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Nacional | Lunes 04 • Abril • 2016

Marcha en repudio del robo de información en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense, el viernes, en la plaza Cagancha. Foto: Santiago Mazzarovich

Otras voces

Facultad de Humanidades pidió asesoría técnica en Ingeniería para “tener una segunda opinión” sobre informe de empresa de seguridad.

El viernes, y pese a la lluvia, centenares de personas se movilizaron en el centro de Montevideo para repudiar el robo de información en el local del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) y las amenazas contra el equipo de antropólogos que investiga sobre detenidos desaparecidos en la dictadura militar. Ese mismo día, el juez penal de 4º Turno, Eduardo Pereira, a cargo de la investigación, se comunicó con las autoridades del Ministerio del Interior, solicitó los informes de la Dirección Nacional de Policía Científica y tomó medidas para profundizar las pesquisas. Una de ellas fue convocar a los nueve antropólogos, que ayer declararon en la sede penal. Otra línea de acción que determinó el magistrado, según informaron fuentes cercanas al caso, tiene que ver con la posibilidad de auditar el sistema de seguridad de Grupo Gamma, la empresa privada encargada de la seguridad en el edificio perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), ubicado sobre la calle Paysandú, entre Minas y Magallanes.

Esta preocupación ante posibles fallas en el sistema de alarmas también caló en el ámbito universitario. El decano de la FHCE, Álvaro Rico, se comunicó hace unos días con su colega de la Facultad de Ingeniería, María Simon, para solicitar la intervención de técnicos del Instituto de Ingeniería Eléctrica de esa casa de estudios. El motivo del pedido, según pudo saber la diaria, tiene que ver con la necesidad de “tener una segunda opinión” y no depender “exclusivamente” del informe que entregó el Grupo Gamma, que brinda este servicio de vigilancia tras haber ganado una licitación.

La actividad de la firma de seguridad también es seguida con atención por autoridades del Ministerio del Interior. Fuentes de esa cartera confirmaron que se han hecho averiguaciones para determinar si es cierto que algunos militares y policías retirados estuvieron vinculados con la fundación de la empresa, y, en caso de que sea así, si ese vínculo se mantiene en la actualidad. Esta semana, jerarcas del Ministerio del Interior se reunirán con las autoridades universitarias para continuar con el intercambio de información. Además de lo que puedan aportar los técnicos de Ingeniería (sobre características de las alarmas, a qué tipo de dispositivos estaban conectadas, qué tipos de sensores de humo y movimiento habían instalado, entre otras cosas), también deberán tener en cuenta las investigaciones administrativas que ordenó el decano de Humanidades, cuyos resultados estarán prontos hoy, tras consultas con el secretario de la facultad, la Intendencia de Montevideo y la sección de portería y vigilancia de la institución.

Por otra parte, de los objetos que se denunciaron como hurtados no hay novedades: en el informe de la Policía Científica se indica que concretamente faltan dos memorias extraíbles (una marca Toshiba y otra Samsung), un pendrive azul de ocho gigabytes, 3.100 pesos, un candado dorado y cuatro llaves (tres de un altillo y una de un armario).


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