Ir al contenido

Nacional | Miércoles 20 • Abril • 2016

Hacer visible el dolor

Dos proyectos de ley ofrecen perspectivas distintas al vínculo de los hijos menores de edad con sus padres violentos.

Un niño mercedario de nueve años está muerto. Su madre y sus tíos encontraron el cuerpo ensangrentado, golpeado, en el piso de la casa de su padre. El padre está prófugo. Este niño muerto es la expresión máxima y más visible de prácticas fatales de sometimiento y dominación por parte de adultos, que ocurren en el ámbito familiar de forma sistemática y reiterada. Este lunes la violencia doméstica se llevó otra vida, otra vez.

“Está jugando en la casa de Fulano” (un amigo), le dijo el padre, a uno de los tíos del niño, que fue a buscarlo a su casa el lunes de tarde. El tío lo buscó donde el padre le dijo, pero su sobrino no estaba ahí. Cerca de las 18.00, la madre decidió ir, junto a su hermano, a la casa de su ex pareja, que tiene una medida cautelar que le prohíbe acercarse a ella por violencia doméstica, pero también contaba con el aval de la Justicia para estar con el niño mientras ella trabajaba. Cuando llegaron, no había nadie. Vieron por las ventanas que la casa estaba “revuelta”, según contó el jefe de Policía de Soriano, Alberto González. Decidieron entrar. El niño ya estaba muerto.

Los números también gritan

La cosificación como objeto de control de niños y adolescentes por parte de adultos, así como el castigo físico y humillante, son formas de violencia aceptadas socialmente en Uruguay. Basta con recordar algunas cifras: durante 2014 se identificaron 1.728 situaciones de violencia. El número representa casi cinco situaciones por día de maltrato y/o abuso sexual infantil. Además, indica un aumento de 31% en el total de situaciones registradas respecto de 2013. En más de tres de cada cuatro situaciones, quien agrede es familiar directo. En casi cuatro de cada diez, se trata del padre, según los datos del Sistema Integral de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia.

La investigación Prácticas de crianza y resolución de conflictos familiares, realizada en 2008 por el programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social, también pone en evidencia la violencia existente en nuestras familias. En Montevideo y la zona metropolitana, 82% de los adultos entrevistados reportó ejercer alguna forma de violencia psicológica o física contra un niño en el hogar, 59% manifestó haber utilizado alguna forma de castigo físico, y 15% declaró haberle infligido “fuertes” castigos corporales. La primera encuesta de Prevalencia de Violencia basada en Género y Generaciones, de 2014, constata que la violencia en la infancia es un fenómeno estable: quienes fueron niños hace más tiempo registran niveles de violencia en la infancia similares a quienes fueron niños recientemente.

La directora de la División de Género del Ministerio del Interior (MI), July Zabaleta, aseguró que aún no hay datos sistematizados sobre niños víctimas de violencia doméstica, porque generalmente no se los incluye en las denuncias. Zabaleta explicó que “muchas veces los niños no son percibidos por las víctimas también como víctimas. No se visualiza que la agresión se puede perpetuar, que también hay riesgo”.

Podría venir en papel

Hay diferentes posturas sobre cuál es el procedimiento correcto cuando uno de los padres tiene medidas cautelares o ha sido denunciado. El 5 de febrero, el senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley elaborado por la organización Todo por Nuestros Hijos. Allí se plantea la modificación de dos artículos sobre tenencia compartida del Código de la Niñez y Adolescencia, y se establece que “en caso de cualquier denuncia realizada contra uno de los progenitores [...] no se suspenderá la tenencia compartida, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del progenitor denunciado”. En la exposición de motivos, Lacalle Pou plantea que “en algunos casos” de separación de los padres, sea por el motivo que sea, se generan “problemas tales como la falta del pago de los alimentos, el alejamiento del padre visitante, un abuso psicológico o síndrome de alienación parental (SAP) en el menor por parte del progenitor conviviente y el dolor de este por no contar con uno de sus progenitores”. Se puede concluir que la obligatoriedad de que la tenencia sea compartida da por entendido que, aunque el progenitor haya abusado o violentado al hijo, tiene derecho a tener al niño consigo.

Desde el MI, Zabaleta pregunta en qué lugar colocamos a los niños víctimas de su progenitor que deben continuar viéndolo o conviviendo con él. “¿Qué códigos le está transmitiendo a un hijo una persona que violenta a su pareja?”. Zabaleta sostiene que “el interés superior no es el vínculo obligatorio con el progenitor, sino la construcción de vínculos saludables”. A su vez, la Administración Nacional de Educación Pública fue determinante al asegurar que el SAP no existe. “Se trata de un invento nefasto utilizado por los movimientos de varones neomachistas en la sociedad patriarcal, como una forma más de intentar manipular, controlar y dominar a las mujeres, en este caso, a través del sistema judicial”.

Por otro lado, el 11 de abril el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, que plantea lo contrario al de Lacalle Pou. Prevé la posibilidad de las visitas, por ejemplo, sólo “cuando así lo solicitan expresamente hijos o hijas y se considerara que no existe riesgo de vulneración de derechos”. A su vez, en tales casos “se deberá determinar un adulto/a de confianza o una Institución, que sea responsable del cumplimiento de las mismas en condiciones de seguridad”.

Etiquetas