otros informes requeridos fueron sobre el análisis de la inserción regional y complementariedad, estudios topográficos y base de datos catastrales en el área de implantación del puerto, relevamientos costeros, informes sobre las características físico-paisajísticias del ambiente receptor del puerto, evaluaciones económico-sociales del puerto, estudios legales y económico-financieros.

Entre los datos también figuran los gastos en pasajes y viáticos por los viajes que realizaron los distintos integrantes de la CIPAP en la búsqueda de apoyos de otros gobiernos o de inversores. El total fue de 35.000 dólares en 15 viajes, pero para Víctor Bachetta, uno de los voceros de Uruguay Libre, este gasto es “casi insignificante” comparado con las contrataciones realizadas. Como el presupuesto de la CIPAP era de hasta dos millones de dólares, las otras fuentes de financiamiento de los estudios fueron fondos de Presidencia, el Fondo Nacional de Preinversión y otros fondos presupuestales.

“Casi la totalidad de estos estudios no tenía una justificación sólida, porque los informes de viabilidad del puerto no eran concluyentes, y en 2014 las consultoras internacionales dicen definitivamente que no está asegurada la viabilidad del puerto, que no es claro que sea más barato usar ese puerto frente a los existentes, que las cargas de Brasil no van a venir por ese puerto, y todo eso derrumba definitivamente el proyecto”, opinó Bachetta. “Por decisiones políticas se inicia una serie de actuaciones y contrataciones que concluyen en nada, porque al final del proceso la conclusión es que el proyecto no era viable” porque, a su entender, “no se puede pensar geopolíticamente que Uruguay va a arrastrar a Argentina y a Brasil tomando una decisión unilateral de esta envergadura”.

A fines de 2015, el actual titular del MTOP, Víctor Rossi, informó que los estudios de viabilidad del puerto continúan, en su cartera, y que no hay definiciones. En mayo había dicho que mientras se estudia ese proyecto “hay otras necesidades del sistema portuario que tenemos que resolver día a día” y que el puerto de aguas profundas “no se puede desarrollar al margen de la estrategia portuaria del país”.