El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, tuvo ayer su primer encuentro en una comisión parlamentaria desde que asumió el cargo, a fines de octubre de 2015. Fue en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde presentó un detallado informe sobre las recorridas y actividades que realizó en estos primeros meses de gestión. También presentó su diagnóstico general sobre el sistema carcelario, y algunas de sus principales preocupaciones: la falta de actividades y de tratamiento que hay en buena parte de los centros carcelarios y, vinculado a esto, la disminución de las horas docentes en las cárceles. “Se avanzó mucho, pero estamos con muchos problemas”, resumió Petit en diálogo con la diaria. En particular sobre las horas docentes indicó que si bien comprobó en varios centros que disminuyeron, pidió una entrevista con las autoridades de la enseñanza para “verificar efectivamente cuántas y por cuánto tiempo. Tengo alguna información parcial de algunos centros, quiero saber si es una cuestión de momento”, explicó.
Petit considera importante que sea “todo el Estado el que encare el sistema penitenciario, no sólo el Ministerio del Interior: también el área de la salud, de la educación, el área social del Ministerio de Desarrollo Social [Mides]... es muy importante que se conciba como un continuo: la comunidad, la privación de libertad y después el retorno a la comunidad”. Petit insistió en que la “mala convivencia genera problemas, y lo que evita la violencia es la actividad”.
Otro tema de preocupación del comisionado parlamentario son las condiciones en que se realizan las visitas en los centros penitenciarios, en particular en las cárceles más pobladas como el Comcar o el Penal de Libertad, donde las dificultades de acceso son importantes. “Hay colas muy largas, gente que va en la madrugada, y se genera una tensión innecesaria”, señaló. Petit contó que ha recibido a varios grupos de familiares que, además de hacer planteos sobre las visitas, acuden con otras preocupaciones, y lo que se busca es conectarlos con las áreas que puedan brindarles servicios, fundamentalmente en la atención a niños o a las familias al preparar el egreso del interno.
Petit asumió su cargo después de un año en que había quedado vacante, debido a la renuncia del anterior comisionado, Álvaro Garcé. Las denuncias de los internos llegan por distintas vías: por medio de familiares o amigos de las personas presas en la oficina del comisionado o por teléfono, solicitando una entrevista al comisionado desde las cárceles, o durante las recorridas que realiza Petit. “Llegan muchísimos casos, la oficina es útil y ayuda”, opinó Petit, que agregó que se está trabajando en un sistema para tener en versión digital todas las intervenciones que realiza la oficina.
Petit dio cuenta también de las reuniones institucionales con organismos de gobierno, entre otros, la Universidad de la República, el Mides, la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia y la Corte Electoral y contó que se está elaborando un sistema de indicadores de gestión penitenciaria para poder dar dictámenes más “objetivables”. El comisionado recorrió prácticamente todos los centros de reclusión del país, unos 30.
Las diputadas de la Comisión de Derechos Humanos consideraron “preocupante” el panorama que pintó el comisionado parlamentario. Gloria Rodríguez, diputada por el Partido Nacional, indicó que dos de las descripciones que le generaron mayor preocupación fueron la del Comcar, donde está internada 35% de la población carcelaria, unos 3.500 presos, y la de la Unidad Nº5, donde están las mujeres y a donde se prevé mudar la cárcel El Molino, donde habitan mujeres que tienen hijos. “El comisionado considera que debe ser algo transitorio, para seguir evaluando y mejorando”, indicó Rodríguez. Berta Sanseverino, del Frente Amplio, también manifestó preocupación por la falta de propuestas educativas que evidenció Petit: “En su opinión, para que realmente se salga con más fortalezas y posibilidades de una inserción falta mucho”, señaló.