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Nacional | Lunes 25 • Abril • 2016

Adentro

Justicia uruguaya procesa por lavado de activos a líder de cártel mexicano que vivía en Punta del Este.

La investigación había sido comenzada hace más de un año, por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior y la Justicia de Crimen Organizado. Gerardo González Valencia y Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, una pareja mexicana, se habían mudado a Punta del Este en 2011, con sus tres hijos. Según la revista mexicana Proceso, González Valencia es el número dos del cártel Los Cuinis y el hermano de Abigael González Valencia, el Cuini, el número uno del cártel, detenido en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. Según dijeron a ese medio integrantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Los Cuinis son los narcotraficantes “más ricos del mundo”, porque dominan el tráfico de cocaína y metanfetaminas en Europa.

El 14 de abril el semanario Búsqueda informó que Gerardo González Valencia y su mujer figuraban en los registros de Mossack Fonseca como propietarios de dos sociedades anónimas creadas por el estudio panameño: Montella Global SA y Deltodo Enterprises. Según el pedido de procesamiento de la fiscal María de los Ángeles Camiño, Amaral Arévalo también estaba vinculada a otras dos empresas: Tossa de Mar SA (en la que figuraba como apoderada) y Dalaithy SA (en la que aparecía como directora). El intermediario en Uruguay con Mossack Fonseca para la creación de las dos primeras empresas fue el estudio notarial Asesores y Consultores del Sur (Asconsur), fundado por la escribana Gianella Guarino.

A raíz de la publicación del caso, la investigación gestionó la detención de los involucrados, que se llevó a cabo el jueves 28 en la casa de un ex futbolista uruguayo en Carrasco, que había hecho negocios con González Valencia. Ese día capturaron al hermano del Cuini; al futbolista uruguayo; a Héctor Amaral Padilla, también mexicano, suegro de González Valencia, con antecedentes en narcotráfico; a un matrimonio de uruguayos que realizaba tareas de mantenimiento y domésticas en la casa de la pareja mexicana; a dos agentes inmobiliarios que realizaron negocios con los mexicanos; a dos niñeras que cuidaban a los hijos, y a la responsable del estudio notarial. El sábado, la Brigada Antinarcóticos también detuvo en el Aeropuerto de Carrasco a Wendy Amaral.

González Valencia está requerido por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, delito precedente del lavado de activos y, tras la publicación de su residencia en Uruguay, preveía fugarse del país junto a su suegro y sus hijos, detalla la fiscal en el pedido de procesamiento. Según Camiño, ambos “estarían vinculados al narcotráfico revistiendo sus fondos el carácter de sospechosos, por apoyar los servicios financieros de la Organización de Narcos llamados Los Cuinis cuyo líder era el hermano de G, hasta que fue a prisión, de nombre Abigael González Valencia. También estarían vinculados al cártel llamado Jalisco Nueva Generación”. Además de la creación de sociedades anónimas, la pareja había comprado “bienes en nuestro país de altísimo valor”, entre ellos una mansión en Punta del Este por dos millones de dólares, autos de alta gama -dos Audi y una camioneta Land Rover, entre otros- y tres solares en Punta Ballena por un total de 550.000 dólares.

El pedido fiscal también señala que además de comprar bienes a nombre de las sociedades anónimas “usaban personas de su conocimiento -generalmente por medio de trabajos que les realizaban- para poner a su nombre los vehículos”, por ejemplo, la pareja que trabajaba en la casa de ellos tenía a su nombre los vehículos. Por último, deja constancia de que, pese al nivel de vida que llevan, ni a González Valencia ni a su suegro se les conoce actividad laboral alguna.

A estos dos último, la jueza Adriana de los Santos los procesó como autores del delito de lavado de activos, y al matrimonio que trabajaba en la casa en Punta del Este y a otro de los uruguayos con los que hacían negocios, por asistencia al lavado de activos. Al resto de los detenidos los dejó en libertad.


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