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Internacional | Lunes 16 • Mayo • 2016

Protesta contra el presidente en funciones de Brasil, Michel Temer, ayer, en San Pablo, Brasil. Foto: Miguel Schincariol, Afp

Para quedarse

Temer convocó a centrales sindicales para tratar la reforma del sistema jubilatorio brasileño.

Michel Temer lidera en Brasil un nuevo gobierno que se dispone a hacer reformas de largo alcance, pese a que se trata de un Ejecutivo interino, ya que la presidenta Dilma Rousseff no fue destituida de su cargo. Entre otras cosas, el gobierno de Temer se propone auditar los programas sociales, reformar el sistema de jubilaciones -para aumentar la cantidad de años necesarios para retirarse- y eliminar 4.000 puestos de trabajo en la administración pública, a fin de dar “un ejemplo a la sociedad”.

El Senado de Brasil todavía no estableció cuándo iniciará el juicio político contra Rousseff. La suspensión de la mandataria terminará si ella es condenada a dejar el cargo, si es absuelta -en cuyo caso volvería a la presidencia- o si transcurren 180 días y el juicio político no hubiera concluido. Sin embargo, para el nuevo gobierno no hay posiblidades de que Rousseff regrese.

En su primera entrevista desde que asumió la presidencia, Temer dijo que no va a hacer milagros “en dos años”, dando por sentado que seguirá más allá de los 180 días. Su jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, afirmó: “Estamos convencidos de que vamos a hacer un trabajo tan bueno, que el gobierno, que hoy es provisional, se convertirá en definitivo”.

Pero las protestas contra el nuevo Ejecutivo continúan -aunque en menor grado- en distintas ciudades de Brasil, y ya se encendieron varias señales de alarma por sus primeros anuncios.

Algunas de estas señales se prendieron, también, en el terreno internacional. Venezuela y El Salvador llamaron a consultas a sus embajadores en Brasil, y el Ejecutivo salvadoreño manifestó en un comunicado que “no reconoce al gobierno provisorio”.

Este también ha sido criticado por otros países latinoamericanos, como Bolivia o Nicaragua, que consideran que Rousseff ha sido víctima de un golpe de Estado. Como respuesta, el nuevo canciller brasileño, José Serra, acusó a estos países de “propagar falsedades” y dijo que está dispuesto a “subir el tono” si se mantienen “las mentiras que se han dicho sobre el proceso brasileño”.

Ya dentro de las fronteras de Brasil, la Orden de Abogados pidió que los ministros que son investigados por sospechas de corrupción dejen sus cargos. Por su parte, el Movimiento Brasil Libre, que impulsó el impeachment contra Rousseff bajo el argumento de que ella era corrupta (aunque este proceso no se abrió por corrupción y no hay investigaciones judiciales al respecto), dijo que evalúa convocar movilizaciones contra estos ministros.

Menos no es menos

La reducción del número de ministerios a 23, dispuesta por Temer, no implica una disminución del presupuesto, ya que se trata de una reestructura. Siete ministerios (Ciencia y Tecnología; Desarrollo; Cultura; Aviación Civil; Puertos; Previsión; y Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos) fueron fusionados con otros.

El diario Folha de São Paulo difundió un informe sobre estos cambios y las modificaciones de presupuesto publicadas en documentos oficiales en estos días, en el cual concluye que estos cambios no implican un recorte de gastos. Los recursos de los siete ministerios que perdieron su condición serán redirigidos a los que los absorbieron.

La eliminación del Ministerio de Cultura, que fue absorbido por el de Educación, fue criticada por intelectuales y artistas brasileños en redes sociales y cartas abiertas. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que la eliminación del Ministerio de la Mujer, la Igualdad Racial y los Derechos Humanos, así como la ausencia de mujeres y negros en el nuevo gabinete, implica “graves retrocesos”.

En la asunción de los ministros, el gobierno anunció la eliminación de 4.000 cargos de confianza, argumentando que reduciría el gasto público. Pero horas después, en una entrevista, el ministro de Planificación, Romero Jucá, reconoció que esta medida “no resuelve el problema del gasto público”. Agregó que “es una postura para dar un ejemplo a la sociedad”.

Temer y varios de sus ministros aseguraron que los programas sociales serán mantenidos. Pero el titular de Salud, Ricardo Barros, dijo que estos serán “auditados” y no descartó que se ajusten los requisitos necesarios para acceder a esos programas, para que los beneficiarios “sean realmente aquellos que los necesitan”.

Las prioridades en materia económica serán “controlar” el gasto público, alcanzar el equilibrio fiscal y estabilizar el crecimiento de la deuda, que es “insostenible”, dijo el ministro de Finanzas, Henrique Meirelles. También se anunció una reforma del sistema jubilatorio para establecer una edad mínima de retiro, que ahora no existe, y no se descarta que también se aumente la cantidad de años de trabajo necesarios para jubilarse.

Según el diario O Globo, el gobierno también evalúa vender la participación del Estado en empresas públicas y mixtas para conseguir recursos. Este tipo de prácticas fueron muy utilizadas en los 90, en la ola de privatizaciones de Brasil, y luego revertidas por los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Los anuncios que hizo el gobierno coinciden con los cambios que varios empresarios y representantes del sector financiero han reclamado públicamente.

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