Cerca de 45 personas participaron el sábado en la asamblea de usuarios del centro Tiburcio Cachón. “Se puso a consideración si levantar o no la ocupación y se llegó a la conclusión de que no, porque no estaban dadas las garantías suficientes”, explicaron a la diaria Daniel Lamas y Ángela Valverde, usuarios que ayer de mañana sostenían la ocupación. Lamas detalló que se habló de la sesión del miércoles 11 de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, a la que concurrieron la titular del Mides, Marina Arismendi, y la subsecretaria, Ana Olivera, y que “la ministra sigue exactamente igual con el tema del traslado, y nosotros defendiendo la postura del no traslado”. En cuanto a las garantías que piden para desocupar, Lamas se refirió “al diálogo con el Mides, en primera instancia”.
Los usuarios tuvieron, junto a otras organizaciones de personas ciegas y de baja visión, una reunión en diciembre de 2015 con la directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), Begoña Grau. Allí fueron informados directamente del traslado y manifestaron su desacuerdo. “La señora Begoña nos dijo que el traslado era inminente y nos planteó las modificaciones que se iban a hacer en el instituto Artigas; dijimos que no queríamos. Ella nos dijo que no iba a pedir explicaciones, sino a comunicar que se iba a hacer”, relató Valverde. Los usuarios dicen que tienen argumentos válidos y técnicos para justificar su posición, pero que no han tenido oportunidad de planteárselos a las autoridades.
Así como el Mides fue avanzando en la implementación del cambio de locación, los usuarios fueron incrementando su rechazo. Lamas afirmó que, días antes de que ocuparan, los técnicos dijeron “que era inminente el traslado”. Las autoridades del Mides, por su parte, aseguraron en la Comisión de Derechos Humanos que “en ningún momento se dijo que el traslado era inminente”, pero los usuarios denuncian que, de hecho, ya se está produciendo: “Hay equipamiento que debería estar acá si se fuera a trasladar el centro de forma completa, y ya no está”, dijo Lamas, quien agregó que el gimnasio no tiene la infraestructura de antes.
A poco de comenzada la ocupación, uno de los usuarios, Gregorio Fernández, inició una huelga de hambre. Iban seis días, el sábado 30 de abril, cuando Ana Olivera -que lo conocía- se comunicó con él para pedirle que interrumpiera la medida porque había una posibilidad de negociación con el Mides. La subsecretaria expresó en el Parlamento que “la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos nos había dicho que se iba a realizar una mediación y que seríamos convocadas las diferentes partes”, pero que “al otro día en la prensa salió que iban a tener una reunión conmigo, cosa que nunca estuvo planteada”; Olivera agregó que en dos oportunidades Fernández le confirmó que ese había sido un malentendido, ratificando que ella nunca había hablado de una reunión directa. Más de un mes antes de la ocupación los usuarios recorrieron los despachos de legisladores de varios partidos para plantear el rechazo al traslado. Varios de ellos asistieron al centro después de ocupado. Producto de esos diálogos, legisladores del Frente Amplio (FA) propusieron una reunión entre los usuarios, las autoridades del Mides y legisladores oficialistas. Lamas entendió que era ése el diálogo propuesto por Olivera, y decidieron no aceptar la invitación porque no correspondía hacer una reunión en una sede partidaria y sin representantes de otros partidos.
Tras una intervención de la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, autoridades y legisladores discutieron el punto en la Comisión de Derechos Humanos. El diputado Jorge Meroni, del Movimiento de Participación Popular (FA), sostuvo que él había tratado de impulsar la reunión “entre frenteamplistas, usuarios frenteamplistas, la ministra y la subsecretaria, que no están inhibidas”. La reunión no se concretó porque Arismendi tampoco estuvo de acuerdo, según consta en la versión taquigráfica: “No considero que la situación de un instituto público que pertenece al ámbito del ministerio, con las comisiones parlamentarias en el medio, se trate en una reunión [...] entre el Ministerio de Desarrollo Social, ocupantes y diputados, no importa de qué fuerza política. En la vida real cada uno de nosotros tiene su investidura y los ocupantes son los ocupantes”.
El intercambio entre las partes daría un paso más mañana a las 12.30, cuando una delegación de usuarios del Tiburcio Cachón sea recibida por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Será la tercera reunión en ese ámbito, dijo Lamas. Mañana esperan, también, recibir alguna comunicación de Presidencia de la República; la posibilidad es que sean recibidos mañana por la secretaría de Presidencia para entregar una carta dirigida al mandatario Tabaré Vázquez, con argumentos en rechazo al traslado al instituto Artigas.
