La impugnación al neoliberalismo y su crisis

Desde comienzos del siglo XXI se configuró en la región un nuevo mapa político cuyo carácter definitorio (progresista, posneoliberal, izquierdista, consenso nacional popular, neodesarrollista o neoextractivista) fue y sigue siendo objeto de debates. Algunos investigadores preferimos caracterizar a esta etapa como ciclo de impugnación al neoliberalismo (CINAL), para expresar su carácter fluido y en disputa, e incluir los rasgos comunes y más característicos que presentan los distintos procesos, más allá de sus especificidades nacionales. El ciclo ha entrado en un cono de sombra a partir de 2013, con la muerte de Hugo Chávez, y la crisis se ha agudizado como resultado de cambios drásticos en el escenario económico mundial.

Este ciclo surgió como producto y respuesta a la intensificación de las luchas populares desplegadas en los años previos. Con la llegada de gobiernos que cuestionaban el paradigma neoliberal se produjo un cambio importante en la correlación de fuerzas sociales a escalas nacional y regional, y la configuración de un escenario de disputa por la hegemonía.

Los gobiernos del CINAL asumieron, con amplitud y profundidad diversas, las demandas populares que empujaron sus triunfos electorales, habilitando un abanico de transformaciones económicas, políticas y sociales muy genéricamente definidas como “progresistas”, en comparación con las modalidades neoliberales que las precedieron. Sin embargo, sólo en Bolivia llegó a la presidencia una fuerza política surgida desde las luchas de los movimientos sociales. En los demás casos, los malestares y protestas ya aparecían mediados políticamente cuando se instalaron los nuevos gobiernos.

Estructuras sin modificar

El CINAL se desplegó en un contexto económico internacional caracterizado por el boom de los precios de los commodities. El ascenso de China como comprador masivo de la soja, el petróleo, el gas y los minerales que exporta la región produjo un importante crecimiento económico en la mayoría de los países, incluidos los que siguieron anclados en el molde neoliberal (como México, Colombia, Perú y Chile). El CINAL acentuó las tendencias a la reprimarización y el extractivismo preexistentes, pero también brindó la base económica para que se implementaran políticas redistributivas del ingreso, asistencia social masiva, fomento del consumo y crecimiento del empleo.

En el marco de este proceso se reinstaló el Estado-Nación como actor preponderante vis-à-vis con el mercado mundial y con mayores márgenes de autonomía relativa. Mientras que durante el neoliberalismo de los 90 toda la fuerza del Estado se dirigía a privilegiar el papel del mercado como articulador de la vida social, en el nuevo siglo se produjo una reacción cuestionadora de la primacía de la lógica mercantil por sobre la voluntad política.

La bonanza de las exportaciones brindó a los gobiernos del CINAL un mayor margen de acción para enfrentar a los poderes económicos y políticos externos (principalmente Estados Unidos) y a los grupos dominantes de base nacional. Así, el Estado reforzó su papel arbitral entre clases y fracciones en pugna y su rol mediador en el conflicto capital-trabajo. Mediante la reestatización o creación de empresas nacionales, la apropiación y gestión de la renta extraordinaria (gas, petróleo) o la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras, los gobiernos del CINAL (a diferencia de los anclados en el neoliberalismo puro y duro) lograron generar recursos con los cuales financiar políticas públicas asistencialistas para los sectores más postergados, aumentar y sostener la tasa de empleo y ampliar el consumo interno. La consecuencia positiva fue una considerable ampliación de derechos y mejoras materiales palpables (vía políticas de ingresos y subsidios directos) para grandes sectores de la población y el empresariado local.

Sin embargo, al no afectarse las estructuras económicas heredadas, la sustentabilidad económica y política de los cambios no fue garantizada. Esto se debió a que durante el CINAL se profundizaron los esquemas productivos basados en la explotación de recursos naturales (extractivismo) alineados con el modelo de acumulación global. Brasil es un caso paradigmático: las exportaciones primarias desplazaron del primer lugar a las industriales, torciendo el patrón de crecimiento del gigante sudamericano.

Las propuestas de transformación de la matriz productiva enunciadas como deseables por varios gobiernos quedaron subordinadas al aprovechamiento inmediato de los recursos provenientes de las exportaciones y, de este modo, permanecieron firmemente engarzadas en el ciclo neoliberal del capitalismo mundial.

