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Nacional | Jueves 12 • Mayo • 2016

En el nombre de Mauricio

Justicia argentina pidió información sobre estudio de contadores uruguayo que ofició como intermediario de offshore de Macri.

La prensa argentina maneja desde hace varias semanas el nombre del contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell, socio del estudio Lussich Torrendell & Asociados, que ofició como intermediario en la creación de la empresa offshore Fleg Trading Ltda, perteneciente al presidente de ese país, Mauricio Macri, pero que este omitió mencionar en su declaración jurada. Este martes, la Justicia argentina solicitó colaboración a Brasil, Uruguay, Reino Unido e Irlanda en la causa. Uruguay figura en los primeros lugares como intermediario de sociedades offshore, con 300 intermediarios, según la información surgida de los Panama Papers.

La prensa argentina maneja desde hace varias semanas el nombre del contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell, socio del estudio Lussich Torrendell & Asociados, que ofició como intermediario en la creación de la empresa offshore Fleg Trading Ltda, perteneciente al presidente de ese país, Mauricio Macri, pero que este omitió mencionar en su declaración jurada. Este martes, la Justicia argentina solicitó colaboración a Brasil, Uruguay, Reino Unido e Irlanda en la causa. Uruguay figura en los primeros lugares como intermediario de sociedades offshore, con 300 intermediarios, según la información surgida de los Panama Papers.

Los estudios de abogados y contadores y el sector inmobiliario nunca fueron controlados en este sentido, y lo serán a partir del 1º de junio. Sobre esto se conversó ayer en un panel en el que participaron representantes de consultoras, organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU).

Diego Baldomir, del estudio Guyer & Regules, comenzó su exposición ayer en la sede de la APPCU comentando que la sala estaba llena de detectives. Se refería a que los operadores inmobiliarios (constructores, inmobiliarias) que constituían el público, quienes ya tenían el deber de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, ahora serán fiscalizados y penalizados en caso de incumplimiento. Esto es así a partir de la última Ley de Presupuesto, que incluyó al sector no financiero como pasible de control por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La exposición de Baldomir, del representante de Posadas, Posadas & Vecino Juan Carlos Plachicoff y del representante de KPMG Martín Clerino se denominó “Prevención de lavado de activos. Normativa legal y herramientas prácticas”, y fue didáctica. “Para todos va a ser un poco un dolor de cabeza, pero se trata de habituarse y no va a haber muchos problemas”, aseguró Baldomir. Recordó que “la gran mayoría del lavado de dinero se hace por medio de inmuebles”.

Los expositores recomendaron prestar atención a tres factores de riesgo. En primer lugar, los vinculados al país de origen del cliente, en particular si se trata de un paraíso fiscal. En segundo lugar, los vinculados al cliente: si este no parece tener capacidad económica, si se quiere poner obras a nombre de menores, si participan las denominadas “personas políticamente expuestas (PPE)” -presidente, ministros, legisladores, ediles, entre otros-, si el cliente es una persona procesada por delitos precedentes al lavado de activos, si el cliente no quiere proporcionar el domicilio o aporta datos falsos, o cuando no quiere dar la información del beneficiario final. En tercer lugar, hay factores de riesgo vinculados con la transacción: si el precio es demasiado alejado del de mercado, si hay transacciones sucesivas de un mismo inmueble, si el pago se realiza total o parcialmente en efectivo, si los fondos provienen de préstamos no transparentes.

La principal preocupación de los asistentes fue la posibilidad de perder clientes por tener que solicitar ciertos datos personales o inquirir sobre el origen del dinero, o incluso temor por su integridad física cuando se está ante “delincuentes” y se tiene que reportar operaciones sospechosas. Baldomir incluso comentó que “varias inmobiliarias de Punta del Este” le habían contado que habían visto “cosas raras”, pero dijeron que les daba “cosa denunciarlo, porque va otra [inmobiliaria] y lo hace [el negocio]”. Plachicoff informó que, según la memoria anual de la UIAF de 2015, de 363 Reportes de Operaciones Sospechosas, sólo 13 casos pasaron a la Justicia penal y hubo diez resoluciones de inmovilización de fondos. Dentro del sector no financiero, quienes más reportaron fueron los administradores de sociedades (30 casos), seguidos de los casinos (18), los escribanos (ocho) y las inmobiliarias (cuatro). También hubo un reporte de un explotador de zona franca y otro de un rematador.

Un asistente se quejó de que le estaban pidiendo “tareas de policía” y otro se preguntó cómo el Estado pretendía que ellos tuvieran mayor capacidad de control que un banco. El último que hizo uso de la palabra se mostró confiado en que “cuando cambie el gobierno, en 2019”, estas políticas se van a modificar.

Bien ranqueado

Uruguay ocupa un lugar relevante como intermediario en la creación de empresas offshore, según los Panama Papers (ver “El top 25 de intermediarios”). Tras la filtración, la Dirección General Impositiva (DGI) realizó una inspección en más de 50 estudios que figuraban en los documentos filtrados, para solicitar información. En algunos casos, debió incautarla porque los responsables de los estudios se negaron a brindarla, señalaron a la diaria fuentes de la DGI, pero en ningún caso se llegó al extremo de utilizar la fuerza pública. Ahora el organismo está analizando caso a caso y sistematizando toda la información para sacar conclusiones. Sin perjuicio de responsabilidades mayores, la DGI busca determinar en particular si existió evasión de impuestos de residentes en Uruguay que tienen que pagar eventualmente IRPF sobre las ganancias mobiliarias (como inversiones financieras), o, en caso de que la empresa tenga actividad en Uruguay, si está pagando sus impuestos.

Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, opinó que debe modificarse la legislación para que sea obligatorio el registro del beneficiario final de las operaciones, y que debe haber un “fuerte cambio” en los niveles de tolerancia a la existencia de testaferros en este tipo de sociedades.

Baldomir, de Guyer & Regules, dijo a la diaria que en el caso de ese estudio jurídico, que figura como intermediario de 70 sociedades offshore en los Panama Papers y que fue uno de los casos inspeccionados por la DGI, siempre se hace “un control y un conocimiento del cliente”. “Se llena un formulario y se analiza, y tenemos empresas internacionales que nos brindan información, como World Check, y si pasa todos los controles, está bien”, explicó. Aseguró que el beneficiario final siempre se sabe, porque en esa dirección de transparencia “va el mundo”.

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