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Internacional | Jueves 14 • Abril • 2016

Nicolás Maduro durante una manifestación en el palacio presidencial de Miraflores, Caracas, el 7 de abril. Foto: Juan Barreto, Afp

Juego de poderes

Maduro creó una Comisión de la Verdad para investigar hechos de violencia política y reparar a las víctimas.

El gobierno de Venezuela presentó una Comisión de la Verdad que investigará hechos de violencia política ocurridos en los últimos años, en particular durante las protestas opositoras que comenzaron en febrero de 2014 y que terminaron con más de 40 muertos y decenas de detenidos. Un día antes de la presentación, el Tribunal Supremo de Justicia declaró “inconstitucional” la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, el parlamento de mayoría opositora.

La Comisión de la Verdad se instaló formalmente el martes. “El objetivo central es la verdad, el reconocimiento de las víctimas, la reparación de las víctimas, la garantía de la no repetición”, dijo el presidente Nicolás Maduro ese día en un acto transmitido en directo por radio y televisión.

Esta comisión estará encabezada por el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, y la integrarán también cuatro representantes de la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD), que aglutina a todos los partidos de la oposición, según explicó Maduro. El mandatario informó además que por 30 días la comisión recibirá el acompañamiento de la comisión negociadora en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como de representantes del gobierno de Sudáfrica, la fundación Nelson Mandela y “unos premios Nobel de la Paz” que “no han participado en guerras”. Istúriz agregó: “Estamos empeñados en construir una ruta hacia la verdad. Una vez esclarecida la verdad, podremos hacer un nuevo camino de respeto a la democracia y a la Constitución”.

En el acto de presentación de la comisión también intervino el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien anunció que habían accedido a participar en este grupo José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana, respectivamente. Explicó que la Unasur tendrá un papel de “acompañante” y no de miembro activo, ya que se trata de un “problema venezolano” y sus soluciones deben surgir “de los venezolanos”. También insistió en la importancia de la participación de la oposición.

A pesar del anuncio de Maduro, ningún representante de la oposición asistió al acto de presentación. Integrantes de la MUD explicaron que no fueron invitados. El jefe de la bancada de la MUD en el Parlamento, Julio Borges, señaló el martes que esa coalición se enteró “por televisión de esta Comisión de la Verdad que propuso el Ejecutivo”, y consideró que “no tiene ningún tipo de seriedad”. De todas formas, no descartó su participación en este grupo: “El no asistir [al acto de presentación] no significa que no tengamos como firme propósito lograr que en Venezuela haya un cambio, pero con una agenda concreta”.

Antes de tomar la decisión, la MUD tiene planeada una reunión con Samper para que “explique de qué se trata este llamamiento que hace el gobierno”, dijo Borges. Si bien Maduro afirmó que invitó a la oposición a participar en el grupo en enero, Borges percibió con desconfianza que la comisión se haya presentado “justo el día en el que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la ley de amnistía”. Esa ley, impulsada para liberar a dirigentes a los que la oposición califica de presos políticos, fue aprobada por la Asamblea Nacional a fines de marzo, pero Maduro anunció que se negaría a promulgarla, y la semana pasada pidió al Tribunal Supremo un pronunciamiento sobre su contenido.

La respuesta llegó el lunes, cuando el órgano declaró la ley “inconstitucional”, entre otros motivos por “beneficiar a los investigados, imputados o condenados, ya sean autores, determinadores, cooperadores inmediatos o cómplices”, lo que “en nada conduce o colabora a una reconciliación nacional sino a una impunidad escandalosa en detrimento de la moral pública”. En este pronunciamiento, que fue publicado el lunes en la página web del tribunal, está establecido que varios artículos de la norma se refieren al beneficio de amnistía para opositores en el exilio que son considerados “prófugos” por la Justicia venezolana.

Al día siguiente, la Asamblea Nacional -en la que la oposición controla 109 de los 163 escaños- rechazó la sentencia de inconstitucionalidad que dejó inaplicable la ley de amnistía, al aprobar un acuerdo que repudia “las actuaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en su afán de darle la espalda al pueblo venezolano y contravenir la voluntad popular”. El diputado opositor Freddy Guevara -que dirige el partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, uno de los políticos encarcelados- dijo que el tribunal es “un asco” y que “no está lleno de magistrados sino de personas que han decidido arrastrarse ante el partido del gobierno”.

Maduro, por su parte, llamó a “todo el mundo” a acatar la sentencia del máximo tribunal, ya que deja sin efecto una ley que “pretendía el autoperdón de los crímenes de los golpes de Estado desde 1999 hasta 2015”. Dijo además que se trata de una sentencia “inapelable”.

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