Consumo y conciencia

Durante este ciclo también se promovieron “pactos de consumo y empleo” basados en asegurar el trabajo y ampliar la capacidad de compra popular, con consecuencias paradójicas. Satisfacer demandas materiales, injustamente postergadas por décadas de ajuste, fue el eje de su apelación hegemónica.Cuando el mejor acceso a condiciones básicas de vida y a bienes de consumo masivo es una conquista de las luchas populares, su legitimidad es incuestionable. Pero cuando se enmarca en las formas actuales de producción capitalista, es posible cuestionar su relevancia para potenciar procesos de transformación social radical. Se plantea una contradicción entre la legitimidad y la justicia de satisfacer demandas postergadas, y el simultáneo fomento de un consumismo acrítico e insostenible a largo plazo. Más allá de la apelación al buen vivir y a sinceros esfuerzos por generar mayores niveles de conciencia con respecto a los bienes comunes, un déficit notorio del CINAL fue que no se propuso librar ninguna batalla intelectual y moral de envergadura contra los valores del consumismo capitalista.

Asimismo, se apostó por mantener a la democracia liberal representativa como soporte político principal, con elecciones regulares que marcaron los ritmos de la legitimidad política y las posibilidades de avanzar hacia cambios más profundos. En este contexto se produjo un fenómeno que, siguiendo el concepto de revolución pasiva originalmente propuesto por Antonio Gramsci, podemos caracterizar como pasivización. Massimo Modonesi ha señalado que la dinámica de protesta y el espíritu de confrontación antagonista desplegados por las clases populares contra las recetas neoliberales lograron ser metabolizados por los gobiernos del CINAL para garantizar la estabilización y la continuidad sistémica, aunque incorporando parte de las demandas de las clases subalternas. Salvo en Venezuela, donde se creó un esquema de poder comunal con el propósito de desarrollar formas de participación popular de nuevo tipo, en los demás procesos no se avanzó mucho en la transformación de las bases de sustentación política. Se mantuvieron los formatos estatales heredados, aunque con renovación étnica y social de los elencos de gestión (en Bolivia), una apuesta por la modernización basada en la capacitación técnica y metas meritocráticas y eficientistas (en Ecuador), o la creación de programas estatales para atender demandas específicas pero bajo condiciones institucionales y laborales precarias y reversibles (en Argentina). Simultáneamente, se percibe que a los movimientos sociales les resultó difícil sostener su nivel de movilización a medida que los gobiernos iban satisfaciendo algunas de sus demandas. Esta realidad refleja la complejidad de los ciclos de ascenso, estancamiento y baja de las luchas populares.

Otros tiempos

Cuando, a partir de 2011, los efectos de la crisis mundial empezaron a sentirse en la región con la caída drástica de los precios de los commodities, los problemas acumulados se agudizaron, dando lugar a una ofensiva de la derecha que jaqueó a los gobiernos del CINAL. Este ciclo surgió de una determinada relación de fuerzas favorable a los sectores populares; pero esa relación no quedó congelada, sino que el embate de las clases dominantes alteró las posiciones iniciales. La derecha no se ha quedado quieta durante este ciclo, y ha recurrido a todo su arsenal de recursos para que su predominio político estuviera a la altura de su inamovible supremacía económica y social. La crisis agudizó la inquina contra los líderes llamados “populistas” y facilitó la apelación a ficciones institucionales para encubrir malamente golpes de Estado (Honduras, Paraguay y, ahora, Brasil) y operaciones mediáticas y electorales (en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina) para que los sectores tradicionalmente dominantes retomen el control del gobierno nacional.

No es suficiente

Las experiencias del CINAL han demostrado que la llegada al gobierno y la conducción del aparato estatal por fuerzas políticas de arraigo popular no constituyen una condición suficiente para transformar la estructura económica, social y política en el marco del capitalismo global. Ocupar el Estado puede incluso derivar en la domesticación de la potencialidad transformadora y en la subordinación a la dinámica institucional que asegura la continuidad sistémica.

No obstante, estas experiencias también han permitido constatar que permanecer al margen de la disputa por el poder estatal tampoco garantiza triunfos ni escenarios de lucha más favorables, ni (menos aun) mejores condiciones de vida para los sectores populares, como lo muestran los casos de Colombia, México y Perú. Las políticas regresivas que viene ejecutando a toda velocidad el gobierno de Mauricio Macri en Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 son una prueba contundente de los impactos negativos que produce la fusión del poder político y el poder social sin mediaciones en el aparato estatal. El Estado, con todas sus complejidades y contradicciones, sigue siendo un factor central para la lucha política, económica, social e ideológica de América Latina.