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Nacional | Martes 03 • Mayo • 2016

El subsidio al pavimento

Eventuales conflictos con una política nacional de cambio climático.

En la convocatoria al lanzamiento del proceso de construcción de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) para los próximos 40 años, convocado por el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), se destaca la necesidad de minimizar impactos locales y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en la materia. Es una excelente noticia que se esté pensando en planificar a tan extenso plazo algo que no es usual en el país, y no cabe duda de que siendo este tema el que convoca, toda preocupación es poca, dadas las proyecciones de efectos del cambio climático antropogénico, aun en sus versiones más leves, sobre la economía y el bienestar de nuestras sociedades, la biodiversidad y los procesos ecosistémicos a nivel global.

Pensando en esta iniciativa, sería una pena que se transformase en un caso de lo que un colega llama “esquizofrenia estatal”: el Estado invierte recursos valiosos en la identificación y atención de un problema mientras, por otro lado, el propio Estado frustra estos esfuerzos por acción u omisión. Ignoro si existe una terminología formal para este fenómeno, seguramente sí. Un ejemplo citable en el marco de los temas ambientales podría ser la elaboración de una lista de especies exóticas con efectos nocivos sobre la biodiversidad y economía del país y recomendaciones para su manejo por un lado, mientras se promueve la introducción y distribución de especies presentes en esta lista por parte de organismos del propio Estado (varias de las especies empleadas en el arbolado y ajardinado público, habilitación y promoción de la acuicultura con esturiones y carpas, entre otros ejemplos). Procederé entonces a presentar el caso que identifico en este asunto particular.

Recientemente fue aprobado el decreto 110/016, en el que el Ministerio de Economía y Finanzas establece una serie de beneficios fiscales en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones para los interesados en la construcción, ampliación y explotación de estacionamientos, a construirse antes de 2020. El fin declarado en el decreto es mantener el tránsito descongestionado en ciertas zonas de Uruguay (luego definen que son todas en Montevideo) mediante el incremento de las plazas de estacionamiento. El efecto esperado es evitar el colapso del sistema vial ante un pronosticado incremento en la plaza automotriz de la capital. Siendo el dónde dejarlo un factor importante a la hora de decidir tanto la adquisición como la utilización de un automóvil como medio habitual de transporte, la aplicación de este decreto viene a subsidiar el aumento en la plaza automotriz, contribuyendo eventualmente al congestionamiento de la red vial que pretende aliviar. Más autos, a menos que estemos frente a una revolución tecnológica que lo evite, implica necesariamente un incremento en la emisión per cápita de gases de efecto invernadero. Aquí comienza el conflicto con el eventual PNCC, y es sólo una punta del asunto.

Al pensar en los efectos que tienen los cambios de cobertura del suelo asociados a la urbanización, las superficies pavimentadas han sido señaladas como uno de los factores centrales de degradación ambiental urbana, particularmente debido a los efectos de su extensión y continuidad sobre aspectos locales del cambio global antropogénico. En primer lugar, los pavimentos convencionales son superficies con una alta inercia térmica. Esto hace que el calor que retienen durante las horas de sol sea liberado lentamente durante la noche, haciendo a las ciudades varios grados más cálidas que su entorno y contribuyendo al fenómeno de isla de calor urbano. En segunda instancia, al reflejar la luz solar este tipo de superficies han sido señaladas como un factor importante en la producción de gases como el ozono, a partir de reacciones fotoquímicas que tienen como precursores algunos gases resultantes de las combustiones industriales y vehiculares. Destaco aquí al ozono, ya que es un gas que goza de buena prensa cuando se presenta en las capas superiores de la atmósfera, pero debido a su efecto como oxidante es responsable de la degradación de materiales como los plásticos y de daños a nivel celular en plantas y animales, siendo particularmente importante como causante de afecciones respiratorias en ciudades en las que el esmog fotoquímico es un problema. Otro efecto de la pavimentación de superficies tiene que ver con la impermeabilización del suelo. Al disminuir la infiltración de agua de lluvia e incrementar la escorrentía por superficie, lleva a la degradación de cursos de agua, ya que contaminantes y nutrientes que de otra manera serían degradados o retenidos localmente van a parar a estos. Los más notorios problemas ambientales en Uruguay en los últimos años, al punto de llegar a la relevancia en la opinión pública y disparar respuestas políticas específicas, tienen que ver directamente con la calidad de las aguas superficiales.

Dentro de este contexto, los estacionamientos son particularmente relevantes. Son superficies pavimentadas generalmente extensas, continuas y con poco sombreado cuando son abiertos, y es fácilmente comprobable que se mantienen calientes durante varias horas de la noche. La combustión concentrada de los vehículos los hace una fuente importante de gases precursores del esmog fotoquímico, y los derrames de combustible y aceite, hollín y material de desgaste de los neumáticos van a parar rápidamente a los desagües sin ningún tipo de tratamiento. Y está el ruido, que es otro asunto aparte. Para mitigar estas condiciones es usual la utilización de pavimentos permeables e infraestructura verde como arbolado y ajardinado de sitios de estacionamiento, y, fundamentalmente, se vuelcan recursos a la investigación en este sentido. Uruguay está bastante lejos de la vanguardia en estos temas particulares, y las menciones a estacionamientos subterráneos (por ejemplo, debajo de plazas públicas, lo que constituye otra fuente de conflicto) están motivadas más por falta de espacio que por temas ambientales. El decreto promulgado no establece ningún criterio al respecto, por lo que si la normativa municipal lo permite es de suponer que termine subsidiando todo lo contrario a lo que se entiende como buenas prácticas en este sentido.

Uno más enterado podrá decir algo sobre el efecto que tiene la promoción del transporte particular en la degradación del tejido social. Algún otro podrá hablar sobre las consecuencias de un decreto que busca asegurar el lucro privado por medio de la renuncia a la recaudación de impuestos necesarios para atender demandas colectivas como un buen transporte público o el propio mantenimiento de la infraestructura vial. Los objetivos de esta nota en particular han sido plantear que este decreto va a contramano de paradigmas emergentes en temáticas ambientales y urbanísticas, contribuyendo a restar seriedad y efectividad a las buenas intenciones del propio Estado en estas áreas. Sería bueno que en el proceso de construcción del PNCC se priorice la revisión de las normativas actuales, a fin de evitar posibles conflictos.

Una versión previa de esta columna fue publicada en el blog Razones y personas.

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