A partir de la publicación de noticias sobre los Panama Papers, la filtración de documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca que se dedica, entre otras cosas, a la creación de empresas offshore, la Dirección General Impositiva (DGI) inició la semana pasada una serie de inspecciones en estudios jurídicos que comercializan este tipo de sociedades, para solicitar información y analizar posibles casos de evasión fiscal. Comenzó trabajando un grupo de “inteligencia fiscal” integrado por cinco inspectores, pero en los operativos actuales ya participan 40 funcionarios, con el objetivo de inspeccionar todos los estudios jurídicos que brindan este servicio.
Los funcionarios solicitan información sobre ventas de empresas en Panamá o en otros paraísos fiscales, y se pide que se identifique quién las adquiere y su domicilio. Joaquín Serra, director de la DGI, informó que en la mayoría de los estudios se logró obtener la información, pero en “un par” de casos fue necesario incautarla, porque los responsables argumentaban que debían preservar el secreto profesional. “No hay secreto profesional que se pueda oponer con la actuación de la DGI. La información se limita a la compraventa de acciones de sociedades, una información que, según nuestro derecho, la DGI tiene las facultades más amplias para requerir”, aseguró Serra.
La información recopilada, que según Serra tiene un volumen “muy significativo”, se cruzará con bases de datos internacionales sobre propietarios de empresas, con los pagos y declaraciones juradas que las personas físicas hayan realizado, y se podrán utilizar los mecanismos de intercambio de información tributaria con aquellos países con los que Uruguay tenga acuerdo. La DGI creó un grupo de trabajo específico para analizar los datos.
“No en todos los casos habrá situaciones de evasión fiscal; en algunos es probable que encontremos situaciones de evasión, y en esos casos procederemos a la liquidación de impuestos y a la aplicación de las sanciones correspondientes”. Serra explicó que desde 2011 las personas deben tributar a la DGI 12% sobre el rendimiento de lo que se llama capital mobiliario, es decir, préstamos, intereses por depósitos bancarios o la distribución de utilidades de sociedades no residentes; esa es la evasión que se investiga. El director de Rentas valoró que no puede quedar “la sensación de que hay personas que porque tienen poder económico o posibilidades de armar ingenierías jurídicas sofisticadas están en condiciones de evadir”.
Búsqueda informó ayer que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, encomendó que la fiscalía de Crimen Organizado de 1º turno, que asumirá Carlos Negro el 1º de mayo, forme un equipo para investigar la información vinculada a uruguayos en los Panama Papers que se ha difundido en la prensa.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo también comenzó a estudiar la información para definir posibles acciones de control. Ayer, el titular de la Secretaría, Carlos Díaz, adelantó en rueda de prensa que promoverá cambios legislativos para lograr mayor transparencia de las empresas offshore: que sean públicos los titulares uruguayos de las empresas y qué actividad realizan.