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Internacional | Jueves 10 • Marzo • 2016

Bloqueo de la vía Troncal 10, en la localidad de Tumeremo, por la desaparición de 28 mineros, ayer, en el estado Bolívar, Venezuela. Foto: EFE, s/d de autor

Por aclarar

La desaparición de 28 mineros sacude la política venezolana y militariza una zona de Bolívar.

Decenas de personas protestaron ayer, por quinto día consecutivo, por la falta de resolución del caso de 28 mineros que desaparecieron el viernes en Venezuela.

Durante varios días el caso fue un rumor, hasta que lo denunció el diputado opositor Américo de Grazia, que dijo que los mineros habían muerto en el municipio de Tumeremo como resultado de una guerra entre pandillas que luchan por el control de las minas en el sur del país.

Tumeremo está en el estado de Bolívar, en la zona que ahora se denomina el Arco Minero del Orinoco, un área de más de 110.000 kilómetros cuadrados en el sur del país que cuenta con unos 200.000.000 de toneladas de bauxita y unas 44.000 toneladas de oro y diamantes. A fines de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro anunció un plan para terminar con la minería ilegal en la zona, que se desarrolla desde hace décadas. El alcalde de Tumeremo, Carlos Chancellor, dijo en estos días que es común que se produzcan hechos de violencia e incluso desapariciones en la lucha por las minas, pero que nunca había ocurrido con un grupo tan grande de personas.

Después de que De Grazia denunció esas desapariciones a los medios de comunicación, el gobierno ordenó que investigara el caso una comisión con presencia de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Además, Maduro ordenó que la zona sea militarizada para aumentar la seguridad. Por su parte, la Asamblea Nacional aprobó el martes una resolución para crear otra comisión que también investigue los hechos.

Los avances de la investigación son divulgados por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, que todavía no confirmó si ocurrió el hecho denunciado. Ayer dijo que “efectivamente se cometieron hechos punibles” que son “tipificados como delitos graves en el Código Penal”, pero no quiso aclarar si se refiere a asesinatos, ya que “los ciudadanos desaparecidos no han sido encontrados y no ha concluido la investigación”. Saab también dijo que “está comprobada la participación de sujetos de nacionalidad colombiana en esta actividad delictiva”.

Las versiones sobre lo sucedido son varias. A partir de los relatos de vecinos de la zona y de dos supuestos sobrevivientes, De Grazia dijo que los mineros encontraron oro en una de las minas y por eso fueron atacados, mientras dormían, por un grupo dirigido por un colombiano identificado como El Topo, que quería adueñarse de esa mina.

Según vecinos de la zona consultados por la agencia de noticias AP, El Topo cuenta con la protección de la Guardia Nacional, que le permite cometer delitos en la zona con total libertad. Sin embargo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, negó que haya militares involucrados en el caso.

En su discurso por el Día Internacional de la Mujer, el martes, Maduro se refirió a este tema. Pidió a la población que espere los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones y aseguró que los organismos de seguridad están protegiendo a los denunciantes, los testigos y los familiares de los desaparecidos. Además, pidió que se deje de “embarrar con politiquería barata, suciedad y maldad un hecho que, si fue cierto que sucedió, le duele a toda Venezuela”.

Desde que se conoció el caso, opositores y oficialistas cruzaron declaraciones. Durante el fin de semana el gobernador del estado de Bolívar, el chavista Francisco Rangel Gómez, dijo que la denuncia era “una mentira de personalidades de la derecha venezolana”. Por su parte, De Grazia acusó a la Fiscalía de revelar los nombres de los dos sobrevivientes a las fuerzas de seguridad, lo cual, agregó, los pone en peligro. “No habían terminado de declarar cuando ya estaba la Guardia Nacional en el sitio buscándolos. No se los llevaron porque los familiares, indignados, casi prenden fuego la Fiscalía”, aseguró el opositor. Además, De Grazia dijo que las fuerzas de seguridad permiten la minería ilegal y el contrabando de metales, e incluso colaboran con esas actividades. Aseguró que, de otra forma, esto no podría seguir sucediendo en una zona en la que están presentes “siete cuerpos de seguridad”.

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