La suspensión temporal de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, luego de que la mayoría del Senado aprobara ayer la apertura formal del impeachment o juicio político en su contra, generó repercusiones en la política uruguaya. El martes, diversas organizaciones sociales y colectivos convocaron a una marcha en apoyo a la democracia en Brasil que culminó con la lectura de una proclama en la plaza Libertad. Entre ellas estuvo el PIT-CNT, que ayer emitió una declaración en la que expresa que ambas cámaras parlamentarias de Brasil desconocieron “la voluntad del pueblo brasileño, que hace apenas dos años puso con el respaldo de 54 millones de votos a Dilma Rousseff en la presidencia”. La separación del cargo, “sin que exista contra ella tan siquiera una acusación que la responsabilice de corrupción, constituye un Golpe de Estado, enmarcado en una ofensiva del imperialismo, las clases dominantes, la derecha y los grandes medios de comunicación en todo el continente para frenar los procesos de avance que nuestros pueblos han construido”, agrega la declaración. El secretario general de la central de trabajadores, Marcelo Abdala, dijo a la diaria que en Brasil asumió “un gobierno de derecha que no tiene ningún tipo de legitimidad”. “Vamos a estar para lo que las organizaciones sociales en Brasil definan. Va a haber lucha, y creo que la reivindicación del pueblo brasileño va a ser que haya elecciones cuanto antes, porque este gobierno carece de legitimidad”, afirmó el dirigente.

El ex presidente José Mujica lamentó la decisión del Senado de Brasil, dijo que “lo más conveniente era una elección general y renovar todo”, y consideró que, dada la cantidad de gente acusada, “seguramente algunas fuerzas de la economía brasileña” podían tener intereses en el impeachment. Según dijo a Radio Uruguay, el ahora senador del Frente Amplio (FA) agregó que siente temor por los recortes en las políticas sociales y que “los más pobres paguen el costo de esta crisis”.

El Partido Socialista (PS) también emitió una declaración en la que manifiesta “su profunda preocupación por la crisis institucional que atraviesa el Brasil”, expresada en “un proceso parlamentario irregular” que decide entregar la presidencia a Michel Temer, “un ciudadano que cuenta con el 1% de la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2018, y sobre quien el 60% de la ciudadanía considera debe ser sometido a un juicio político”. “El proceso de impeachment a la Presidenta Rousseff es un quiebre institucional grave para la democracia y el pueblo brasileño, que ante la situación generada se moviliza y apoya en un 70% la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas”. “JaTemLuta!”, concluye el comunicado del PS.

La senadora del FA Constanza Moreira (Casa Grande) expresó a la diaria que el nuevo gabinete nombrado por Temer, “armado de una conspiración parlamentaria, es una vergüenza: hombres blancos adinerados de Brasil”. “Un golpe parlamentario depone un gobierno legítimo y lo sustituye por uno ilegítimo. No es un golpe a la izquierda, lo es al Estado laico, al de bienestar, a los derechos sociales. El Poder Judicial y el Congreso destituyen al Poder Ejecutivo. Así nomás. Y se viene un ajuste puro y duro que pagarán los pobres, los trabajadores, los estudiantes, los pequeños productores y las clases medias bajas que recién empezaban a articularse socialmente. Es la vuelta al Brasil desigual, injusto, racista y conservador”, sentenció la politóloga.

Tudo legal

El diputado del Partido Nacional Daniel Peña (Alianza Nacional) opinó que el impeachment “es un proceso ajustado a la Constitución brasileña” y que “lo definen los brasileños”. “No comparto la visión de que se trata de un golpe de Estado. Uno puede tener una opinión favorable o desfavorable a la decisión del Parlamento brasileño, pero no deja de ser una decisión del Parlamento, ajustada a la Constitución de ese país”, añadió. El legislador dijo que si bien esa es su posición personal y no hay una declaración del PN al respecto, no ha “escuchado a nadie dentro del partido que hable de golpe de Estado, como sí lo hacen en otros lados”.

El ex presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, PC) calificó el proceso de impeachment de “absolutamente legal” y dijo que Rousseff cometió “una infracción grave”. En declaraciones a El Observador, Batlle opinó que “el gasto por encima de lo autorizado” de ella “llega a una cantidad extrema” y que “no es el tipo de déficit que tienen todos los gobiernos en la realización de su presupuesto, por encima del 1%. No tiene límites”.

Otro ex presidente, Julio María Sanguinetti (PC), dijo a Montevideo Portal que no hay “el menor atisbo” de golpe de Estado en Brasil y que le llama la atención que “haya quienes se manifiesten expresando que hubo un golpe de Estado y a su vez ignoren el episodio de corrupción e inmoralidad fantástica que está en la base de toda esta situación”.

Samba enredo

En las redes sociales se multiplicaron los mensajes sobre lo sucedido en Brasil. El senador del PC José Amorín Batlle tuiteó: “Nada para celebrar. Pero lo que pasa en Brasil se enmarca en su Constitución. Dilma Rousseff, la primera responsable”. Por el contrario, el diputado del FA Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular, MPP) fijó un tuit: “342 diputados, 60% investigados por corrupción, pueden sacar a una presidenta votada por 54 millones de brasileños. A eso le dicen Democracia”. Su colega Sebastián Sabini (MPP) escribió: “Adivinen en qué período de la historia del Brasil los negros llegaron a las universidades. Esto es un golpe contra todas esas conquistas”. Antes había posteado un enlace a la televisación de la votación con la frase: “Siga el golpe de Estado en Brasil producido por unos Senadores corruptos en vivo”.