Lugar para todos
El instituto Artigas fue transferido al Pronadis con la Ley de Presupuesto 2015-2019; había sido creado en 1914 y administrado por una asociación civil hasta la década de 1970, cuando fue intervenido por el Estado. Es un predio de tres hectáreas y media que incluye un asilo para personas ciegas y una pequeña residencia para personas del interior que llegan a Montevideo con el fin de hacer los cursos de rehabilitación. También se dictan algunas clases y funciona un call center donde trabajan personas ciegas.
Con lo que se ahorre del alquiler del Centro Tiburcio Cachón -propiedad de la Liga Antituberculosa- y de los gastos de su mantenimiento, el Mides alega que potenciará la rehabilitación de las personas ciegas y con baja visión en el instituto Artigas y en el interior del país. Arismendi señaló que el principal problema es la falta de instructores de rehabilitación, y pidió formación profesional para atender la problemática.
Por otra parte, el Mides proyecta crear en el chalet de la Liga Antituberculosa un centro para atender a bebés y niños que “están judicializados, esto es, que están separados de sus padres, que se encuentran en la órbita de INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y que están en distintos lugares, como por ejemplo el Pereira Rossell”, dijo Arismendi en el Parlamento. Se intenta que no vayan a un hogar de INAU, sino que sean comprendidos por el plan de acogimiento familiar.
Jueces mediante
Los usuarios presentaron un recurso de amparo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. Lamas informó que el juez Pablo Eguren dio “un plazo para que se junten las dos partes y se haga una hoja de ruta de lo que habría que realizar para que se deje el instituto Artigas totalmente accesible”. No les conformó la respuesta: “Difícilmente estemos de acuerdo porque no queremos ir para allá”, dijo Lamas. Si no hay acuerdo entre las partes, “el 31 de mayo hay otra audiencia y seguirá el proceso”, comentó.
A su vez, el Mides también presentó un recurso de amparo. Sobre éste, Arismendi relató en la comisión que la Justicia entendió que lo que corresponde es aplicar el procedimiento específico: “comunicar la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que éste llame a las partes para ver si se soluciona y, de lo contrario, darle paso al Ministerio del Interior para que éste desaloje. [...] Me manda a que desaloje y todavía me envía el decreto, para que me entere”, expresó Arismendi acerca del dictamen judicial.
Con obstáculos
Los usuarios rechazan el traslado por la ubicación del instituto Artigas. Defienden la accesibilidad del centro Cachón, que está rodeado de cuatro avenidas importantes -Batlle y Ordóñez, San Martín, General Flores y Luis Alberto de Herrera-, que dispone de una veintena de ómnibus -contra cinco o seis líneas que llegan al Artigas- y que tiene veredas por las que se puede transitar sin mayores dificultades. Entienden que la zona de Camino Maldonado y Libia es inapropiada para cualquier persona que vaya a iniciar un proceso de rehabilitación, porque las paradas están lejos unas de otras, y “si te pasás una parada, para volver es un caos”, dijeron. “No hablemos de un día de lluvia, o que bajes por Libia y tengas que pasar por la puerta de la policlínica, donde siempre hay patrulleros y ambulancias. En la entrada al instituto no hay veredas, hay banquinas. Cuando llueve son cráteres, no pozos, y hay una rotonda que no sirve para personas con poco sentido de orientación”, plantearon, además de criticar que al bajar del ómnibus tienen que caminar dos cuadras.
El Pronadis ha asegurado que pondrá una camioneta para quienes tengan dificultades para ir en ómnibus, pero la solución tampoco convence a los usuarios, que aspiran a llegar por sus propios medios. Sienten que en el Cachón tienen todo al alcance: “Esto está adaptado y es en una planta sola; acá lo más alto que tenemos es una rampa. En el instituto Artigas te ponen orientación y movilidad -que es la primera área a la que la persona accede cuando se va a rehabilitar- en el segundo piso. Las barandas terminan antes que las escaleras; si te guiás por las barandas, te caés”, enumeraron.
El Mides elaboró un plan de accesibilidad para el instituto Artigas, que incluye instalar el primer semáforo sonoro de Montevideo, reparar la caminería, trasladar la parada de ómnibus, señalizar los trayectos y retirar las raíces de los árboles sobre la calle Libia para poder hacer veredas, detalló Ana Olivera, el martes, en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos.