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Nacional | Jueves 17 • Marzo • 2016

Carlos Díaz en su despacho en la Torre Ejecutiva. Foto: Santiago Mazzarovich

Un mundo más allá de los bancos

Secretaría antilavado iniciará “inspecciones masivas” a casinos, inmobiliarias y estudios jurídicos antes del 1º de julio.

La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SLLA). Ahora, la secretaría encabezada por Carlos Díaz deberá controlar a todo el sector no financiero, una potestad que antes correspondía a la Auditoría Interna de la Nación, pero que ésta no ejercía efectivamente, afirmó Díaz. El jerarca adelantó que la secretaría propondrá establecer el delito fiscal como delito precedente al lavado de activos, y que es favorable a prohibir que sociedades anónimas sean accionistas de otras sociedades anónimas locales, ya que éste es el mecanismo que habilita en mayor medida el lavado de activos en Uruguay.

Todas las empresas involucradas en la transacción de inmuebles -inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras-; los casinos; los escribanos que realicen operaciones vinculadas con compraventa de bienes inmuebles o establecimientos comerciales o que administren dinero o cuentas bancarias; los rematadores; las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas; los explotadores y usuarios directos de zonas francas, y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales. Éste es el amplio espectro que conforma el nuevo universo bajo el control de la SLLA, un órgano desconcentrado dependiente de Presidencia de la República.

La SLLA se reforzó con funcionarios provenientes de la Dirección General Impositiva, realizó cursos de capacitación para los sujetos obligados, y prevé comenzar con los controles antes del 1º de julio. Actualmente se están construyendo bases de datos. “Se va a utilizar un modelo analítico, que te permite controles de gran cantidad de gente con recursos más o menos escasos. Consta de tres etapas: la validación, la verificación y el control de campo. En la etapa de validación es cuando se haría la selección en función de criterios que responden al impacto que están teniendo los controles sobre el universo de los sujetos obligados. La idea fundamental de todo esto es que haya un cumplimiento voluntario por parte de la gente, y no sancionar por sancionar. Si es necesario hacerlo, el objetivo que se persigue es generar una percepción de riesgo en los sujetos obligados para llegar al cumplimiento voluntario”, explicó Díaz. Recordó que “ningún organismo puede oponer ningún tipo de reserva o secreto frente a la secretaría”.

Los criterios de selección para el control van a ser aleatorios en la mayoría de los casos y cambiarán permanentemente. “El primer criterio que vamos a utilizar es controlar a todos los sujetos obligados que están involucrados en causas judiciales de lavado de activos o delitos precedentes. Eso es una obligación ética. Después, no hay un sector que nos parezca en principio más riesgoso que otro”, explicó Díaz.

Uno de los criterios que se tendrán en cuenta será el monto de las transacciones, porque supone “un impacto alto”. Pero este criterio no será el único, “porque hay técnicas de lavado o en el propio sistema financiero que se hacen a través del ‘pitufeo’, subdividiendo las operaciones en operaciones chicas para que no llamen la atención”, advirtió el secretario general.

Nada organizado

Díaz confesó que le preocupa el asesinato de un comerciante en Paysandú por ser judío y dijo que se abordará “a fondo” el tema. De todos modos, alertó que hay que ser “muy cuidadosos” cuando se asocia este tipo de casos a la existencia de organizaciones terroristas en Uruguay, porque “el mundo está pasando por una etapa de hipersensibilización en materia de terrorismo y el GAFI le está exigiendo a Uruguay cambios normativos”, que son los que se planifica incorporar en la nueva ley de lavado de activos. “Afirmar que tenemos organizaciones terroristas acá pone al país en riesgo de ser inspeccionado y de ser incluido en una lista”, alertó. Dijo que hay que investigar el hecho, pero que de todos modos en Uruguay “nunca” se han detectado organizaciones terroristas.

Antes de la aprobación de la ley de presupuesto, la Auditoría Interna de la Nación era la encargada de supervisar al sector no financiero. Consultado respecto de si dicho organismo realizaba efectivamente esos controles, Díaz contestó que no. “El problema que existía era que la auditoría tenía otros cometidos sustantivos, y esto del control en materia del lavado de activos para ellos era algo accesorio. Esto necesita un organismo que tenga como función sustantiva trabajar en el lavado de activos, y [el pasaje de esas funciones a la SLLA] definitivamente implica que los controles se van a hacer y muy bien”, remarcó.

De pasada

Díaz consideró que Uruguay, por las características de su economía, “no es un lugar muy atractivo para el lavado de activos”. “Sí puede ser que determinados vehículos jurídicos que existían y existen, desde las SAFI [sociedades anónimas financieras de inversión, derogadas con la reforma tributaria de 2007] hasta las sociedades anónimas [SA], alienten la posibilidad de que a través de empresas uruguayas se realice el lavado de activos, fundamentalmente en el exterior. Eso es lo que hemos visto en toda la tipología”, señaló el jerarca. Por este motivo, la secretaría pretende “terminar de transparentar todo lo que tiene que ver con las sociedades” y no permitir que suceda, “como pasa ahora, que, si bien hay un registro de accionistas y una serie de controles, pueden ser accionistas de SA otras SA, algunas incluso radicadas en el exterior”. “La idea es que eso no pueda pasar, y así terminar con la posibilidad de enmascararse, de esconderse; al menos con las más elementales formas de esconderse”, afirmó Díaz.

Uruguay ocupa actualmente la representación de América Latina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. “Somos evaluadores de países; se supone que tenemos un conocimiento técnico que nos obliga a mirar hacia adentro”, señaló Díaz. En busca de solucionar algunas “brechas” que el país tiene en la materia, el 24 de febrero empezó a trabajar una comisión integrada por los legisladores miembros de la comisión especial de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes, jueces del crimen organizado, ministros de tribunales de apelaciones, el fiscal de Corte Jorge Díaz y funcionarios del Ministerio del Interior y de la secretaría, entre otros actores. El objetivo es redactar y presentar este año una ley sobre lavado de activos.

En ese ámbito, la secretaría propone, además de modificar la normativa sobre las SA, establecer el delito fiscal como delito precedente del lavado de activos. “Es un cambio fuerte, que va a implicar quizá distintas posturas políticas; veremos. Es algo que realmente pega muy fuerte en prácticamente toda la economía y es un control que complementa el sistema previsional”, explicó Díaz. La secretaría propone además que se incluya dentro de los sujetos pasibles de control a las asociaciones civiles, lo que incluye partidos políticos, iglesias y clubes de fútbol.

Orejeando

A fines de febrero, el Ministerio Público de Brasil denunció al abogado uruguayo Óscar Algorta como “cerebro” de una operación de lavado de activos junto con el ex director del Área Internacional de Petrobras Nestor Cerveró, en el marco de la investigación conocida como “Lava Jato”. Algorta, profesor de la Universidad de Montevideo -institución vinculada al Opus Dei- habría armado una empresa ficticia en Uruguay, Jolmey SA, para encubrir y favorecer a Cerveró. Según la denuncia, el abogado habría adquirido un departamento de lujo en Río de Janeiro, por 1.500.000 de reales, que en realidad pertenecía a Cerveró, para evitar que éste fuera investigado por enriquecimiento ilícito. La denuncia se suma a otra dentro de la misma investigación, que involucra al estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino, y que se conoció en octubre de 2015. El abogado del estudio, Luis María Piñeyrúa Pittaluga, fue denunciado por actuar como intermediario para la apertura de dos cuentas en Suiza, donde supuestamente se depositaba dinero de coimas, una perteneciente al ex director del área internacional de Petrobras, Cerveró, y otra al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha. La denuncia también apunta a una empresa que pagaba las coimas, denominada Harvey SA, registrada con el mismo domicilio que la sede de Posadas, Posadas y Vecino. Representantes del estudio ya declararon ante la Justicia; deslindaron cualquier responsabilidad y sostuvieron que no estaban al tanto del destino de las operaciones. Díaz dijo que la secretaría aguardará para ver “qué pasa con la causa [judicial]”. “No nos han dado intervención. Nosotros tenemos la facultad de investigarlo, pero no sé si estaría bueno superponer dos actuaciones a la vez”, justificó.

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