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Nacional | Viernes 08 • Abril • 2016

Santa Lucía. Foto: Pablo Nogueira (archivo, julio de 2006)

Se lo lleva la corriente

Ambientalistas presentarán recurso de inconstitucionalidad contra ley de riego; académico denuncia que “mercantiliza” el agua.

La idea se discutió a nivel del Poder Ejecutivo durante el gobierno de José Mujica. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca era entonces el mismo que ahora, Tabaré Aguerre. El lunes, luego del Consejo de Ministros realizado en Salto, Aguerre anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para fomentar la inversión en obras de riego. La organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra en Uruguay asegura que viola el artículo 47, aprobado con la reforma de 2004. El Laboratorio de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República elabora un informe sobre eventuales impactos de la ley y adelanta algunos problemas de la iniciativa. Y el ex director nacional de Aguas Daniel González sostiene que sólo beneficia “a los inversores a los que les interesa especular con el agua”.

El proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo modifica la ley 16.858, de riego con destino agrario, de 1997. Tiene como objetivo fundamental, según consta en la exposición de motivos, “el fomento del desarrollo del riego en el Uruguay”. “Resulta necesario aumentar la producción y competitividad del sector agrícola y ganadero, mejorar la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, así como contribuir al desarrollo de sistemas multiprediales que permitan la inclusión de productores que hoy no tienen ni tendrían en forma individual acceso al riego”, fundamenta el Ejecutivo. Enmarca la iniciativa en una “política nacional de expansión del riego en el marco de una intensificación sostenible de la producción”.

También consta un argumento manejado por Aguerre en el Consejo de Ministros abierto de Salto. Según el ministro, “hoy está sobrando el agua”. “El agua destinada a riego es el 90% del agua utilizada en el Uruguay, que es menos de 5% del agua que escurre; por lo tanto, somos ricos en agua”, dijo.

El Ejecutivo quiere fomentar que el sector privado invierta en la construcción y gestión de obras de infraestructura de riego, debido a la “alta inversión inicial” y “complejidad” que estos proyectos requieren, y teniendo en cuenta la “capacidad de pago” de los actores rurales.

La ley actual prevé la posibilidad de crear Sociedades Agrarias de Riego (SAR). Las modificaciones propuestas apuntan a habilitar -algo que hoy no está permitido- que inversores privados “de otro giro” distinto al sector agrícola se incorporen a las SAR. “Con esta modificación [...], la figura de la SAR se vuelve más atractiva para aquellos que quieran invertir y/o desarrollar proyectos de riego”, se fundamenta. Se señala que las SAR podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la ley de promoción de inversiones. Otro cambio que se introduce es que las SAR previstas en la ley de 1997 no podían privar a sus miembros del agua para riego, y ahora sí podrán hacerlo (como forma de sanción por incumplimiento en los pagos, por ejemplo), aunque se aclara a continuación: “Sin perjuicio de lo cual dicha sanción no podrá privar a sus miembros del caudal de agua para riego disponible del que gozaba previamente a la existencia de las obras de la SAR”.

Además, se crea la figura del Operador de Sistema de Riego: “aquellas personas privadas a quienes les interesa cofinanciar, construir y operar el sistema durante el tiempo de la concesión, obteniendo como contrapartida una remuneración”.

Otro cambio tiene que ver con las autorizaciones ambientales para las obras. En la ley de 1997 se establece que toda construcción de obras hidráulicas con fines de riego requiere una autorización ambiental previa, y en el proyecto se quita la palabra “previa”, lo que habilitaría a comenzar las obras sin contar con la autorización ambiental.

Sospecho

Redes está preparando un recurso de inconstitucionalidad para presentar en caso de que el proyecto se apruebe, porque entiende que viola las disposiciones de la reforma constitucional de 2004, explicó María Selva Ortiz, integrante de la organización. El artículo 47 de la Constitución establece que “el agua es un recurso natural esencial para la vida”, que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales” y que “toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto”. “[El proyecto] es inconstitucional desde donde lo mires. El agua es un bien común, no puede ser vendida. La preocupación más grande es que se habla de un sistema productivo como sostenible y ya sabemos que no es sostenible. Intensificar este sistema que ya está instalado implica que se necesiten muchos más fertilizantes, agrotóxicos. Hoy ya tenemos un problema muy grave con la calidad del agua por la presencia de fósforo y nitrógeno, producto de la intensificación del uso agrícola. Este proyecto agrava mucho la situación. Además, el agua estancada genera cianobacterias, eso ya se está viendo en embalses y represas. ¿Qué pasa con eso, lo vamos a aumentar más?”, cuestionó Ortiz, y agregó que esto generará problemas para el consumo humano y animal de agua.

También cuestionó el argumento de que el agua se “desperdicia”. “Esa agua no se va al río y la perdemos, vuelve en forma de lluvia; decir eso es ridículo porque es ignorar cómo funciona el ecosistema, que vaya al mar es importante también”, insistió.

En tanto, el Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias está trabajando en un informe sobre el alcance de la ley para determinar si ayudará a mejorar “los niveles de sustentabilidad del país o si va a generar más problemas”, informó el profesor titular Marcel Achkar. El académico identificó algunos problemas “a priori”. “Mercantiliza el agua, porque al generar los operadores privados de riego y decir que van a cobrar un canon a los integrantes de las sociedades de riego, están yendo en contra de la reforma constitucional de 2004”, sostuvo Achkar.

Al igual que Ortiz, cuestionó la visión de Aguerre sobre el ciclo hidrológico. “Los ríos no son simples cintas transportadoras de agua hacia el mar, eso es una visión simplificadora de su funcionamiento, los ríos son ecosistemas. En la medida en que represamos, variamos el funcionamiento del ecosistema y generamos problemas ambientales. Esta propuesta podría estar comprometiendo la calidad del agua”, alertó el académico. También advirtió sobre los procesos de eutrofización (presencia de cianobacterias) de los cursos de agua en el país, ya en curso, y afirmó que al intensificar la producción, la situación empeorará.

Viejas discusiones

Un proyecto de riego prácticamente idéntico al que está a estudio del Parlamento se discutió entre 2013 y 2014, durante el gobierno de José Mujica. Daniel González, director nacional de Agua del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) entre 2011 y 2015, dijo a la diaria que la iniciativa no llegó a aprobarse porque, aunque estaba firmada por los ministerios de Ganadería y de Economía, enfrentó la resistencia del MVOTMA, encabezado por Francisco Beltrame. “El proyecto nunca se llegó a presentar porque el ministerio nuestro nunca estuvo de acuerdo con él. Tuvimos una posición firme y también se conversó con otros compañeros fuera del ministerio, del MPP, y se convenció al Pepe [Mujica] de que no había que seguir con eso”, contó. González advirtió que en lo central, el proyecto presentado esta semana “es el mismo” que el anterior. “Permanece lo principal a lo que nos oponíamos: una forma de apropiación de un recurso natural, con la que no estamos de acuerdo”, remarcó. Consideró que se debe “impedir un proceso de apropiación por parte de particulares, que es lo que este proyecto impulsa”, para beneficiar a “inversores a los que les interesa especular con el agua”.

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