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Nacional | Lunes 23 • Mayo • 2016

Haciendo memoria

Dos testigos declararon por la causa del Plan Cóndor en Roma: Carlos Osorio y Daoiz Uriarte.

La audiencia del viernes 20 de mayo se abrió con el recuerdo de los 40 años del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Rosario Barredo y William Whitelaw.

Dos testigos declararon ante el tribunal en la causa de la Operación Cóndor, que involucra a más de 30 imputados de Brasil, Chile, Uruguay y Perú por el secuestro y la desaparición de más de 40 ciudadanos latinoamericanos, muchos de los cuales eran ciudadanos italianos.

Casi cuatro horas llevó la declaración de Carlos Osorio, integrante de The National Security Archive, un instituto de investigación independiente de la George Washington University, cuyo archivo se ocupa de recolectar y publicar documentos desclasificados. El acceso a ese material tiene reglas y mecanismos muy estrictos, cuenta Osorio: “Por un lado, el gobierno de Estados Unidos produce millones de documentos cada año. Las leyes permiten que 90% de ese material sea destruido y apenas 10% vaya al Archivo Nacional, que se ocupa de hacer revisiones antes de desclasificar. De todo ese monto hay información accesible sólo para lo que se refiere al Departamento de Estado, y sólo hasta 1979. La otras agencias no entregaron nada. Otro proceso de desclasificación se lleva a cabo mediante peticiones de acceso a documentación, y eso es lo que nosotros hacemos regularmente. Desde 1985 hemos hecho más de 50.000 pedidos en muchos ámbitos. También el público puede ejercer ese derecho de pedido de acceso. Después de 1992 hay otro filón en lo que se desclasificó. Clinton decidió, para mejorar su relación con América Latina, hacer grandes desclasificaciones de motu proprio, y comenzó con El Salvador (12.000 documentos), Chile (17.000) y Guatemala (10.000); al final de su administración, el Departamento de Estado decidió desclasificar 4.700 documentos sobre Argentina. La diferencia es que las desclasificaciones sobre los otros países latinoamericanos incluyen material de varias agencias, como la CIA y el FBI, además de las del Departamento de Estado, pero las de Argentina no. El presidente [Barack] Obama ha ordenado esas desclasificaciones, y esperamos tenerlas en un año. En lo que atañe a Uruguay, ya que no ha habido una desclasificación directa de material que se refiera al país [aunque el gobierno uruguayo, como subrayó Osorio, pidió en dos ocasiones -en 2002 y en 2013- a Estados Unidos la desclasificación de una serie de documentos sobre aquella época], el análisis de los diferentes casos se fundamenta en documentación desclasificada argentina”.

Tras analizar una larga serie de documentos que han dibujado cronológicamente el origen, el nacimiento y el desarrollo de la Operación Cóndor en América Latina, Osorio pasó a analizar más detalladamente material sobre los diferentes casos que conforman la causa Cóndor en Roma. La documentación presentada muestra un gran protagonismo chileno en la primera fase de esa coordinación entre los países del Cono Sur, aproximadamente en 1975. Siguió una fase intensa de cooperación, entre enero y setiembre de 1976, sobre la que hay muchos documentos que detallan la situación de ciudadanos chilenos y uruguayos secuestrados en Argentina y trasladados ilegalmente a sus países de origen, y un rol de primer plano de Argentina que, lentamente, creció en la cooperación con los otros países que se sumaron al Cóndor. Como la mayor parte son documentos provenientes del Departamento de Estado estadounidense -a menudo consisten en intercambios entre el gobierno estadounidense y sus embajadas en los países de América Latina-, el material demuestra de manera contundente el nivel de conocimiento que los gobiernos de Estados Unidos tenían de lo que estaba pasando en los países del Cono Sur.

Con respecto a Uruguay, Osorio utilizó varios cables de intercambio entre las embajadas estadounidenses en Buenos Aires y Montevideo y el Departamento de Estado, para estar al tanto de las oleadas represivas en contra de ciudadanos uruguayos residentes en Argentina. Analizó el caso del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), mencionado en un cable de agosto de 1976 escrito por el Departamento de Estado y dirigido a la embajada estadounidense en Buenos Aires, en el que se manifestó preocupación por la suerte de 30 uruguayos secuestrados y desaparecidos; se pedía al embajador promover un encuentro con las más altas autoridades argentinas para manifestar la preocupación de Estados Unidos respecto de esa situación. En noviembre de 1976, la embajada estadounidense en Montevideo envió un cable al Departamento de Estado relatando la gran movida mediática alrededor de la captura de 62 integrantes del PVP; la embajada añadía que sabía que 22 de ellos habían sido secuestrados en Argentina en julio y traídos a Uruguay. Del Archivo del Terror de Paraguay, Osorio mostró otro material sobre el PVP que surgió durante el interrogatorio de Dora Marta Landi, traída por personal del Side (Servicio de Inteligencia de la Defensa) de Argentina. Se deduce que esos documentos fueron obtenidos o producidos en julio de 1976 por el Ejército uruguayo. Los legajos relataban la organización del PVP hasta mayo de 1976 y después de esa fecha. Otro documento fechado en julio de 1976 era un resumen histórico de lo que fueron la FAU (Federación Anarquista del Uruguay), la ROE (Resistencia Obrero Estudiantil) y el OPR33 (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales) hasta aquel momento. Tenía el sello del Ejército uruguayo y aparecían los nombres de León Duarte y Gerardo Gatti; en la página 14 se relataba la realización, en julio de 1976, del claustro final (palabra en código del OPR33 para describir su congreso interno), con la concurrencia de 55 militantes identificados. Muy importante es un cable, adjunto a ese material, que muestra una “Relación de requeridos de OPR33”, una lista de 64 militantes en la que hay muchos nombres de gente que desapareció entre julio y setiembre de 1976. En la página 2 se habla de Gerardo Gatti; en la página 4, de Juan Pablo Recagno y de María Emilia Islas.

Entre fines de 1977 y principios de 1978, los documentos estadounidenses se enfocaron en varios uruguayos que estaban siendo detenidos en Buenos Aires. La información llegó a la embajada de Estados Unidos mediante el señor Leonet que trabajaba en ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). Uno de los documentos, de fecha 20 de abril de 1978, se titula “Posible repatriación de refugiados uruguayos” y relata que ACNUR tenía información de que las autoridades de Argentina permitieron operaciones de inteligencia del Ejército uruguayo en Buenos Aires entre diciembre y enero para detener a un número de refugiados residentes en Argentina. Esa, se dice, fue una operación de agradecimiento de los argentinos porque los uruguayos les entregaron a Oscar de Gregorio.

El otro testigo, Daoiz Gerardo Uriarte Araújo, que era integrante de los GAU -Grupos de Acción Unificadora-, ya había estado detenido en 1974 en Punta Carretas. A fines de noviembre de 1977 fue secuestrado en su casa por un grupo armado y llevado a un lugar que luego identificó como el Fusna, en donde sufrió torturas e interrogatorios dirigidos a obtener información sobre la dirigencia de los GAU. Su testimonio aportó más pruebas sobre la existencia de una coordinación entre Montevideo y Buenos Aires, ya que en cierto momento cesó el interrogatorio y le dijeron que ya tenían a quienes estaban buscando, refiriéndose, en particular, a Raúl Borelli y otros integrantes de los GAU.

La próxima audiencia tendrá lugar el 9 de junio, con los testigos Chiminelli, Ponce de León, Falero, Veliz y López, según anunció el abogado representante del Estado uruguayo en la causa, Fabio Maria Galiani.

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