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Internacional | Lunes 30 • Mayo • 2016

Manifestación contra el Tribunal Constitucional, ayer, en Barcelona. Foto: Lluis Gene, Afp

Por el camino de la política

Miles de personas protestan por la suspensión de leyes de Cataluña en el Tribunal Constitucional español.

El Partido Popular presentó recursos contra varias de las leyes aprobadas por el Parlamento catalán y promulgadas por el Ejecutivo de Cataluña, la mayoría de las cuales respondían a reclamos de organizaciones sociales. Como consecuencia, el Tribunal Constitucional suspendió estas normas hasta tomar una decisión al respecto.

Unas 40 organizaciones sociales, sindicales, culturales y nacionalistas protestaron ayer por esta suspensión. “Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real” era el texto de la pancarta que abría la movilización que reunió a miles de personas en Barcelona.

El repudio a la suspensión de estas leyes unió nuevamente a centrales sindicales -Comisiones Obreras y la Unión General del Trabajo- y organizaciones sociales -Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana- en una movilización unitaria. También se sumaron representantes de todos los partidos políticos excepto del Partido Popular (PP), que gobierna España, y de Ciudadanos. Entre otros, participaron el presidente del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, y el de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, así como la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, y el líder parlamentario de Cataluña Sí se Puede (coalición de la que forma parte Podemos), Lluís Rabell.

Han sido decenas las leyes suspendidas de forma cautelar por el Tribunal Constitucional en los últimos meses. La más conocida es la Ley de Emergencia Habitacional, que pone un freno a los desalojos de viviendas por deudas hipotecarias y que fue resultado de un diálogo entre el gobierno de Carles Puigdemont y los alcaldes de varias ciudades catalanas. Otras de las normas suspendidas prohíben el fracking, aumentan los impuestos a las centrales nucleares y crean un tributo sobre las unidades habitacionales vacías.

También fue suspendida la nueva Ley de Comercio, que establece, como una medida para reactivar la economía interna de Cataluña, los horarios en los que los comercios pueden abrir durante los domingos, feriados y épocas especiales. Otra ley atribuye potestades al defensor del Pueblo en los casos en los que se denuncien torturas cometidas por las fuerzas de seguridad. Además, fue suspendida la Ley de Igualdad, que establece que los tribunales judiciales y otros órganos colegiados deben estar integrados en partes iguales por hombres y mujeres.

“Ningún gobierno ni ningún tribunal debería poder suspender unas leyes que nacen de los consensos de las instituciones catalanas y fruto de nuestras urgencias”, decía el manifiesto que se leyó al final de la movilización de ayer. Los diversos sectores que participaron en la manifestación coincidieron en rechazar el recurso excesivo del PP al Tribunal Constitucional. Los partidos políticos que participaron en la movilización y Ciudadanos, que no estuvo en ella, coinciden en señalar que el problema de la relación entre el gobierno central y el catalán es político y no jurídico, y que por lo tanto la solución se va a encontrar en un diálogo entre gobiernos y no en la suspensión de leyes de índole social.

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